La estafa a quince aspirantes a «gigolós» se cierra con un acuerdo

Los cinco acusados de estafar más de 200.000 euros a quince hombres por medio de falsos trabajos de «gigoló» han aceptado este martes una sentencia de conformidad: dos años de prisión para cada uno de los procesados, que no cumplirán en la cárcel siempre y cuando paguen antes los 200.000 euros que timaron; además, se les impondrá una multa de seis euros diarios durante siete meses.

«Si no devuelven el dinero, pasarían en prisión los dos años que han firmado», ha explicado a los periodistas la abogada Ainara Navarro, representante de la acusación particular contra los cinco reos (tres hombres y dos mujeres).

No obstante, uno de los encartados, Jesús Pérez Salado, irá a prisión aunque pague la indemnización, ya que tiene antecedentes penales por estafa.

Según su abogada, Mari Nieves Serrano, en el acuerdo se ha tenido en cuenta los retrasos en un procedimiento que arrancó hace más de diez años. «Cuando un condenado no tiene antecedentes penales, tiene cubierta la responsabilidad civil y la pena es inferior a dos años, puede que no ingrese en prisión. Pero todo el mundo se acuerda de Isabel Pantoja, que fue a la cárcel aunque dijo que pagaría», ha citado la letrada como ejemplo.

La conformidad, que los acusados han ratificado ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Toledo, ha supuesto una rebaja importante en la petición de pena de la fiscalía. Su representante solicitaba cinco años de prisión para cada uno de los procesados y una multa de doce euros al día durante doce meses.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, los cinco acusados insertaron, entre 2006 y 2007, numerosos anuncios en los que ofrecían trabajo como «chicos de compañía». Así, llegaron a conseguir que una de las quince víctimas pagase hasta 40.122 euros.

El supuesto empleo consistía en citar a los interesados en hoteles con señoras a cambio de una alta retribución económica. Los anuncios, en los que figuraban unos teléfonos a los que los interesados debían llamar, fueron publicados en diarios de difusión nacional y local de distintos puntos de España: «El País», «Diario Vasco», «El Faro de Vigo», «Mediterráneo Castellón», «Mundo Deportivo», «El Norte de Castilla», «El Faro de Ceuta», «El Correo Español» o »20 Minutos».

Llamar a un número de teléfono

Las víctimas llamaban a los números de teléfono que aparecían en los mensajes. Al otro lado les atendían dos mujeres, Marina Lozano Rojas e Irene de las Mercedes Vázquez Jiménez, que eran controladas por la pareja sentimental de Irene, Ramón Vega Vázquez. Tanto Marina como Irene exigían a los estafados entre 300 y 400 euros para poder acceder al trabajo que, en realidad, no existía.

Después de que los interesados en el empleo hacían un primer ingreso, los timadores se ponían en contacto con las víctimas, a las que convencían para realizar uno o varios ingresos más. «Se les prometía que esas cantidades les serían devueltas una vez finalizaran su trabajo», señala el Ministerio Público.

Las víctimas pagaban mediante transferencias bancarias a números de cuentas de las que otro de los procesados, Jesús Pérez Salado, era titular. Él retiraba a diario de su sucursal bancaria el dinero que los engañados habían enviado a la banda, que operaba desde Quintanar de la Orden.

A su vez, Jesús Pérez Salado entregaba el dinero al principal cabecilla de la trama, Bernardo Manuel Vega Vázquez, quien se encargaba de repartir el dinero entre los componentes de la organización. ¿Y el trabajo de «gigoló»? Nunca existió. Ahora las quince víctimas esperan recuperar los 200.000 euros que pagaron.