Juzgan a seis concejales de Ontígola por aprobar que la alcaldesa y tres ediles tuvieran un sueldo de 1 euro al mes
La Fiscalía de Toledo pide doce años de inhabilitación para cada uno por un delito de prevaricación administrativa: «Sabían que la resolución era contraria a Derecho»
El Ministerio Fiscal pide doce años de inhabilitación para seis ediles del Ayuntamiento de Ontígola (Toledo) durante la legislatura 2015-2019 . Los acusa de un delito de prevaricación administrativa por apoyar en 2016 una propuesta para fijar el sueldo de un euro bruto al mes a la alcaldesa y tres ediles con dedicación exclusiva o parcial. La Fiscalía asegura que los imputados, de distintos partidos políticos, sabían que esa resolución era contraria a Derecho. Así estaba recogido en un informe de los servicios jurídicos de la Diputación, que dan asistencia a los municipios de la provincia.
Los concejales serán juzgados este miércoles en la Audiencia de Toledo, aunque la historia se enmarca en las elecciones municipales que se celebraron el 24 de mayo de 2015 en este pueblo de la comarca de Ocaña.
Tras los comicios en una localidad de unos 4.500 habitantes, donde quedó un mapa político muy fragmentado, María Engracia Sánchez Ruiz (PSOE) fue elegida alcaldesa el 13 de junio. Diecisiete días después, se acordó en un pleno extraordinario el sueldo de la regidora municipal y tres concejales más de su equipo de gobierno por la dedicación exclusiva o parcial según cada caso. El salario mensual bruto de Engracia sería de 2.100 euros.
Sin embargo, siete meses después -el 29 de enero de 2016-, tres de los encartados promovieron una moción de censura , que prosperó el 10 de febrero con el voto favorable de todos los acusados. Esto provocó que uno de los imputados e impulsores del voto de censura, José Gómez Ruiz, fuera nombrado alcalde. Accedía al cargo por la Agrupación de Electores Independientes de Ontígola (AEIO), con el apoyo de sus tres compañeros de partido, el único concejal del PP y otro de Ciudadanos, que había sido expulsado de su formación unos días antes. Gómez repetía en el cargo después de haber estado las dos legislaturas anteriores, de 2007 a 2015.
El 24 de febrero , el nuevo equipo de Gobierno fijó sus dedicaciones exclusivas y parciales, así como sus retribuciones. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo declaró nula la moción de censura cinco meses después, el 30 de junio. Gracias a este fallo, María Engracia Sánchez recuperó el bastón municipal de mando y su corporación de Gobierno, formada por otros tres concejales, también volvieron a tener sus funciones y retribuciones.
Pero tres de los acusados presentaron una propuesta para fijar los nuevos sueldos de Engracia y de sus ediles: querían que cobrasen sólo un euro bruto mensual para cada uno de ellos, aunque manteniendo las funciones y liberaciones que habían sido adoptadas en el pleno celebrado un año antes.
Decisiones motivadas
La moción se debatió el 17 de septiembre de 2016 y la secretaria municipal, Carmen de la Cal, leyó un informe de los servicios jurídicos de la Diputación provincial. En ese dictamen, elaborado a petición de la alcaldesa, se advertía «expresamente» -señala la Fiscalía- que la nueva fijación de las retribuciones era contraria a Derecho y se aseguraba también que las decisiones debían estar motivadas.
A pesar del informe y del «pleno conocimiento de que la resolución que adoptaban era radicalmente opuesta al ordenamiento jurídico», asegura la Fiscalía, los seis acusados votaron a favor. Así, la retribución de la alcaldesa y demás concejales liberados quedó reducida a un euro bruto al mes, aunque se mantuvieron sus funciones. Ahora seis ediles de la anterior legislatura se sientan en el banquillo de los acusados.
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