«Para vigilar si un medio o los periodistas cumplen la ley ya están los tribunales»
La FAPE y la APM cuestionan la independencia del comité y el plan contra la desinformación que el Gobierno quiere poner en marcha: «Los derechos de libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados»
Los editores, organizados en torno a la AMI, también avisan: este movimiento de Moncloa puede «vulnerar» el espíritu de la Constitución
Políticos y periodistas no son sinónimos, ni mucho menos. Por eso no ha caído nada bien en el gremio que el Gobierno haya creado un comité, integrado por políticos y policías, para controlar las campañas de desinformación que supuestamente pueden surgir desde los medios de comunicación . No agrada, principalmente, porque bajo este precepto serían los políticos los que controlarían la actividad de los periodistas y eso no puede ser, al menos en una democracia consolidada como la española.
«Para vigilar si un medio o los periodistas cumplen la ley ya están los tribunales», suscribe Nemesio Rodríguez , presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al atender la llamada de ABC. Rodríguez, que sostiene que la lucha contra la desinformación es «fundamental», explica que el control de la profesión debe surgir de los propios periodistas. «Nuestro prestigio se sostiene en difundir información veraz», expone el presidente de la FAPE, quien deja claro que «ningún comité» gubernamental puede sustituir ni al control del propio sector ni arrogarse el papel que ya tiene la justicia.
Además, Rodríguez ve muchas lagunas en el plan que Moncloa ha publicado en el BOE esta mañana. «¿Cómo van a actuar? ¿Qué van a hacer si un medio o un partido político ponen en marcha una campaña de desinformación? ¿Habrá sanciones?» , son algunas de las preguntas que se hace el periodista, quien augura poco futuro a una iniciativa que vigilarán de cerca desde la FAPE. «A la espera de ver cómo se pone en marcha, nosotros consideramos que el hecho de que dependa del Gobierno no nos da mucha fiabilidad», suscribe Rodríguez. En el recuerdo colectivo todavía están las ruedas de prensa con preguntas filtradas durante la pandemia en Moncloa o el cerrojazo al Portal de Transparencia por la vía de los hechos también durante la crisis sanitaria.
Riesgo de censura
Desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) , una de las más representativas de España, se felicitan, por su parte, ante cualquier medida que combata la desinformación. Sin embargo, su presidente, Juan Caño , pone «serios reparos» al modo en que Moncloa quiere llevar a cabo su plan: «Deja en manos del Gobierno una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos» .
Caño va un paso más allá y añade que existe un «riesgo obvio» de que el organismo que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez «funcione más como censor que como garante de la verdad» . Y el presidente de la APM advierte también que «los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos», pese a que la libertad de prensa «es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático».
El presidente de la APM insiste en que su asociación «siempre ha defendido que la mejor ley de prensa es la que no existe», por lo que señala que una herramienta como esta, en los términos expresados por el Gobierno, carece de sentido: «La legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario».
Las posiciones de los periodistas ante el plan del Gobierno para combatir las noticias falsas desde la política no pueden ser más claras. Ahora queda ver si en un mes todo esto está olvidado o si Moncloa persevera.
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