Más críticas a Marlaska por ceder los casos antiterroristas a las policías vasca y catalana
SUP achaca esta «última ocurrencia» a la influencia de los nacionalistas e independentistas sobre el Gobierno
CEP la califica de «cesión innecesaria que condicionará durante décadas el papel del Estado en estas comunidades»
Continúan las críticas desde colectivos representativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la decisión del Ministerio del Interior de dejar en manos de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral la investigación de los atentados terroristas que se produzcan en el País Vasco, Cataluña y Navarra, respectivamente.
Se trata de una de las principales novedades de la actualización del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista que presentó el pasado lunes el propio ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, y que ha provocado malestar entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil , como informó ayer ABC.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha mostrado su rechazo a lo que define como «la última ocurrencia» del Ministerio del Interior y que considera como «una decisión más política que operativa» , entre otras cosas porque «despoja de parte de sus competencias históricas» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas tres comunidades autónomas.
En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) tilda esta medida de "paso atrás" y critica que "relega a los dos cuerpos de seguridad con mayores conocimientos y experiencia contra esta lacra". También denuncia que supone una "injerencia normativa", toda vez que los atentados terroristas "requieren de la intervención de unidades especializadas" de ámbito estatal que actúan a las órdenes de la Audiencia Nacional, el órgano judicial encargado de investigar y juzgar estos delitos en España.
El portavoz del SUP, Carlos Morales, advierte de que «la seguridad de los ciudadanos en un tema tan relevante como es el terrorismo no puede depender de la influencia que ejerzan sobre el Gobierno sus socios nacionalistas e independentistas» , en alusión a los acuerdos del Ejecutivo central (PSOE-Unidas Podemos) con sus principales aliados parlamentarios, que no son otros que ERC, PNV y Bildu. En ese sentido, Carlos Morales mantiene que «nunca será buena idea anteponer las razones de índole política a la seguridad de todo el Estado». La CEP añade que estas "cesiones innecesarias condicionarán durante décadas el papel del Estado en esas comunidades autónomas".
El SUP apunta que el ministerio de Marlaska «vuelve a tropezar» con una medida que «no es la más acertada» dadas las limitaciones operativas y territoriales de unos cuerpos autonómicos que a partir de ahora liderarán investigaciones que afectan «a la seguridad de todo el Estado y todos los españoles».
«Amenaza global»
Ambos colectivos coinciden que esta responsabilidad debe seguir recayendo en la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen presencia en todo el país y más experiencia y medios para combatir el terrorismo. Y esgrimen otra razón más, como es el hecho de que los grupos terroristas que operan en España y Europa representan una «amenaza global» con una «alta movilidad que no entiende de fronteras y menos entre comunidades autónomas» , explica Morales.
A ese respecto, el SUP recuerda que los cuerpos estatales son los que están coordinados con sus homólogos de otros países europeos y del resto del mundo para hacer frente a dicha amenaza terrorista. Una advertencia que comparte la CEP al señalar que la lucha contra esta amenaza tiene un "innegable componente internacional que sólo pueden garantizar cuerpos como la Policía Nacional".
