El 12 por ciento de las causas penales, archivadas por falta de autor conocido

Algo más de 300.000 causas penales, en concreto 302.000, son las que la Fiscalía ha revisado al cumplirse los seis meses que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal fijó para que todos los procedimientos abiertos en los juzgados españoles estuvieran clasificados en simples y complejos. Los deberes se han hecho, según ha señalado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una rueda de prensa este lunes, y a fecha 6 de junio de 2016, al menos al ministerio no le consta que haya ninguna causa abandonada en el armario de algún juzgado. Y si fuera así, si se identificase algún asunto que no estuviera clasificado, «quien tenga esa responsabilidad tendrá que explicarla», ha apuntado el ministro.

Catalá ha recordado que la fijación de plazos a las instrucciones penales (seis meses para las causas simples y 18 para las complejas) era una necesidad para agilizar los tiempos de respuesta de la justicia, a lo que también han contribuido medidas como la despenalización faltas, juicios rápidos para determinados tipos de infracciones, o el sobreseimiento provisional de los atestados sin autor conocido.

Estos últimos han supuesto más de 40.000 procedimientos de la cifra inicial estimada de cifras por revisar, que se calculó en 342.000.

El ministro ha reconocido que la clasificación de las causas ha supuesto un enorme esfuerzo tanto por parte del órgano judicial como de la Fiscalía, hasta el punto de que el día 1 de este mes, es decir, hace apenas cinco días, quedaban por clasificar el 4 por ciento de esas 302.000 causas. Para Catalá, además de haber cumplido con el mandato legal, se han puesto los juzgados al día al reactivarse y actualizarse con este avance en la calificación.

El ministro ha recordado que la Administración de Justicia en España depende de distintas administraciones y de ahí la dificultad de obtener estas cifras. «No les piudo ningún acto de fe», ha dicho el ministro a los medios, «pero sí que confíen en la fuente de estos datos», que son los propios órganos judiciales. De esa masa de causas analizadas, según él, la mitad responden a delitos contra contra patrimonio. y solo el 0,29 por ciento a delitos contra la corrupción.