Horrach dejará finalmente la Fiscalía Anticorrupción en abril del próximo año

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach dejará finalmente la Fiscalía el 30 de abril del próximo año. Su propósito inicial —pactado con sus superiores— era abandonar el Ministerio Público a finales de este año para iniciar una nueva etapa como abogado en un despacho propio, pues estaba previsto que la sentencia del juicio del caso Nóos se hiciera pública este mismo mes de diciembre. Sin embargo, dicha sentencia no se conocerá ya hasta el primer trimestre de 2017.

Cabe recordar, en ese sentido, que recientemente la presidenta del tribunal, Samantha Romero, había pedido una prórroga a la Audiencia Provincial de Palma para poder seguir trabajando en exclusiva en el caso Nóos. La Sala le concedió finalmente un nuevo plazo, que concluirá el 31 de marzo

, para que hasta entonces Romero no tenga que ocuparse de otras causas penales.

La ponente del caso Nóos había solicitado dicha prórroga tanto por la complejidad de ese proceso como por el hecho de que, al parecer, existen algunas discrepancias entre las tres magistradas que componen el tribunal con respecto a las penas que deberían ser impuestas finalmente a algunos de los acusados. En una causa de estas características se desearía, siempre que ello sea posible, que las principales decisiones sean acordadas por unanimidad.

Por las circunstancias reseñadas, Horrach ha llegado ahora a un nuevo acuerdo con sus superiores, según ha avanzado este viernes el diario «Última Hora», con el compromiso de seguir cuatro meses más en el Ministerio Público. Antes de que acabe dicho plazo se conocerá, salvo imponderables de última hora, la sentencia del juicio del caso Nóos.

La Fiscalía Anticorrupción está integrada ahora, además de por Horrach, por Juan Carrau, Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, que participó en el juicio del caso Nóos. A ellos habría que sumar a Laura Pellón, que ya está trabajando en algunas causas iniciadas por Horrach.

El caso Nóos es una de las piezas separadas del caso Palma Arena, en el que trabajaron mano a mano durante años el juez José Castro y el propio Horrach. Las discrepancias entre ambos sobre si finalmente debía ser imputada o no Doña Cristina provocaron un alejamiento personal entre los dos reconocidos juristas. El hecho de que Horrach considerase que la Infanta no había cometido ningún delito dio origen a una campaña de desprestigio contra el fiscal, de quien se llegó a cuestionar su independencia o a decir que era el «abogado defensor» de Doña Cristina.

Horrach y el resto de acusaciones —salvo Manos Limpias— entendían que la Infanta sólo debía ser considerada partícipe a título lucrativo de las supuestas irregularidades tributarias cometidas por su esposo, Iñaki Urdangarín, en Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartía el matrimonio. Una presunta actuación de ese tipo en ningún caso supone un delito, pero obliga a devolver todo el dinero gastado. En ese contexto, cabe recordar que en diciembre de 2014 la Infanta abonó 587.000 euros como fianza para cubrir su presunta responsabilidad civil.

Por contra, Manos Limpias consideraba que Doña Cristina habría cometido un presunto delito de cooperadora necesaria en los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008 a través de Aizoon. La sentencia que se conocerá en los próximos meses se pronunciará sobre todas las acusaciones y también sobre cuál de los dos posicionamientos señalados era finalmente el correcto.