El juez procesa a Villarejo y otros dos mandos policiales por el espionaje a un empresario de Marbella
Exonera al exdirector Operativo Eugenio Pino y a dos policías sospechosos de proporcionar información al clan
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo así como al también comisario Enrique García Castaño y al que fue inspector jefe de la Comisaría General de Información Constancio Riaño por el espionaje a un empresario en Marbella. El encargo procedía de una mujer que se queda igualmente a un paso del banquillo, junto a dos abogados de la empresa del polémico mando policial y un inspector en segunda actividad que trabajaba para las mismas.
En un auto del 30 de julio difundido este lunes, el instructor acuerda seguir el procedimiento contra todos ellos al tiempo que archiva las actuaciones para el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino , y dos policías que fueron imputados bajo sospecha de que proporcionaban datos de bases policiales al clan de Villarejo. Ha concluido que ambos estaban de vacaciones cuando se produjo la extracción de información.
Esta es la octava pieza separada de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo y la instrucción llega con este auto a su fin, como lo han hecho este mes de julio las relativas al hostigamiento a la doctora Elisa Pinto, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, la relativa a Planeta o la tocante a Mutua Madrileña, que han finalizado salvo que, recurso mediante, se ordene su reapertura.
En este caso, los hechos se remontan al verano de 2015, cuando una mujer llamada Marzena Katarzina recurrió a una de las empresas del entramado de Villarejo, por recomendación de un amigo que a su vez, conocía al comisario, Juan Carlos Escribano. Él ha sido exonerado en esta pieza pues su único papel habría sido la puesta en contacto. Está imputado en otra parte del procedimiento.
La mujer quería emprender acciones legales contra el empresario Felipe Gómez Zotano y le ofrecieron, a cambio del 33% del dinero que pudiera recuperar de él, una estrategia con «acciones de índole civil y penal» , en palabras del juez, que se concretaron, entre otras cosas, en un informe prejudicial que analiza al empresario y todo su entorno, y se apuntan indicios de fraude fiscal y blanqueo a partir de «bases de datos y registros que no son accesibles al público», como las policiales.
