Visocan arrastra la gestión del PSOE canario: cinco millones de deuda
Podemos ha pedido la disolución de la sociedad canaria de viviendas y una comisión de investigación parlamentaria
Visocan, la empresa pública de promoción de viviendas protegidas en el archipiélago canario que controlaba el PSOE hasta hace once meses, acumula más de cinco millones de euros en impagos de alquiler en vivienda pública que corresponden a familias vulnerables y a otras que no quieren pagar porque siguen la teoría autonómica iniciada en el periodo de mandato socialista de no desahuciar.
Noemí Santana ha pedido la disolución de la sociedad y recordado que Podemos ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre Visocan que está paralizada y ha avisado de las amenazas de desahucio que ha hecho Visocan a arrendatarios de alquiler público.
En Canarias hay 20.000 familias que residen en viviendas sociales y 10.000 que demandan este tipo de viviendas . El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha criticado el fracaso «en mayúsculas» en vivienda, precisamente, porque no ha existido política de vivienda en el Gobierno canario, lo que ha hecho que Visocan solo se haya dedicado a «hacer de casero».
La consejera regional de Vivienda, Cristina Valido , ha apuntado que tiene un margen de maniora reducido y que «mucha gente que no está pagando porque no puede» y ha anunciado que hay que revisar las circunstancias de las familias que no están respondiendo al abono de su alquiler, lo que ha derivado en una «enorme deuda» de Visocan debido a la morosidad.
El Gobierno de Canarias ha decidido que el que no pueda pagar no puede ser desahuciado para lo que, desde el año pasado, ha enviado avisos con el fin de regularizar la situación de las familias que no pueden pagar. Valido tomó posesión como consejera de vivienda en enero de este 2017
La consejera ha justificado la «complejísima» situación por la que pasa Visocan por la crisis económica del sector inmobiliario y por los recortes públicos que impiden que Visocan pueda construir vivienda. Además, ha reconocido que el acondicionamiento, reparación y mantenimiento de las viviendas públicas que hay se ha hecho también muy complicada.
«El parque de viviendas necesita una inversión gorda», ha manifestado la consejera, quien ha indicado que ahora, que hay más recursos, hay que empezar a reparar el parque público. Ha destacado que este ejercicio presupuestario se van a rehabilitar 4.500 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde gracias a un acuerdo con el Gobierno central.
Para Valido es fundamental sanear Visocan para que pueda responder a los objetivos por los que fue creada, que responder a los problemas de vivienda en Canarias. La diputada del PP Josefa Luzardo, que fue quien ha pedido estos datos al Gobierno de Canarias, ha denunciado que la política de vivienda del Gobierno de Canarias es inexistente, pues desde el año 2012 el Ejecutivo canario carece de plan de vivienda.
Luzardo ha criticado que Visocan no cumple con su función, que es construir vivienda pública y, además, está mal gestionada y tiene una enorme deuda, ha añadido. Ha lamentado que el nuevo plan de vivienda anunciado por Cristina Valido no vaya a estar operativo hasta la próxima legislatura, a partir del año 2019.
La diputada del PSOE Teresa Cruz ha defendido la importancia de Visocan, empresa pública que necesita «sí o sí una revisión» para que prime los intereses sociales a los económicos y no acometa desahucios ni realice cobros «extraños» de IBI. La diputada de Podemos, Noemí Santana , ha abogado por «liquidar» Visocan, empresa pública que «desde sus inicios está viciada» y que sus competencias las gestione el Instituto Canario de Vivienda.
Luis Campos ha alertado de que hubo avisos de desahucios de Visocan a familias que, por falta de recursos, no podrían pagar el alquiler, si bien esto «se ha atenuado en los últimos tiempos», ha admitido.
