El Gobierno rechaza las acusaciones del PP por los «viernes electorales»: «Nunca se ha cuestionado»
Tilda de «inaceptable» ante la Junta Electoral el relato del PP, defiende su potestad para aprobar normas por Real Decreto y asevera que prohibir la comunicación de la acción de Gobierno vulnera el derecho a información que protege la Constitución
El Gobierno rechaza de plano las acusaciones del PP, que presentó una reclamación a la Junta Electoral Central por varias cuestiones relacionadas con el uso del Ejecutivo de herramientas para potenciar su imagen en periodo electoral.
La Junta Electoral solicitó a la Secretaría de Estado de Comunicación que presentase un escrito de alegaciones a las denuncias expresadas por el PP. La respuesta del Ejecutivo se ha enviado hoy en un documento de 13 páginas firmado por el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver .
Las alegaciones comienzan desacreditando el recurso del PP porque «describe actuaciones todas ellas anteriores al inicio del periodo electoral». Oliver juzga «inaceptable» el relato de hechos que hace el PP, porque su reclamación está «fundada en la presunción» .
El Gobierno argumenta que, según la propia doctrina de la JEC, no le corresponde «la autorización previa de actos institucionales» ni «realizar actuaciones preventivas», por lo que entiende el Ejecutivo que «el control que reclama el PP excede manifiestamente del ámbito de actuación de la JEC» .
La Secretaría de Estado defiende en otro apartado la aprobación de normas mediante Real Decreto Ley , que define como «una manifestación de la acción del Gobierno». Oliver reivindica en su escrito que «hay suficiente jurisprudencia que confirma que la actividad institucional, lo que incluye la acción del Gobierno, no queda suspendida durante el periodo electoral».
Y en cualquier caso expresa que «el control de esa acción excede manifiestamente, como debería saber el PP después de gobernar cinco legislaturas, el ámbito de actuación de la JEC», en referencia a que en este ámbito el competente es el Tribunal Constitucional. «La legítima crítica política del PP contra la acción del Gobierno no puede afectar al ejercicio de una potestad institucional», se defiende el Gobierno.
Ruedas de prensa
Respecto a la petición del PP, al amparo de la LOREG, para suspender las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, Oliver defiende que «en 40 años de democracia nunca se ha puesto en cuestión el carácter político-informativo de esas ruedas de prensa ni se han lanzado sospechas de contaminar el proceso electoral. Durante esas 12 legislaturas se celebraron con normalidad las reuniones del Consejo de Ministros y las ruedas de prensa posteriores, en las que se informó de los acuerdos adoptados. Entre esos acuerdos figuraron reales decretos leyes, reales decretos legislativos y reales decretos sobre materias muy diversas».
El Ejecutivo defiende que «si aplicamos el criterio del PP en 2019, algunas de esos acuerdos se podrían calificar de “electoralistas”, porque tenían un contenido político. De ese nuevo criterio del PP no se escapa ninguno de los gobiernos que ha tenido España», se aventura a decir el escrito.
Para refrendar este hecho las alegaciones se han presentado con documentación adjunta, tanto por correo electrónico como físicamente. Se trata de los vídeos de las ruedas de prensa de todos los Consejos de Ministros celebrados desde 2011 en períodos preelectorales y electorales. «Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros constituyen una práctica institucionalidad que cada Gobierno ha asumido como una responsabilidad más de su tarea, y jamás ha tenido lugar una eventual suspensión», dice el Gobierno.
Constitución
Además, las alegaciones del Gobierno apuntan a que el recurso presentado por el PP puede afectar al artículo 20 de la Constitución, que regula la libertad de información, porque pide la suspensión de «cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean», de la aprobación de Reales Decretos leyes en Consejo de Ministros.
«Esa intención del PP puede llevar a que, por ejemplo, no se puedan publicar en el BOE (información pública) los RDL aprobados, ni siquiera atender las peticiones que le fueran formuladas sobre ellos al amparo de la normativa sobre transparencia y buen gobierno. Tampoco atender a las preguntas de los medios de comunicación, lo que produce una quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. También afectaría a la libertad de información de los medios de comunicación, al impedirles tanto el conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno como su posterior difusión y valoración ante la ciudadanía».
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