La Junta divisa un periodo «intenso y trascendental» tras el acuerdo sobre la nueva PAC

Jesús Julio Carnero celebra el acuerdo provisional que regulará el sector agrario hasta 2027

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero ICAL

ABC

La Junta de Castilla y León prevé un periodo «intenso y trascendental» para la agricultura y la ganadería de la Comunidad al alcanzar las instituciones de la Unión Europea -Comisión, Parlamento y Consejo- un principio de acuerdo sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, tres años después de la propuesta.

En un comunicado recogido por Ical, fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han indicado que a partir de ahora se abre un tiempo de negociación interna en España para formular el Plan Estratégico Nacional . Este debe ser aprobado por la Comisión, con el fin de que pueda entrar en vigor la PAC a partir del 1 de enero de 2023.

«Nos alegramos de que se produzca un acuerdo sobre la nueva PAC, porque esto va a dar certidumbre a nuestro sector agrario en un futuro inmediato. La mejor noticia es que hay un acuerdo que se llevaba muchísimo tiempo esperando, si bien este tiene aún carácter provisional», afirmó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero. « Tendremos que esperar y ver lo que se acuerda de manera definitiva en el Consejo de Ministros que se celebrará los días 28 y 29 en Luxemburgo», especificó.

Por ello, Carnero espera a conocer el acuerdo definitivo para hacer una correspondiente valoración en profundidad de la que será la nueva PAC, que otorgará durante los dos primeros años un mínimo del 20 por ciento de los pagos directos a los ecoesquemas, ampliándolo hasta al menos el 25 por ciento para los años 2025-2027. No obstante, su aplicación no será obligatoria para los agricultores, pero sí lo será para los Estados proponerla.

En total, la Política Agrícola Común tiene un presupuesto de 390.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 47.724 millones en los próximos siete años. 34.000 millones para pagos directos y 7.800 para desarrollo rural.

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