Puigdemont se bunkeriza para el choque con el Estado

Preparados para el choque, directos al precipicio. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, completó ayer una reforma de su gobierno en clave de combate, listos para responder a la «hostilidad» del Estado, con el objetivo de convocar y celebrar el referéndum del 1 de octubre como prioridad absoluta, se diría que única. Desde el Gobierno se tomó nota de ello. El choque a la vuelta del verano se ve inevitable.

Como se había deslizado el día anterior, saltan del Gobierno catalán tres consejeros y el secretario del ejecutivo, ninguno de los cuales había pasado la prueba del algodón soberanista: como dos semanas antes había sucedido con el exconsejero Jordi Baiget, habían mostrado dudas sobre la consecución de la consulta y temor a arriesgar su patrimonio personal.

Ninguno de ellos está ya en el Govern. Puigdemont lo vendió como «un paso al lado», una renuncia personal, todo el arco político lo leyó como una purga al sector más dubitativo del Ejecutivo. Ante los meses que se avecinan no hay lugar para los tibios. A quienes se quedan, Puigdemont les exige «coraje, valentía y lealtad». Este es el tono.

Decisiones «solidarias»

Los cambios de nombres, que solo afectan a consejeros del PDECat, no de ERC, van acompañados de una reordenación en el seno del Gobierno catalán con el referéndum como divisa. En línea de lo que exigía Oriol Junqueras (ERC) como contrapartida a asumir más responsabilidades en la organización de la consulta, desde ahora, aseguró el republicano, «las decisiones del Govern se tomarán de manera solidaria y corresponsable». Responsabilidad colegiada. No se sabe aún si esto, por ejemplo, se traducirá en la firma colectiva del decreto de convocatoria del referéndum, algo, por otra parte, con más valor político que jurídico, dado que la responsabilidad penal de una decisión de este tipo se limita al presidente y al consejero responsable, que desde ayer es Junqueras, sostienen numerosos juristas.

Significativamente, en este último campo también hay cambios, dado que el área de Procesos Electorales queda ahora bajo el paraguas de la Vicepresidencia en detrimento de la de Gobernación, que sigue en manos de una Meritxell Borràs cuya única razón para seguir, se interpreta en ámbitos políticos, es la de no perder el aforamiento. La causa penal contra ella sigue adelante pese a declararse desierto el concurso de la compra de urnas, algo que en medios soberanista se leyó como una jugada de Borràs para eludir responsabilidades.

Reordenado ya el Govern en posición de combate, la primera decisión que adoptará el nuevo ejecutivo en su reunión del martes es precisamente la de reactivar la compra de urnas.

«Excepcional»

Ayer también se anunció la creación de un área de coordinación, integrada por el presidente, el vicepresidente, el secretario del Govern y el secretario general de vicepresidencia. Todas las medidas, como Puigdemont y Junqueras reconocieron, se toman para afrontar la recta final de una legislatura que comenzó de manera «excepcional» y acabará del mismo modo.

Todos los cambios, de organigrama y de personas, se leen en esta línea. Para sustituir a la hasta ayer consejera de Presidencia, Neus Munté, llega Jordi Turull, presidente del grupo de Junts pel Sí, látigo de la mayoría soberanista en el Parlament, un perfil afilado y que asume también la portavocía de la Generalitat. Al frente de Educación, consejería clave en el referéndum, responsable de la apertura de los colegios como lugar de votación, se coloca a Clara Ponsatí, una activista de la Assemblea Nacional (ANC). Finalmente, y de manera muy significativa, Jordi Jané -al que se señalaba como el perfil más moderado del Ejecutivo- deja Interior y el control de los Mossos d’Esquadra a Joaquim Forn, independentista sin matices desde mucho antes de que CDC se tirase por la pendiente soberanista.

Si alguien albergaba alguna esperanza de que la Generalitat adoptase un giro moderado ayer se desvaneció con una crisis de gobierno que debe leerse en clave de radicalización. Purgando a los dubitativos, Puigdemont y Junqueras lanzan un mensaje claro.

Y ese mensaje se captó rápidamente en La Moncloa, donde Rajoy aprovechó la presentación de un ambicioso Plan de inversiones en carreteras, con una inversión de 5.000 millones de euros, con la actuación de la Generalitat de Cataluña, cada vez más «radicalizada».

Al mismo tiempo, desde Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, reiteraba que una hipotética independencia de Cataluña tendría consecuencias automáticas, como su salida de la UE.

«El Gobierno sigue gobernando. Me gustaría que todas las administraciones trabajaran para que podamos crecer económicamente más, crear más empleo de mejor calidad y mejorar el bienestar de la gente», comentó Rajoy, quien contrastó las medidas de su Ejecutivo con lo que está ocurriendo en Cataluña: «Es un Gobierno ensimismado en sus propias rencillas, hemos asistido a una muestra más de la deriva autoritaria que rompe cada día las leyes y las normas que nos hemos dado entre todos», advirtió el presidente.

Rajoy denunció las purgas y las presiones que está llevando a cabo Puigdemont incluso en su propio partido: «Después de presionar a los medios de comunicación, a la oposición, a los Mossos, a los funcionarios, a los alcaldes ahora presionan a su propio partido. Si presionan así a su propio partido, qué no harán con los demás».

Para el presidente del Gobierno, la «purga» que ha llevado a cabo Puigdemont es un triunfo claro del radicalismo, y de ahí se preguntó qué diálogo se puede esperar con esa forma de actuar: «Lo que está sucediendo muestra un Gobierno que quiebra el interés general, que va contra los catalanes y contra Cataluña. Hoy se purga a los dudosos triunfando el radicalismo. Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse». A partir de ahí, Rajoy lanzó un mensaje de tranquilidad al conjunto de los españoles porque «el Gobierno de España estará en su sitio». «No tengan la más mínima duda», remató.

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, precisó después que el Ejecutivo sigue abierto al diálogo, aunque admitió la imposibilidad de «bailar un tango si uno no quiere». La Moncloa tiene la percepción de que los independentistas han entrado en un proceso de «sálvese quien pueda», ante las inevitables consecuencias jurídicas y penales que tendrán los actos dirigidos al referéndum ilegal. El próximo «acto ilegal» podría ser la compra de urnas.