Felipe VI solicitó a Forcadell el mismo escrito que a las demás comunidades

El Rey cumplió escrupulosamente lo que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por ello, ayer pudo tomar posesión el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque luego éste no cumplió porque prometió su cargo sin aludir a la Constitución ni al Rey. Sin embargo, este proceso ha ido acompañado de dos cambios de costumbre muy visibles, respecto a lo que ocurría en el anterior reinado, que han provocado diversas interpretaciones y críticas de los separatistas.

Por un lado, no hubo audiencia del Rey a la presidenta del Parlamento autonómico catalán -como era habitual en tiempos de Don Juan Carlos- y, por otro, Don Felipe evitó agradecer en el Boletín Oficial del Estado los servicios prestados al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, como venía siendo habitual en los decretos de los ceses.

El Real Decreto, que venía firmado ayer por el Rey y el presidente del Gobierno, dice textualmente: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, vengo a declarar el cese de don Artur Mas i Gavarró como presidente de la Generalitat de Cataluña».

En realidad, el Rey se limitó a cumplir la Constitución, que no marca ningún trato distinto para Cataluña, y Zarzuela exigió a esa Comunidad autónoma lo mismo que se pide a las demás. Don Juan Carlos, sin embargo, tenía la costumbre -salvo alguna excepción- de recibir en audiencia después de las elecciones autonómicas a los presidentes de los Parlamentos de las llamadas comunidades históricas (Galicia, País Vasco y Cataluña), para que éstos le entregaran en mano el documento oficial sobre la investidura del nuevo presidente autonó mico.

Una deferencia del pasado

Estas audiencias en La Zarzuela sólo eran una costumbre, una deferencia del anterior Rey, ya que ni la Constitución ni los Estatutos de las autonomías establecen que tengan que celebrarse. Lo que sí es imperativo legal es que los Parlamentos autonómicos envíen al Rey un documento oficial que acredite la investidura del nuevo presidente, y así lo hacen el resto de las Comunidades autónomas. Sólo cuando el Jefe del Estado recibe ese documento puede firmar el decreto con el nombramiento del nuevo presidente, que se publica al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado junto al cese del presidente autonómico anterior.

Por ello, cuando el pasado lunes por la mañana -no el domingo, como decían fuentes parlamentarias catalanas- se recibió en el Palacio de La Zarzuela la llamada de la Cámara catalana en la que se consultaban los mecanismos para la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, el jefe de la Secretaría General de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, remitió una comunicación por escrito al Parlamento de Cataluña con las instrucciones precisas.

Esta nota decía lo siguiente: «Con la finalidad de cumplir los trámites establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, agradeceré que la comunicación oficial de la presidenta del Parlamento de Cataluña a Su Majestad el Rey se realice por escrito, a través del Jefe de la Casa».

No hubo petición expresa

Según ha podido saber ABC, en esa llamada telefónica del Parlamento catalán no se pidió expresamente audiencia al Rey, sino que se consultaron los trámites legales y las opciones para hacer llegar el documento. Sin embargo, Carme Forcadell, que cerró su primer discurso como presidenta del Parlamento catalán al grito de «¡Viva la república catalana!», lamentó ayer que no hubiera celebrado esa audiencia con el Rey: «Era una excelente oportunidad para explicarle la situación en el Parlament con la mayoría independentista», declaró, como si Don Felipe no la conociera a fondo.

Cataluña ha sido la primera de las tres llamadas Comunidades históricas en la que se han celebrado elecciones desde que Don Felipe fue proclamado Rey. El resto de las autonomías que han celebrado comicios en el último año y medio han enviado el documento a Zarzuela por correo electrónico o por fax o se lo han hecho llegar a través de un letrado del Parlamento autonómico.