La Policía acusa a los Pujol de lucrarse de la corrupción al menos desde 1990

Los investigadores cifran en 290 millones la fortuna acumulada por el clan a través de «plusvalías ilícitas»

Homenaje a Jordi Pujol en Barcelona el 7 de mayo de 2018. En la imagen, su mujer, Marta Ferrusola (izq.) Efe

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Los investigadores de la Policía Nacional han lanzado la estocada final para apuntalar la acusación contra la familia Pujol Ferrusola , la «dinastía» que reinó en Cataluña durante décadas.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ( UDEF ), el clan de Jordi Pujol –presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003– se enriqueció gracias a la corrupción hasta acumular una fortuna de 290 millones de euros . El documento, al que ha accedido ABC, está fechado el pasado 30 de julio.

Una riqueza producida, concluyen los investigadores, a través de actuaciones propias del «crimen organizado» , aprovechando la influencia en Cataluña de un apellido ligado al poder desde el despliegue de la democracia española. Jordi Pujol, un mito del nacionalismo catalán con una gran incidencia en la política nacional, es hoy un árbol caído de 89 años de edad.

El informe policial –que recopila y conecta los indicios de una investigación de siete años, sin aportar datos nuevos– eleva la acusación contra los Pujol Ferrusola a otra dimensión en el momento decisivo, a escasas semanas de que se cierre la investigación que conducirá a un futuro juicio oral .

La tesis del legado

La investigación desbarata así –en base a indicios policiales– la coartada de la familia, que ha alegado que el dinero procede de un legado del abuelo Florenci , que después la familia multiplicó con inversiones. En 2014, Pujol reconoció que había ocultado dinero opaco durante años, procedente según él de esa herencia de la que se desligó. El juez ha dejado claro que no se cree esa versión y ha recriminado a la familia que no aporte ninguna documentación.

La familia Pujol Ferrusola se benefició de «su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/económica y social catalana» para acumular un «patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas », explican los investigadores policiales. Según la UDEF, las supuestas actuaciones corruptas del clan se internacionalizaron a otros países a partir del 2003, cuando Jordi Pujol dejó la Presidencia de la Generalitat.

El poder intimidatorio de la familia se evidencia en la declaración de un testigo que aportó indicios a la Policía. Según consta en el informe, un empresario de la navegación aérea rechazó denunciar los hechos por su cuenta ante los perjuicios que eso le causaría en Cataluña, temiendo la «muerte civil».

Los investigadores conectan los ingresos de la familia con actos de numerosas entidades públicas catalanas

El verdadero protagonista, y el principal imputado en la causa, fue el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola , quien manejó los fondos familiares desde comienzos de los años noventa, cuando tomó el relevo de un gestor profesional. El punto de partida de las operaciones sospechosas sería la apertura de la cuenta AND 09871 en el banco andorrano Banca Reig en noviembre de 1990. A partir de entonces, los siete hijos del matrimonio comenzaron a abrir cuentas en Andorra , según ellos para ir recibiendo su porción del supuesto legado del abuelo. El primogénito, también conocido como Júnior, era el repartidor de los fondos y «el paladín familiar de la organización delictiva», según los investigadores.

El informe policial explica que el clan Pujol obtuvo «de forma sistemática y recurrente plusvalías ilícitas fruto de conductas corruptas» al menos desde noviembre de 1990, con acciones que llegarían hasta la actualidad.

Dos agendas manuscritas

Los investigadores se apoyan en dos agendas manuscritas halladas en una sede de las sociedades de Júnior, que incluyen anotaciones de sus actividades durante 1996 y 1997. Se incluyen un total de 29 referencias según las que Júnior habría visitado personalmente dependencias de organismos oficiales de la autonomía catalana, apareciendo anotaciones como «Generalitat», «Foment Generalitat», «Consell NSMC», «Diputacio». También aparecen referencias a firmas privadas como FCC, Teyco, Copisa, Isolux, Repsol o la constructora Huarte, entre otras. Las pesquisas sospechan que Pujol hijo cobró comisiones irregulares de empresarios a los que favorecía la administración.

Entre los indicios se encuentra la ausencia de cualquier justificación material de todos sus cobros a los empresarios, que argumentan que Pujol Ferrusola les ofrecía asesorías verbales, sin contrato. Con sus gestiones, a cambio de comisiones, Júnior habría desencallado, por ejemplo, las trabas legales del vertedero de Crüilles (Gerona) o favorecido a un empresario en la concesión del puerto de Tarragona. Los investigadores asocian los ingresos con adjudicaciones catalanas «que engloban toda su administración, desde las Consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc».

Un empresario rechazó denunciar sus sospechas contra el clan ante el temor a la «muerte civil»

Las conclusiones de los investigadores ya se encuentran en la mesa del juez José de la Mata , que deberá valorar qué relevancia les da. La causa en la que están imputados los nueve miembros de la familia encara la recta final, con plazo hasta el 23 de septiembre.

En declaraciones a ABC, la defensa de los Pujol calificó de «refrito» el informe, aseguró que los investigadores no tienen pruebas «siete años después» y negó que las dos agendas citadas sean de Júnior. Expresaron su deseo de que llegue el juicio , la hora de la verdad.

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