Cuarta revisión de la benjamina de la avanzadilla

Que Castilla y León sea la última en el protocolo no es casualidad ni capricho, sino que como benjamina de las autonomías le corresponde ese puesto. Y es que, tras muchas vicisitudes y no pocas dificultades, el 25 de enero de 1983, las Cortes Generales lograban aprobar el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad, integrada por nueve provincias.

Entonces, ese texto le otorgaba las primeras competencias a la benjamina del mapa autonómico que, como sus hermanas, han ido cambiando de atuendo a lo largo de estos más de tres decenios para dejar hueco bajo su traje a las nuevas competencias adquiridas. En 1994 llegó la primera reforma. En 1999, la segunda. Entre ambas, Castilla y León se hizo cargo del núcleo de sus competencias, el «corazón» que hace latir el estado autonómico, con Educación y Sanidad como materias capitales.

Junto a ellas, también fue incorporando otras cuestiones legislativas y competenciales hasta que en 2007 dio un salto cualitativo, entrando en el grupo de las comunidades con estatutos de tercera generación. Como una comunidad histórica y cultural. Así se define Castilla y León en este texto, actualmente en vigor, en el que reconoce como valores esenciales la lengua castellana y el patrimonio histórico. Y pone por escrito sus peculiaridades en extensión, población y dispersión para que se tengan en cuenta a la hora de negociar la financiación. Con el Diálogo Social blindado por norma, aspiraba también a tener competencias sobre el Duero, pero la Justicia tumbó las aspiraciones al ser una cuenca fluvial internacional. Ahora, este apartado deberá «borrarse» en el texto que se alumbre.