Militantes de Ciudadanos amenazan con una querella por el pucherazo

Exigen respuestas al pucherazo en Castilla y León, mientras la dirección zanja el tema

Miguel Gutiérrez y Juan Carlos Girauta, en el cierre de campaña de Silvia Clemente Francisco J. de las Heras / Vídeo: El silencio de Rivera no sofoca el incendio interno de los presuntos fraudes en primarias
Juan Casillas Bayo

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Ciudadanos tiene hasta el próximo lunes para ofrecer explicaciones que contenten a sus militantes sobre el pucherazo que se produjo en Castilla y León, donde la candidata oficialista ganó por un estrecho margen a su rival con la suma de 82 votos fraudulentos. El 10 de marzo, un día después de anunciar la dirección la victoria de la expopular Silvia Clemente , Francisco Igea –a la postre vencedor del proceso– denunció presuntas irregularidades. La Comisión de Garantías y Valores, 24 horas más tarde, le dio la razón y revirtió el resultado.

Esta Comisión despachó en un informe fechado el 19 de marzo la resolución de las primarias autonómicas de Castilla y León, así como de otros diez procesos internos ante los que distintos derrotados habían reclamado información adicional. En el acta definitiva, a la que tuvo acceso ABC , se recogía la rectificación del resultado en el caso castellano y leonés y se desechaba cualquier tipo de incidencia en el resto de primarias analizadas. El escrito, firmado por el presidente de este órgano, Jesús Galiano, y la secretaria Marta Segura, no explica cómo se pudieron «colar» 82 votos en un sistema telemático que el partido avala como absolutamente garantista ni se señala a ningún presunto culpable.

Sí se acusa, no obstante, a los promotores del resto de denuncias de haber «podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido, con publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación». La Comisión de Garantías, de hecho, remitió sus actuaciones a la Comisión de Régimen Disciplinario para que estudie posibles sanciones. Esto ha sido para muchos la gota que colma el vaso.

Según informó ayer la Cadena Ser, un centenar de militantes amenaza con llevar las primarias de Castilla y León ante la Audiencia Nacional si el partido no esclarece en el plazo de una semana los detalles que quedan por resolver: desde dónde se produjeron las anomalías, desde qué dirección IP y quién estaba tras ella.

Caso «cerrado»

En una entrevista en TVE, preguntada por esta información, la portavoz del Comité Ejecutivo de Cs, Inés Arrimadas , garantizó que el caso está «cerrado». La número uno de lista de Cs por Barcelona en las elecciones del 28-A no solamente dio por zanjado el episodio, sino que defendió la «transparencia» y la «regeneración» de Cs y negó que se vea afectada si no se depuran responsabilidades .

La líder de la oposición en Cataluña evitó hablar de pucherazo y protestó cada vez que el entrevistador se refería a lo ocurrido en Castilla y León con ese término: «Esos adjetivos los está introduciendo usted. Ha habido un error» —subrayó—, «yo entiendo que haya algunos que quieran poner calificativos que no se corresponden con la realidad, pero es un error». Todos los altos dirigentes del partido, cada vez que se les ha preguntado, han dejado en manos de la Comisión de Garantías la resolución de las incógnitas que aún quedan por despejar. Ahora, tras el informe de este órgano del partido, parece difícil que la dirección tome la iniciativa de buscar al responsable salvo que atienda al ultimátum de sus militantes críticos.

«Hemos dado la cara, hemos dado explicaciones y tenemos un organismo independiente que puede solventar estos problemas», sentenció Arrimadas al respecto, nuevamente, sin aclarar qué ocurrió en unas primarias que el partido se esfuerza por hacer caer en el olvido.

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