Castilla-La Mancha prevé aprobar antes de verano su Ley de la Viña y el Vino, con novedades como los «vinos de finca»

La nueva norma incluye medidas que apuestan por la calidad de los vinos embotellados, nuevas variedades de uva, el viñedo de secano en vaso, la autorregulación del sector y una mejor trazabilidad con digitalización y un código QR

Mariano Cebrián

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La Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha ha dado un paso más para ser ya una realidad tras aprobarse en el Consejo de Gobierno celebrado este martes el anteproyecto de ley. Así lo ha dado a conocer en la rueda de prensa posterior a su reunión el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha adelantado que, tras los trámites oportunos, el texto legislativo sea aprobado por las Cortes regionales previsiblemente antes de verano .

«Es una ley muy esperada por el sector vitivinícola», ha destacado el consejero, que ha recordado que en Castilla-La Mancha no existe Ley de la Viña y el Vino desde el año 2013, cuando el Gobierno del Partido Popular derogó la normativa en vigor desde 2003. «Hemos querido mantener el nombre porque es muy representativo de lo que supone este sector», ha manifestado».

Además, ha afirmado que es «muy necesaria» en la región del mundo con mayor superficie de viñedo, donde más vino, más mosto, más alcohol de uso de boca y más subproductos vitinícolas se producen. De hecho, Francisco Martínez Arroyo ha subrayado que en Castilla-La Mancha en 2021 se produjeron 22,8 millones de hectolitros de vino y mosto -12,5 de vino y 17,2 de mosto-, «una cifra relativamente modesta para lo que es lo habitual».

Algo que se refleja, en su opinión, en la presencia que tiene en el mercado exterior, en el que Castilla-La Mancha representa el 55% del vino que exporta España cada año, cuando hace dos décadas representaba el 25%. «Es decir, no solamente somos una potencia, sino también que somos una potencia en crecimiento imparable en los últimos años», ha asegurado.

Volviendo a la Ley de la Viña y el Vino, el consejero de Agricultura ha señalado que es el resultado de un trabajo previo y exhaustivo con el sector, y parte de las conclusiones del plan estratégico elaborado en 2019. Con él se recomendaba al Gobierno regional elaborar una ley que recogiera las especificidades del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.

Así, ha recordado que durante el periodo de exposición pública de la ley en la primavera de 2021 se recibieron 50 alegaciones al borrador del documento presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras lo que pasó el Consejo Agrario el 21 de junio del pasado año, tiene el informe del gabinete jurídico de marzo de 2022 y, tras el visto bueno de este martes, llegará al Consejo Consultivo para que emita su dictamen. Tras ello, volverá al Consejo de Gobierno y ya como proyecto de ley irá a las Cortes regionales con el objetivo de que se apruebe «lo antes posible». «Si todo va bien, en este periodo de sesiones, antes del verano», ha vaticinado.

Martínez Arroyo ha resaltado también el carácter «moderno» de la ley para un sector que aglutina a unos 85.000 viticultores y hasta 600 bodegas y cooperativas. Entre sus medidas, ha mencionado las que tienen que ver con la flexibilización y la adaptación de la normativa a la realidad actual. «Se autorizan nuevas variedades de vid para que el sector se adapte a lo que los consumidores están demandando», ha apuntado.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural JCCM

Igualmente, ha indicado que se flexibiliza todo lo que tiene que ver con las prácticas enológicas, se simplifica el procedimiento de tramitación de las indicaciones geográficas (IGP), las denominaciones de origen (DO) y todas las figuras de calidad. Ese es otro de los objetivos de esta ley, puesto que el consejero ha dicho que «apuesta por la calidad del vino, el mejor del mundo». Para ello, ha dejado clara la obligatoriedad de que todas esas figuras dispongan de un órgano de gestión que sea previamente reconocido por la Consejería de Agricultura .

«Vinos de finca»

Otra de las disposiciones novedosas mencionadas por el consejero tiene que ver con el etiquetado, donde se pueden poner ya unidades geográficas menores, como municipios, comarcas o parajes. En este sentido, ha destacado un concepto o denominación nueva en Castilla-La Mancha y España, como es la de «vinos de finca», que son aquellos que extraen su propia uva y producen su propio vino dentro de una DO o IGP «con el fin de diferenciar su producto».

También se ha referido a la apuesta de la normativa por el viñedo de secano en vaso, «el más tradicional y social, sobre todo en las agrociudades de La Mancha». Para ello, han decidido poner en marcha una medida agroambiental específica dentro de la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 con una inversión de 26 millones de euros para proteger 50.000 hectáreas y un compromiso de hasta cinco años para los viticultores.

Por lo que se refiere a la promoción con fondos públicos, Martínez Arroyo ha avanzado que irá por completo a los vinos embotellados y vinculados a alguna de las 9 DOs o a la IGP Vinos de la Tierra de Castilla , «que generan entre cuatro y cinco veces más renta que el vino a granel». Por eso, ha recordado que este lunes ya anunció una contribución de más de medio millón de euros para el desarrollo de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), que se celebrará en mayo en Ciudad Real tras su ausencia durante la pandemia.

De manera específica, la ley también incluye la necesidad de garantizar la trazabilidad de manera «absoluta» en el vino, para todos los eslabones de la cadena vitivinícola. «Vamos a ser la comunidad autónoma que más trazabilidad va a garantizar en los productos vitivinícolas y vamos a digitalizar todos los registros».

De hecho, ya se está trabajando en este momento en la digitalización de los libros de bodega y también se trabaja para que a través de un código QR el consumidor se pueda relacionar con el viticultor. «Esto nos va a permitir revolucionar el sector del vino».

El texto de la ley propone que el sector se autoregule, diversifique las producciones y alcance acuerdos de campaña. «Tenemos que garantizar una mayor competitividad y una mejor adaptación del sector al mercado», ha enfatizado Martínez Arroyo.

Le ley permite que se haga una interprofesional de ámbito regional y el consejero ha comprometido la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha en este sentido porque «es necesaria esta autorregulación del sector».

Igualmente, para tratar todas las cuestiones relativas al vino y al resto de productos vitivinícolas, se crea en esta ley un comité regional vitivinícola que será el foro de interlocución entre el sector y la administración. Y de manera transversal, la ley dará un impulso a la integración comercial de las empresas cooperativas, a la visibilidad de las mujeres en las empresas y en las ayudas públicas y al relevo generacional.

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