La larga batalla (judicial) por el poblado de Fraguas entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y sus repobladores
El último episodio fue la resolución administrativa que presentó la Consejería de Desarrollo Sostenible para intentar echar del poblado, que se encuentra en un monte público de su propiedad, a los repobladores, que recurrieron a la Justicia
En la Sierra Norte de Guadalajara , uno de los lugares más despoblados de España, se encuentra Fraguas, una pedanía del municipio de Monasterio que fue borrada de la historia en 1968, cuando la dictadura la expropió y expulsó a sus habitantes. Fue el inicio del despoblamiento de esta provincia, que en lo que quedaba del siglo XX perdió el 40 por ciento de sus municipios. La gente tuvo que salir, les despojaron de su identidad. Y Fraguas, pueblo desde el siglo XII, se convirtió en ‘monte de utilidad pública’.
Una denominación en el ordenamiento territorial que cae ahora como una losa sobre su futuro y sobre sus nuevos repobladores. Un grupo de jóvenes que en 2013 llegaron para reparar y darle vida, para recorrer el camino contrario al de sus últimos habitantes: dejar la ciudad y vivir del campo. Una sentencia judicial les condenaba a un año y nueve meses de cárcel por un delito contra el ordenamiento territorial y les obligaba además a pagar la demolición de lo rehabilitado. Pero la historia volvió para salvar a Fraguas y a sus nuevos vecinos cuando el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas ) envió el pasado año una nota al juzgado para que se paralizara el derribo y se haga un informe arqueológico, puesto que considera que en el poblado hay patrimonio que debe ser protegido.
Una decisión que no le ha valido al Gobierno de Castilla-La Mancha , propietario del monte público 277 donde se encuentra Fraguas, para dar su brazo a torcer, ya que quiere desalojar a los repobladores —okupas para algunos— de ese lugar. Así, el pasado 7 de diciembre, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, firmó una resolución administrativa, que los afectados por la sentencia recibieron el 13 de diciembre, con el fin de recuperar sus posesiones. Esta resolución daba a los habitantes del poblado un plazo de diez días para abandonarla de manera voluntaria, pero recurrieron y ese plazo expiró a la espera de que la Justicia admita el recurso.
Los pobladores acusan al consejero y al Gobierno de Castilla-La Mancha de «mentir» sobre este asunto. «Aseguran que no pretenden echarnos, cuando no es verdad», manifiestan. Además, según explica a ABC el portavoz de la asociación ‘Fraguas Revive’ y uno de los afectados, Gonzalo Aracil, estos hechos se están juzgando por vía penal y están saltándose la Ley, ya que la sentencia en ejecución del Juzgado número 4 de Guadalajara es la que debería decidir si se desaloja el poblado y se derriban los edificios reconstruidos por las personas que allí se instalaron, y no la Junta de Comunidades.
Desde el Ejecutivo castellanomanchego también niegan que quieran derruir los inmuebles levantados en Fraguas a ras de suelo, pero los presupuestos que manejan para ejecutar la sentencia judicial contemplan la demolición total «desde la rasante mediante empuje con retroexcavadora» del poblado. Una tarea que la Junta de Comunidades cuantificaba en más de 32.000 euros, el dinero que se pagaría a la empresa pública Tragsa para que realice ese trabajo.
El juicio por el contencioso-administrativo entre la Junta de Comunidades y los pobladores de Fraguas ha de celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, para el cual aún no hay fecha prevista. Y, por otro lado, está el proceso penal, que parece que se va a alargar en el tiempo porque la Audiencia Provincial de Guadalajara acaba de emitir un auto en el que pide un estudio imparcial de los bienes patrimoniales que existen en el poblado y en el que deben estar de acuerdo ambas partes.
La Junta no es partidaria porque esto puede demorar el proceso y es difícil encontrar un grupo de arqueólogos o historiadores en el que estén de acuerdo tanto unos como otros, algo que puede durar incluso un año o más, con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, en 2023.
Sea como sea, según recoge la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha , la arquitectura negra, como la que representan muchas de las construcciones y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Fraguas, está protegida por esta normativa. Además, la organización Hispania Nostra , que vela por la correcta conservación de los monumentos y bienes inmuebles con un valor patrimonial, incluyó el pasado 26 de julio a esta antigua parroquia dentro de su Lista Roja del Patrimonio por estar en peligro de desaparecer e intentar salvarla de su derrumbe o desaparición.
Esta intervención se produjo en un momento muy difícil para la Junta de Comunidades, puesto que era la segunda ocasión en la que un organismo especializado en materia patrimonial llamaba la atención y pedía protección para los elementos arquitectónicos que se encuentran en Fraguas. La primera vez fue el pasado 26 de marzo, cuando el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) —dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro de su área de Humanidades y Ciencias Sociales—, como ya se dijo anteriormente, registró un escrito en el juzgado competente en el derribo del poblado, exigiendo la paralización inmediata al existir en él, a su juicio, «elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha».
Dicho escrito fue tomado en consideración por el juzgado, que ordenó la paralización de cualquier actuación en Fraguas. Asimismo, encargó al Seprona ( Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ) y al CSIC-Incipit un informe que indicase los elementos susceptibles de ser considerados bienes patrimoniales.
Los vecinos del poblado están recibiendo numerosos apoyos por parte de asociaciones, instituciones, académicos, investigadores y habitantes de esta zona o de otras regiones despobladas. Así, el pasado 23 de abril varias universidades, entre ellas la de Zaragoza y la de Manchester, solicitaron una intervención arqueológica en Fraguas, lo que indica el interés académico en investigar esta aldea. Sin embargo, desde la Junta de Comunidades han denegado cualquier actuación arqueológica, lo que hace indicar que la batalla (judicial) será larga.
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