Condenan a Sacyl a pagar 111.000 euros por la muerte de una paciente en Burgos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) condenó a Sacyl a indemnizar a los familiares de una paciente de Aranda de Duero (Burgos) con 111.021 euros al estimar que hubo una asistencia sanitaria deficiente por parte de los servicios públicos sanitarios del Hospital Santos Reyes de la localidad, que llevó al fallecimiento de la mujer el día 11 de octubre de 2013, que contaba con 45 años, según informaron fuentes de Defensor de Paciente.

La sentencia, que recoge la Agencia Ical, estima igualmente la imposición de los intereses a la aseguradora Zurich, lo que supone un incremento de alrededor de 20.000 euros de la suma indemnizatoria.

La jueza concluye que hubo una «inequívoca pérdida de oportunidad terapéutica» por retraso en el diagnóstico imputable a Sacyl.

Además, recuerda que, en este tipo de casos, el daño indemnizable no está relacionado con el fallecimiento de la paciente sino la «incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación». En definitiva, que «la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera», al perderse una alternativa de tratamiento del cáncer de colorectal.

No en vano, asegura que ante la persistencia de los síntomas de la paciente los servicios sanitarios públicos debieron de haber agotado las pruebas (TAC) para contar con un diagnóstico diferencial que «sin duda hubiera permitido la precocidad en la detección del cáncer de colon que luego, ya muy evolucionado, se reveló afectaba a la paciente».

La paciente acudió hasta en tres ocasiones al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos), y en cada una de ellas, tras realizar ecografía el mismo radiólogo, recibió tres diagnósticos distintos.

El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos tramitaron la denuncia, se pregunta por la diferencia entre los dos hallazgos ecográficos de julio de 2013. «La respuesta la dio el jefe del Servicio de Cirugía al afirmar que en el Hospital ya se tenía constancia de numerosas quejas del radiólogo que había efectuado las 3 primeras ecografías a la paciente, en cuanto a las pruebas de imagen realizadas por éste», explica. Es decir, no era la primera vez que erraba en sus diagnósticos y «ya en estos tiempos se desconfiaba de él».

La presidente de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, celebra muy particularmente el reproche que la sentencia recoge en relación al hecho de que, reconocido por el propio Jefe de Servicio que el radiólogo «no era de fiar» en cuanto a sus diagnósticos, se mantuviera en el servicio, a pesar del riesgo que ello podía significar para los pacientes a quienes atendiera: «Esta situación es absolutamente intolerable, puesto que se está jugando con la vida de los pacientes, y lo peor de todo, es que el propio jefe de Servicio lo está permitiendo, al mostrar tal pasividad ante un hecho conocido y mantener en el servicio a un radiólogo incompetente», rubrica.

El fallo del TSJCyL no contempla un recurso ordinario de casación aunque es posible ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días desde la publicación de la sentencia.