Los asesores de la Junta tendrán la condición de altos cargos

El consejo de Gobierno aprueba un nuevo trámite para la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno

Toledo Actualizado: Guardar
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El Consejo de Gobierno daba esta semana un paso más para aprobar laLey de Transparencia y Buen Gobierno, con la toma en consideración del anteproyecto de la norma, después de pasar por un periodo de sugerencias que podían realizar los ciudadanos.

El portavoz regional, Nacho Hernando, encargado de informar de esta aprobación, ha presumido de esta norma porque «situará a Castilla-La Mancha en la vanguardia de esta materia, al ser más ambiciosa y exigente de lo que plantea la legislación básica del Estado al incorporar importantes novedades respecto a ésta».

Una vez que ha pasado el primer filtro del Gobierno regional, ahora el texto será remitido al Consejo Consultivo que tendrá aproximadamente un mes para analizarlo y realizar sugerencias; posteriormente pasará de nuevo al Consejo de Gobierno para finalmente llegar a las Cortes Regionales y ser aprobada, siempre y cuando cuente con el apoyo mayoritario.

Entre las novedades que ha resaltado el portavoz de la Junta sobre esta ley, Hernando ha destacado la ampliación de la condición de alto cargo a todas aquellas personas con funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, sea cual sea su relación laboral con la administración y que estarán obligados a cumplir un código ético. Es decir, que además de consejeros, directores generales o delegados, también los asesores deberán cumplir con esta norma de transparencia.

Regulación de lobbies

La norma también prevé la regularización de los llamados «lobbies» o grupos de interés -se incluyen organizaciones agrarias y sindicales o plataformas anti-fracking-, obligándoles a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que desempeñan o los encuentros que celebran para tal fin, «lo que convertirá a la región en la segunda comunidad autónoma en regular estos grupos, después de Cataluña», ha indicado Nacho Hernando.

El anteproyecto se divide en tres grandes bloques, por un lado, la transparencia, donde destaca la publicidad activa, con la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos en campañas de publicidad, la relación de vehículos oficiales o la información de todo tipo de contratos. En este apartado se incluye la ampliación de la condición de alto cargo a todos las personas que ejerzan funciones de dirección.

Por otro lado, la ya mencionada regulación de los «grupos de interés» o lobbies.

Las sanciones

Y un tercer bloque que incluye un régimen sancionador que regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y de las obligaciones que impone la ley tanto en materia de transparencia como en la de buen gobierno.

En función de la gravedad de la infracción se podrán imponer multas que van desde los 600 euros, las más leves, hasta los 12.000 euros las más graves. También se prevé el cese de aquellos altos cargos que incumplan la ley e incluso su inhabilitación legal, que puede ser de uno a cinco años.

Se constituirá un órgano de control, independiente al Gobierno y adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, compuesto por tres miembros, que deberán ser elegidos por mayoría de tres quintos.

Desde el Gobierno regional recuerdan que Castilla-La Mancha fue la primera en obligar a los cargos públicos a presentar su declaración de bienes y ahora también pretende serlo en transparencia. Una transparencia que no solo afectará a los partidos políticos, sino también a asociaciones y federaciones sindicales, agrupaciones de electores, organizaciones empresariales o agrarias, en definitiva, cualquier institución relacionada con el ámbito político. También las empresas que reciban una subvención superior a los 60.000 euros estarán sometidas a la aplicación de la ley.

Según ha destacado el portavoz regional, se trata de «una novedosa ley que se establece como el complemento necesario para garantizar la participación ciudadana, así como adaptar la norma básica estatal a nuestro ámbito territorial».

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