La Comisión Europea desmiente el alarmismo de Paulino Rivero con Aena

Lo dijo la popular Australia Navarro: «Aena no se vende ni se trocea». Predicó en la jungla, porque el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, apoyado por el PSOE, llevaba caldeando el ambiente contra la privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea desde el año 2013, que se tenga datado.

Por citar un ejemplo, en diciembre de ese año escribió una entrada en su bitácora trufada de advertencias y malos presagios que tituló: «A los canarios nos va a salir muy cara la privatización de los aeropuertos», donde quedó retratada su estrategia de confrontación con el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Ayer, tras el Consejo de Ministros, recibí la llamada de la ministra, Ana Pastor, para comunicarme personalmente la decisión del Gobierno.

Y a la ministra le comenté que los canarios nos oponemos claramente a la privatización —aún a la espera de conocer la letra pequeña—, porque afecta a nuestra forma de vida», escribió un solemne Rivero un prenavideño domingo 15 de diciembre, marcando, de paso, la línea utilizada también por el entonces diputado socialista Julio Cruz.

Cohesión, en riesgo

En un comunicado, Cruz llegó a sostener que su grupo parlamentario iba a exigir la devolución de Aena «a los ciudadanos tras imponer la privatización del 49% de la sociedad». En calidad de portavoz parlamentario de Obras Públicas y Transportes, y como defendía Rivero, llegó a la conclusión de que la medida iniciada por el ex ministro socialista José Blanco, por otra parte, hacía «peligrar gravemente la cohesión territorial y la conectividad del Archipiélago a cambio de dinero y en detrimento del servicio público».

Pues bien, contra el apocalíptico pronóstico del primer pacto CC-PSOE y que el expresidente se encargó de alimentar también en 2014 y 2015 sin aportar consultas ciudadanas o fundamentar sus argumentos en estudios independientes al respecto, la Comisión Europea ha desmentido el arsenal de descalificativos políticos provenientes del Gobierno canario.

La institución continental ha descartado que dicha privatización parcial tenga por qué afectar «necesariamente a la conectividad de regiones ultraperiféricas españolas como Canarias». «En Europa funcionan varios modelos diferentes de propiedad aeroportuaria, desde la privatización total a las concesiones, pasando por la plena titularidad pública, y la normativa de la UE sobre aeropuertos no hace distinción entre estos modelos. La Comisión observa que, privatizando parcialmente Aena, España ha decidido mantener el modelo de ‘red de aeropuertos’, según el cual todos los aeropuertos están sujetos a una gestión común que redunde en favor de la cohesión económica, social y territorial».

Con estas palabras, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, zanjó la pregunta trasladada por el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar en febrero pasado, si bien, entre el ruido mediático, apenas tuvo eco. En su respuesta, Bulc alude a la existencia de un Reglamento europeo (número 1008/2008) que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de garantizar «un nivel adecuado» de servicios aéreos en forma de obligaciones de servicio público, «los cuales se han impuesto en trece rutas entre las Islas Canarias».

La comisaria precisa que, en el caso de que las autoridades españolas consideren en el futuro que «el mercado no satisface plenamente las necesidades de conectividad en determinadas rutas, tienen la posibilidad de optar por obligaciones de servicio público en esas rutas, con arreglo al procedimiento establecido en el citado Reglamento». Y en lo tocante a las tasas, según Eurostat, tres aeropuertos canarios, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote, gestionaron más de cinco millones de pasajeros en 2013, lo que significa que están sujetos a la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias.