El juez imputa a la exconcejal Alcón, al «yonki del dinero» y empresarios por los contratos en Valencia

El juez instructor del conocido como Caso Imelsa, derivado de la Operación Taula, ha levantado el secreto de sumario de la rama que afecta a los contratos de varias obras en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en la etapa en que al frente de este departamento se encontraba la exconcejal María José Alcón, esposa de Alfonso Grau (juzgado en el Caso Nóos).

Esta rama es una de las derivadas de la causa principal, que se centra en las irregularidades en la adjudicación de contratos en la Diputación de Valencia bajo la presidencia de Alfonso Rus, y en la empresa pública dependiente de la institución provincial Imelsa, con Marcos Benavent (el arrepentido «yonki del dinero») como gerente.

En esa época, alrededor de 2004, Benavent entró en contacto con Alcón (a través de su exmarido, con el que trabajaba), con la que urdió supuestamente algunas ajudicaciones irregulares en su deparamento.

Según fuentes jurídicas, en esta rama figuran como imputados la propia Alcón, el «yonki del dinero» ( convertido en el auténtico epicentro de la trama, aunque ahora colabore con la Justicia) y algunos empresarios que recibieron adjudicaciones del PP en el Ayuntamiento o la Diputación. Entre ellos destaca José Adolfo Vedri, dueño de la agencia de comunicación Engloba, que trabajó habitualmente para el PP y para Imelsa. Vedri, además, estaba al frente de la gestión del espacio cultural La Rambleta (a través de un consorcio con otras empresas), dependiente del Ayuntamiento, cuya adjudicación se investiga. A cambio de construir el centro, el adjudicatario se quedaba con la gestión por 20 años cobrando un canon del Ayuntamiento.

En esta pieza se encuentran las comprometidas conversaciones entre Alcón y Benavent que el segundo grabó entre 2004 y 2006, y en las que se alude a las presuntas irregularidades y al cobro de comisiones por las adjudicaciones. La mayoría de estas conversaciones ya son públicas porque algunas formaban parte del informe de la Guardia Civil con el que arrancaba la pieza sobre la que se levantó primero el secreto, la del blanqueo de capitales por parte de concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento. Otras, en cambio, se filtraron antes de las elecciones municipales de 2015, y le costaron el puesto de asesora a María José Alcón semanas antes de los comicios.

Comisiones del 3% por contrato

En dichas conversaciones, supuestamente, se alude al reparto de comisiones que llegarían hasta al 3% de la adjudicación por los contratos para restaurar las Torres de Quart, los puentes históricos de la ciudad y contratos de la Mostra de Valencia, además de la citada Rambleta.

La pieza principal del caso, en la que se investigan las irregularidades en las empresas públicas Ciegsa (Generalitat) e Imelsa (Diputación) seguirá bajo secreto hasta después del verano por la extrema complejidad de la documentación que están recabando los efectivos policiales. Entre todas las ramas del Caso Imelsa hay investigadas o imputadas 115 personas (incluido el PP como persona jurídica) por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. La causa, que se inició en abril de 2015, se saldó el pasado enero con la detención de 24 personas en Valencia, incluido el expresidente de la Diputación Alfonso Rus o los citados Benavent y Vedri.