La Justicia ordena al Gobierno traer de vuelta a España a 12 niños que expulsó a Marruecos
«No es que se haya omitido alguno de los trámites, es que se han omitido todos», dice la sentencia
El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ceuta ha sentenciado que la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma debe poner en marcha los mecanismos para traer de vuelta a España a doce menores a los que deportó a Marruecos el verano pasado sin seguir ni uno de los cauces previstos en la legislación para estos perfiles especialmente vulnerables. En dos sentencias notificadas esta semana, concluye que «no es que se haya omitido alguno de los trámites» en aquellas expulsiones, «es que se han omitido todos», con una «vía de hecho» que ha puesto en una «situación de riesgo relevante» a esos menores, vulnerando sus derechos fundamentales.
Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando en plena crisis diplomática de Marruecos con España por cuenta de la llegada a territorio nacional del líder del Frente Polisario Brahim Gali, el reino alauí retiró a sus fuerzas policiales de la frontera con Ceuta e incluso animó a los migrantes de los alrededores a cruzarlas impunemente . A falta de cifras concretas, desde Interior se estimaban en 10.000 las personas que cruzaron y entre ellos, unos 800 niños. Muchos, sobre la marcha e incluso el mismo día o con goteo en los posteriores, se volvieron a Marruecos por su propio pie, pero en julio se cifraban por encima de 740 los menores que aún seguían en la ciudad, ya fuera alojados en centros e instalaciones habilitadas como un polideportivo, ya fuera en las calles.
En agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad intercambió emails con la Delegación del Gobierno de Ceuta dando luz verde a la repatriación de esos menores a Marruecos. El plan era sacarlos a todos, en grupos de quince, y entregarlos a las autoridades alauís para que los recepcionase en un centro y de ahí, los fuese entregando a sus familias. Se había llegado a aquel acuerdo en una reunión a pie de valla, como luego fueron reconociendo las autoridades, y buscando amparo en un convenio bilateral de 2012 , nunca antes aplicado, para el retorno de niños y adolescentes. El problema es que el mismo convenio obligaba a España a cumplir su propia ley: Un procedimiento individualizado en el que se evalúen las necesidades del menor antes de tomar una decisión que pueda devolverle, por ejemplo, a un entorno de maltrato o de explotación. Y eso, no se hizo. Así salieron 55.
Lo denunciaron a lo Contencioso la Coordinadora de Barrios, la Fundación Raíces y Save The Children ejerciendo las primeras la representación legal de un grupo de aquellos niños, que les designaron como abogados. En el primer recurso c onsiguieron paralizar la deportación de 9, pero la pedían para 12. Al resto, llegaban tarde. La Fiscalía se puso de parte de los menores y fue informando al juzgado de que a la luz de la documentación recabada, la administración no había seguido el proceso reglado . La delegada del Gobierno anunció en agosto que se paraban las expulsiones cuando ya se habían producido 55, en vista de la postura de la Justicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas , comparecerían después para formalizar que daban marcha atrás.
Pero la tramitación de los recursos seguía en el juzgado, donde la Abogacía del Estado y Ceuta cuestionaban desde la legitimidad de las ONG para defender a los menores hasta los plazos en los que habían presentado sus recursos, y, por descontado, defendían la legalidad de toda la actuación al amparo del mencionado convenio con Marruecos. Todas sus alegaciones han sido desestimadas en dos sentencias contra las que no obstante, cabe recurso.
"No existe traza alguna de expediente"
«En el presente supuesto no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación», concluye el juez.
Para el juez, «si no ha existido procedimiento legal alguno para acordar la repatriación, es evidente, conforme a la jurisprudencia, que nos encontramos ante una vía de hecho », una de las formas «más groseras» de acuerdo a las sentencias que cita, de actuación de la Administración pública. Por eso, «se ordena a la Delegación del Gobierno que cese en dicha actuación y adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados », además de imponerle las costas.
Y esta «ausencia de todo acto procedimental en vía administrativa conlleva que no se practicase actuación alguna, ni material ni formal, tendente a poner de manifiesto la conveniencia de la repatriación de los menores», exponen las sentencias. Esto significa que asegurar, como hacía la Delegación del Gobierno, que la repatriación a su país era lo mejor para ellos, es algo «gratuito y vacío de fundamento», ya que «no existe ningún informe sobre la conveniencia de una efectiva reagrupación familiar, ni se ha determinado en qué condiciones quedarían los menores una vez realizada su entrega al país de origen».
Riesgo evidente, vulneración de derechos
En suma, continúa la sentencia, «nos encontramos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez repatriados a su país de origen, lo que determinaría que los mismos se encontrasen en situación de abandono o desamparo. Esto »conduce a entender que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores«.
Una de las sentencias afecta a un total de 12 niños de los que cuatro fueron expulsados antes de que la maquinaria se paralizase en verano y otros dos, aun teniendo medida cautelar dictada por la misma instancia, se entregaron a Marruecos hace unas semanas. Acuerda así el retorno a España de un total de seis. La otra, concierne a un total de ocho, todos expulsados desde Ceuta el pasado verano. Serían así, en total, doce los que el Gobierno debe hacer regresar si el fallo deviene firme. Todavía cabe recurso.
