La capital tinerfeña monta un acto de marca blanca por bandera de la siete estrellas para evitar sanciones

La Delegación del Gobierno en Canarias ha decidido denunciar ante la Justicia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por permitir que se haya izado la bandera de siete estrellas verdes frente al Palacio Municipal, a pesar de existir un auto judicial que prohibía la colocación de esta enseña.

El Ayuntamiento canario se ha quitado cualquier responsabilidad. Ha explicado que el acto celebrado no era oficial y que ha sido una acción "espontánea" llevada a cabo por un grupo de ciudadanos en la que la Corporación no ha tenido nada que ver. El viernes decidió suspender el acto previsto para este sábado a raíz del auto del juzgado.

El delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, ha informado que la Policía Nacional ha estado presente en el acto de este sábado para tomar nota de lo sucedido en la capital de Tenerife y de las personas allí presentes.

Ahora se remitirá un informe al juez a través de la Delegación del Gobierno para que determine qué tipo de actuación procede llevar a cabo.

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, este sábado ha sacado la calculadora parlamentaria para recordar que NC, Coalición Canaria y Podemos defienden la bandera canaria de siete estrellas verdes. A juicio de Rodríguez, esto significa que "está apoyada por amplios sectores" de la ciudadanía de las islas. Lo que Rodríguez ha querido decir es que el Parlamento de Canaias tiene en estos momentos una mayoría para modificar la badera oficial de las islas.

Enrique Hernández Bento ha dicho que el cumplimiento de la ley "no corresponde solo al delegado del Gobierno, sino a todas las autoridades y responsables políticos, incluido el alcalde de Santa Cruz", a quien le acusa de "haber permitido que se lleve a cabo un acto espontáneo" con la presencia de dos concejales del Ayuntamiento y un parlamentario cuando tenía un auto judicial que le impedía el izado de esa bandera".

Román Rodríguez ha apuntado este sábado la "torpeza" de la delegación del Gobierno en las islas, según Rodríguez, al promover la suspensión de los actos de las corporaciones locales para reconocer la bandera separatista canaria fianzando "aún más el valor democrático de este símbolo de la identidad canaria y de unión de la mayoría de los canarios".

Los sentimientos, según Román Rodríguez, "no se pueden esconder ni reprimir" con acciones judiciales y menos, cuando, como en esta ocasión, se iban a expresar de forma simbólica mediante su izado en un mástil y "respetando a las insignias oficiales".