Los nacionalistas aprovechan la crisis para poner en el punto de mira a las provincias
En Cataluña, los independentistas quieren cambiarlas por las veguerías
Cuando Javier de Burgos apostó en 1833 por el proyecto provincial inconcluso diez años antes, al caer el Trienio Liberal, poco se podría imaginar que la organización territorial administrativa de España se mantendría casi 200 años, con apenas un puñado de retoques, tal y como él mismo lo diseñó y que sería motivo de controversia nacional durante una crisis sanitaria a nivel mundial. El Covid-19 ha devuelto a la actualidad política aquel Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, que De Burgos firmó en tanto que máximo responsable del Ministerio de Fomento, y con el que el territorio nacional quedaba dividido civilmente en 49 provincias (las 50 actuales son cosa de hace unos 100 años).
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La división provincial de España tras la muerte de Fernando VII trajo consigo una imprescindible racionalización administrativa a una estructura de Estado que se resistía a dejar el Antiguo Régimen. Con el ejemplo de los departamentos franceses –que ahí siguen–, De Burgos, un reformista que apoyó a José I , llegó a ser ministro durante la Regencia de María Cristina y fue perseguido por sus ideas liberales, organizó el territorio nacional siguiendo unos criterios racionales para la administración pública: sistema centralizado (judicial, económica y políticamente), demografía mínima, cercanía con la capital y tamaño homogéneo. Todo bajo dos parámetros: la unidad de España y los mismos derechos para todos los ciudadanos.
Circunscripción electoral
Con el pasar de los años, las provincias no hicieron más que consolidarse, con retoques que, en realidad, hacían referencia a las regiones –por cierto, algunas ya recogidas en el Real Decreto de 1833–. Una organización supraprovincial, la región, que la Constitución de 1978 (Estado de las Autonomías) convierte en auténtico contrapoder a la estructura de la Administración General del Estado, a la que queda adscrita la provincia, que mantiene todavía algunas prerrogativas como la de ser circunscripción electoral para las Cortes Generales o, entre otras, ser la base para la organización judicial a través de las audiencias.
La organización provincial es un estorbo para los que aspiran a construir su país al margen de España
Al margen del nombre que se le dé (Diputación, Cabildo, Consejo Insular o Diputación Foral) y la singularidad de las islas que forman las Canarias y las Baleares, la provincia iguala a todos los españoles administrativamente y los agrupa demográfica y geográficamente. Quizá sea por esto por lo que el Ministerio de Sanidad , dirigido por el catalán Salvador Illa (PSC), decidió optar por la provincia (con las necesarias excepciones) para iniciar el desconfinamiento y vencer al Covid-19. Y precisamente por esto regionalistas gallegos , nacionalistas vascos e independentistas catalanes pusieron el grito en el cielo desde los distintos gobiernos autonómicos.
Así, no se trataría de descentralizar la gestión sino de tener el control de la misma bajo la marca de la autonomía. Y para el caso catalán, en concreto, aprovechar la reivindicación de la organización por veguerías .
La Generalitat de Cataluña se organiza internamente, al menos sobre el papel, en base a las veguerías, nombre surgido de la estructura administrativa que estuvo en marcha entre los siglos XII y XVIII aproximadamente en toda la Corona de Aragón (veguer) y cuya equivalencia en Castilla sería la del corregidor , es decir, un delegado del conde o del rey de turno para ejercer su poder y competencias.
Las veguerías
Actualmente, la Generalitat cuenta con ocho veguerías (la última es obra de Carles Puigdemont en 2017). Desde los años de Jordi Pujol (1980-2003) los nacionalistas consideran las provincias y, con ellas las Diputaciones, un estorbo para su construcción nacional. Por lo que, siempre que pueden, tratan de que las veguerías –no tanto por la tradición histórica como por su dependencia de la Generalitat– sustituyan a las provincias. Lo intentaron también en el proceso estatutario de 2006 .
Se entiende así la respuesta caliente de Quim Torra , presidente autonómico catalán, al poco de conocer la decisión de Illa para el desconfinamiento por provincias. «Cataluña vuelve a 1833» . Como si Cataluña hubiera dejado de pertenecer, alguna vez, al sistema provincial.
Un sistema organizativo, por otro lado, que no le ha ido nada mal al nacionalismo catalán a lo largo de la historia, por mucho que ahora, con la excusa de la crisis sanitaria por el coronavirus vuelva a la carga contra las provincias con algo de desmesura.
