La azarosa vida del otro castellano-manchego llamado Andrés Iniesta
Carlos Hernández de Miguel acaba de publicar «Los campos de concentración de Franco», 38 de ellos se ubicaron en Castilla-La Mancha, la tercera de España
Cuando Andrés Iniesta fue detenido el 5 de abril de 1939 con tan sólo 17 años en su pueblo, Uclés (Cuenca), no se podía ni imaginar lo que verían sus ojos durante los casi 20 años que estuvo privado de libertad. El único delito que cometió este joven, que compartía nombre con el famoso futbolista castellanomanchego, fue ser hijo de un alcalde republicano. Por esto, un tribunal franquista le condenó, al acabar la guerra civil española, a una larga pena de prisión que cumplió, en parte, en uno de los muchos campos de concentración que el régimen extendió por toda España.
El caso de este conquense es uno más de entre los centenares de miles que recoge en su libro «Los campos de concentración de Franco» (Ediciones B) el escritor y periodista Carlos Hernández de Miguel, que llega a dar datos de unos 300 de estos centros penitenciarios y de represión durante la dictadura franquista . De esa cifra, el territorio que hoy ocupa Castilla-La Mancha acogió unos 38 campos de concentración, por los que pasaron más de 100.000 prisioneros. Se convirtió así en la tercera región de toda España con mayor volumen, sólo superada por Andalucía (con 52) y la Comunidad Valenciana (con 41).
«La mayor parte de lo que hoy es Castilla-La Mancha cayó en manos franquistas en la fase final de la contienda. Fueron centenares de miles los prisioneros de guerra capturados en aquellos días de marzo y abril de 1939. La magnitud de la masa de cautivos es la razón por la que se abrieron tantos campos de concentración en este territorio», afirma a ABC Hernández de Miguel. No obstante, explica que la mayor parte de ellos permanecieron abiertos menos de un año, aunque hubo algunas excepciones, como en Toledo, Talavera de la Reina y Sigüenza , localidades que fueron controladas mucho antes por el bando sublevado, y donde fueron más longevos.
De los 38 campos de concentración de los que hay constancia que existieron en Castilla-La Mancha, algunos se ubicaron en todo tipo de recintos tanto públicos y privados, como colegios o plazas de toros como la de Albacete, Hellín, Ciudad Real y Guadalajara. Pero la mayoría de ellos, al igual que en el resto de España, se instalaron en edificios religiosos como el seminario de San Julián de la capital conquense o los monasterios de Huete y Uclés (Cuenca), según ha podido saber el autor de este trabajo. Precisamente, en ese último es donde inició, en abril de 1939, su periplo carcelario Andrés Iniesta, pasando unos meses después por otro centro en Tarancón, donde fue testigo de numerosas y violentas sacas: «Era terrible. Puñetazos, fustazos, patadas por todo el cuerpo recibieron nuestros compañeros y, al final, los tiraban directamente por las escaleras».
Posteriormente, el 8 de enero de 1940, Andrés Iniesta regresó al monasterio de Uclés, que fue reconvertido en cárcel ordinaria. «Su relato sobre el hambre atroz que pasó en ese penal es escalofriante» , subraya el escritor y periodista. Iniesta narraba cómo llegó a sobrevivir hurgando en la basura de la enfermería, comiendo mondaduras de patatas y otras sobras mezcladas con gasas ensangrentadas y llenas de pus. Tras pasar por un consejo de guerra y ser condenado, acabó en el penal de Ocaña, donde no sólo coincidió con su padre, Pío Iniesta, alcalde socialista de Uclés, sino que además tuvo que ser testigo de su fusilamiento el 15 de diciembre de 1943.
Documentos desaparecidos
El testimonio de Andrés Iniesta, como el de otros, es fundamental para conocer cómo funcionaron esos campos de concentración que, desde un principio, la dictadura de Franco puso en marcha con una clara intención de depuración ideológica e inspirándose en los que el nazismo abrió para liquidar a judíos, comunistas y otros colectivos a los que quería hacer desaparecer. Es por ello, cuenta Hernández de Miguel, que le ha sido tan difícil documentarse para escribir este libro, ya que el régimen franquista se encargó de destruir o extraviar muchos de esos documentos.
El grueso de la documentación sobre esta materia se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila , «pero -apunta- se trata de ficheros parciales, dispersos e incompletos». Por este motivo, tuvo que ampliar su búsqueda a decenas de archivos no sólo nacionales, sino también regionales, provinciales y locales. «Al final, en el lugar más insospechado aparece el documento que te confirma la existencia de uno de estos centros o un dato que te da pistas sobre su funcionamiento», señala.
Así, durante su investigación, en el archivo municipal de Sigüenza encontró el dato de que en septiembre de 1937 había un nutrido número de prisioneros vascos realizando diversas obras en ese municipio de Guadalajara. O, por ejemplo, en el de Hellín (Albacete) apareció un apunte contable indicando que el ayuntamiento pagaba parte de la manutención de los cautivos del campo de concentración de esta localidad. «Ha sido una tarea colosal... visitar decenas de archivos, consultar centenares de publicaciones en su mayor parte descatalogadas y recopilar testimonios que los prisioneros dejaron por escrito a sus familias», asegura.
El autor de «Los campos de concentración de Franco» se queja de las trabas que se ha encontrado, pero también de la falta de medios humanos y materiales en los archivos a los que ha acudido. Algo a lo que hay que sumar, además, la desaparición y la destrucción de documentos sobre estos centros por parte de la cúpula del régimen y de muchos oficiales del ejército franquista. Llama la atención, en este sentido, un hecho del que habla en su libro, como es que el 28 de noviembre de 2012 se vendió en una web especializada de coleccionistas y amantes de la historia un amplio lote de documentación del campo de concentración de Manzanares (Ciudad Real), que incluía un gran número de páginas con membretes y sellos oficiales. Quien lo compró sólo tuvo que pagar 205 euros. «Los administradores de ese portal hicieron llegar al comprador y al vendedor un mensaje mío rogándoles que se pusieran en contacto conmigo. A día de hoy siguen sin hacerlo. Los padres robaron los documentos y algunos de sus descendientes están haciendo negocio con ellos», se lamenta el periodista y escritor.
Cuatro meses después del fusilamiento de su padre, el 13 de marzo de 1944, Andrés Iniesta fue obligado a formar parte de uno de los destacamentos penales que construyó la carretera del Valle de los Caídos. De allí, tras pasar unos días en libertad, fue llamado para hacer la «mili de Franco», como se la llamó, comenzando así un nuevo periodo de cautiverio. Esta vez su destino fue un batallón de trabajos forzados que construyó diversas infraestructuras en el Protectorado de Marruecos.
Trabajo esclavo
Sin embargo, para encontrar este tipo de trabajo esclavo no hacía falta irse tan lejos. En esto Castilla-La Mancha tuvo el «honor» de ser pionera , destaca Hernández de Miguel, puesto que los municipios de Yeles y Villaluenga, en la comarca toledana de La Sagra, albergaron dos de los primeros batallones de trabajadores forzosos, puestos en marcha por el régimen franquista en marzo del 1937, y cuyo número de unidades se multiplicó hasta acercarse al millar. «Todos los que pasaron por ellos no habían sido acusados de nada ni habían sido juzgados, eran su mayoría prisioneros de guerra o presos políticos que habían acabado allí por su relación con partidos y sindicatos», aclara.
El sistema de trabajos forzados evolucionó por las necesidades del régimen y también por la coyuntura internacional, y desde 1948 sólo perduraron las unidades dependientes del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. En este caso, explica el investigador, «sus integrantes sí eran presos condenados que, a cambio de ser explotados laboralmente, recibían un salario ridículo y veían reducida parte de su pena». Y, al igual que Castilla-La Mancha fue pionera en tener dos de los primeros batallones de trabajadores forzosos, también albergó una de estas últimas colonias penitenciarias militarizadas, con unos 250 presos, en la fábrica de cementos Portland Iberia de Castillejo (Toledo). Fue disuelta en 1970, tan sólo cinco años antes de la muerte de Franco.
Andrés Iniesta quedó en libertad vigilada en 1947, pero durante once años tuvo que presentarse periódicamente, cada 14 de mes, en un cuartelillo de la Guardia Civil y se acostumbró a ser detenido preventivamente durante unos días cada vez que alguna autoridad franquista visitaba la zona. Finalmente, el 11 de junio de 1958, diecinueve años después de su detención, obtuvo la libertad definitiva y vivió mucho tiempo en Madrid, donde falleció el 3 de agosto de 2011.
Con este libro, Carlos Hernández de Miguel homenajea a las numerosas personas que murieron o que sufrieron los estragos de la represión franquista y que no pudieron contarlo.
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