Se ahorca en Madrid un excargo de PDVSA de la trama Morodo

Pedraz prohibió el viernes a Márquez salir de España tras ser detenido horas antes

Raúl Morodo, investigado en la causa, en una imagen de archivo EFE

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El pasado 20 de mayo la Policía detenía en Madrid a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, y a otras tres personas como miembros de una trama de blanqueo de capitales y corrupción que habría recibido unos 14 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA desde 2008, según informó ABC. Raúl Morodo también tuvo que declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, aunque no se le arrestó por su edad (84 años).

Ese día, sin embargo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía que llevaban meses con la operación tuvieron una sensación agridulce. No pudieron colocarle las esposas a otro de los principales investigados: Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera venezolana , quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones como mínimo con Alejo Morodo por supuestos trabajos de asesoría. Sabían que estaba en Panamá y que tenía previsto viajar a España, pero las prisas de algunos impidieron que se le pudiera arrestar. Los Morodo, padre e hijo, el socio de Alejo -Carlos Prada Gómez- y las mujerers de los dos últimos quedaron en libertad sin fianza, aunque con medidas cautelares. En dos de los registros los investigadores hallaron alrededor de 60.000 euros en metálico.

El pasado jueves los investigadores estaban esperando a Márquez, que estaba en busca y captura desde mayo, en el vuelo que le trajo de Panamá a Madrid. Lo detuvieron y el viernes lo pusieron a disposición de Pedraz. El exalto cargo de PDVSA se desvinculó de esos contratos millonarios dirigidos al «ciudadano ministro», aseguró que los firmó por delegación de otras personas de la compañía estatal y negó haber cobrado comisiones. El juez lo dejó en libertad, pero con la prohibición de salir de España.

Horas después se produjo un incidente rocambolesco. Los investigadores recibieron una llamada de Interpol Estados Unidos en la que les alertaron de que Márquez había cogido un vuelo con destino a Chicago pese a que ya se había cursado la prohibición de salida. Les informaron de que estarían esperándolo en el aeropuerto norteamericano para devolverlo en el primer avión de vuelta, que en teoría llegaba ayer por la mañana a Madrid.

Pero los agentes americanos se habían equivocado. La Policía española verificó con la lista de pasajeros de Iberia que el antiguo cargo de Hugo Chávez no había subido a ningún avión. Y comenzaron a hacer gestiones. El domingo por la tarde lo localizaron: muerto. Juan Carlos Márquez se había ahorcado en una nave de San Sebastián de los Reyes de su propiedad que había sido registrada el 20 de mayo.

El domingo estuvo trabajando allí con uno de sus socios hasta las once de la mañana, según confirmaron a ABC fuentes policiales. Quedaron más tarde, pero no cogía el móvil. Este socio se dirigió después de comer de nuevo a ese lugar. No consiguió abrir la puerta, parecía atascada. Preocupado ya, llamó a los bomberos y a la Policía de la comisaría de Alcobendas que forzaron la puerta y encontraron a Marquez colgado del marco.

El sábado «El País» publicó la historia de la fuga del ex alto cargo, tal y como había alertado Interpol Washington. Lo cierto es que no llegó a salir de Madrid. Las fuentes consultadas señalan que tal vez tenía una reserva para el vuelo de Chicago del viernes y de ahí la confusión.

La colaboración que aparentemente iba a prestar este miembro de la trama duró lo que tardó su comparecencia judicial. No solo era la persona que firmaba los contratos en nombre de PDVSA, un instrumento para ocultar los millones que salieron de la petrolera hacia cuentas en España de Alejo Morodo. Además, Márquez, uno de los hombres de confianza de Rafael Ramírez , expresidente de PDVSA, compartía una sociedad panameña con Prada, el socio de Morodo, dedicada a la inversión y gestión inmobiliaria.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el conseguidor de esos fondos era Raúl Morodo gracias a sus relaciones con miembros del régimen venezolano, entre ellos Ramírez, investigado por el saqueo de la petrolera. Morodo hijo, a través de su bufete de abogados (Aequitas Abogados y Consultores Asociados. S. L.) y de al menos otras dos empresas, era el ejecutor de las operaciones de blanqueo a través de una compleja operativa que pasaba por Panamá y Suiza.

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