Jaque a los consejos consultivos

Para los Consejos Consultivos hay un antes y un después de septiembre de 2014, más concretamente, de los 17 días que separaron entonces la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón de su ingreso en el supremo órgano de asesoramiento jurídico de la Comunidad de Madrid, a 100.556 euros al año. O lo que es lo mismo, unos 8.400 euros brutos al mes. El mismo camino ya lo había andado este julio el presidente de la autonomía, Ignacio González, o en 2011 el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que no tiene voto, pero sí sueldo: 57.586,56 euros anuales. Pero fue lo de Gallardón y su retiro de lujo lo que llevo a estos órganos a a figurar hasta en la prensa rosa casi como balnearios de la milla de oro, una imagen de frivolidad que preocupa, ofende y perturba a quienes en estas instituciones velan por la buena salud del Estado de Derecho. Y de un tiempo a esta parte, asumiendo además progresivos recortes que han dejado las estructuras de los más modestos en los huesos.

Desde uno de ellos, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, su presidente, Antonio Gómez Fayrén, lamenta de forma muy gráfica que en el terreno de los consejos consultivos “pagamos -dice- justos por pecadores”. Y es que hoy, de los 124 miembros que integran estas instituciones en total, solo once son 100% “natos”, es decir, -ex altos cargos públicos con asiento reservado por el único mérito de haber sido quienes fueron- y se concentran en consejos de los más grandes y acaudalados (Comisión Jurídica de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia), a excepción de dos que figuran en el de Aragón, el más barato de España.

Es justo advertir , no obstante, que al margen de estos “fijos”, este club compuesto en su mayoría por juristas de excepcional currículo también acomoda a cierto número de jubilados de la política, aunque por la vía de la elección. Les ha elegido su Parlamento o su Gobierno. Solo por mencionar algunos, es el caso de el propio Fayrén, que fue vicepresidente autonómico -aunque entre un puesto y otro estuvo toda una década a la Universidad, donde es profesor de Derecho Fiscal-; de Joaquín Espert, que fue presidente de La Rioja antes de serlo de su consejo consultivo; o de Ignacio Astarloa, que ha estado al frente del de Madrid tras encadenar media vida cargos orgánicos y representativos del PP. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se ahorra especulaciones: todos son funcionarios.

El presupuesto, otra de las armas que se esgrime para amenazar la supervivencia de estos órganos, también diferencia a unos de otros. La cifra impone en su conjunto: entre todos costarán en 2015 un total de 26,5 millones de euros. Pero, por poner un ejemplo, solo con lo que tiene a su disposición el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para "materiales suministros y otros" -465.000 euros, aunque en 2014 el gasto en este capítulo fue menor, de 383,211 euros- se podría sufragar todo este aparato asesor de Navarra, que cuenta con 446.670 euros para este año. Parte de su condición de “low cost” proviene de que sus miembros no tienen nómina. Tampoco dedicación exclusiva. Ese el modelo también de Murcia, Baleares, La Rioja y Aragón.

El caso más extremo del descrédito que padecen los consejos consultivos lo representa, de momento, precisamente el de Madrid, sentenciado a la supresión el pasado día 1 por acuerdo del gobierno de Cristina Cifuentes, que incluía esta medida en su programa electoral y también fue exigida por Ciudadanos para facilitar la investidura. Será sustutuido por una comisión de letrados autonómicos. La formación de Albert Rivera, junto a Podemos también ha apostado por la supresión del de Extremadura, propuesta por el PSOE este verano nada más iniciarse el mandato de Guillermo Fernández Vara con el argumento de que el dinero que cuesta hace falta para “políticas sociales” y que una Comunidad no “rica” no puede permitirse mantener un “cementerio de exconsejeros”. El PP ha pedido una reflexión, pero desde esas mismas filas, María Dolores de Cospedal llegó a anunciar en 2011 el fin del consejo castellano-manchego, aunque su naturaleza estatutaria lo dificultó y se desistió de la idea.

Los consejos consultivos se han convertido en carne de pelea política, pero el Estado tampoco contribuyó a rescatarlos cuando, en el marco de la reforma de la Administración urgida por la crisis, planteó en 2011 que si su función era reproducir en el ámbito de las Comunidades autónomas la labor que ya desempeña el Consejo de Estado, podría prescindirse de ellos. De hecho, Cantabria no dispone de consejo consultivo, cree que es una "duplicación". Lo recuerda el presidente del de Extremadura -y antes consejero de José Antonio Monago-, Pedro Tomás Nevado-Batalla en una larga defensa de estas instituciones publicada este mismo mes en la web del Instituto Nacional de Administración Pública. En ella constata la falta de un debate “equilibrado, objetivo, intelectualmente solvente” sobre los consejos, de los que subraya una característica fundamental, la “independencia”, que -advierte- “no siempre gusta a los operadores políticos y jurídicos más mediocres”. Son, por tanto, elementos incómodos y suscitan a veces, la “desconfianza” o, incluso, una “manifiesta hostilidad”, que desemboca en argumentos “futiles y demagógicos” contra ellos.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, Bernardo Fernández, zanja la pretendida controversia con el Consejo de Estado advirtiendo que en ningún modo podría asumir la tarea que hoy resuelven los autonómicos, ni multiplicando su estructura por seis. “Somos imprescindibles”, repite convencido, y también indignado por el ruido que les acosa. “No somos instrusos. No somos paniaguados. Cumplimos una función que nada tiene que ver con leguinas o gallardones... es un insulto que digan que nos pagan un sueldo por venir una vez a la semana a leer lo que hacen los letrados”.

Parte de la imagen distorsionada que existe en la calle se debe a que la producción de los consejos consultivos -dictámenes, acuerdos, resoluciones...- tiene como destinatarios directos a las Diputaciones, Ayuntamientos o las propias Comunidades que preceptiva o voluntariamente los solicitan, pero no a los ciudadanos, aunque son quienes reciben los beneficios al final del proceso: decisiones políticas y leyes más justas, con la garantía de que respetan el resto del ordenamiento, la Carta Magna, el Estatuto correspondiente, amén del interés general. Entre los asuntos que estos órganos abordan para enfrentarlos al control riguroso del Derecho hay de todo: recursos de inconstitucionalidad por conflicto de competencias, proyectos de ley para establecer listas cremallera en las elecciones, una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial a la Administración por la rotura de unas gafas en un colegio... Y aunque muchas veces su pronunciamiento no es de preceptiva observancia, la realidad demuestra que se tiene en cuenta de forma efectiva más del 90% de las veces.

No son pocas las ocasiones en que se ha querido valorar la utilidad de los consejos en términos puramente crematísticos mediante la ecuación de a cuánto sale cada dictamen por ciudadano, o a cuánto el consejero que lo elabora. El cruce de las primeras variables arroja que en 2014 a cada asturiano le costó su supremo órgano asesor menos de 1,5 euros al año o a cada canario 1,15 euros, mientras que el de Castilla y León -que solo tiene 3 miembros y lleva este año 318 dictámenes, lo que le sitúa quizás como el más productivo de España- representó 1,06 euros por habitante.

Cohibidos por el agrio debate que crece en torno a ellos, en los consejos consultivos -por lo general- no ponen reparos a la hora de exhibir sus cuentas, muchas de ellas recortes sobre recortes. La tabla de datos que acompaña a esta información recoge la información básica aportada desde las mismas instituciones, que aquí se resume:

Cataluña

Es la única autonomía que tiene las funciones de asesoría repartidas en dos órganos. Uno es el Consejo de Garantías Estatutarias, cuyo presidente gana el mayor sueldo del club, 129.380,16 euros brutos. Sus consejeros salen en torno a los 121.000 euros, de modo que el año pasado la institución gastó 1,1 millones en retribuciones de sus altos cargos y, aunque su presupuesto fue de 3,14 millones, ejecutó 3,7. Según han precisado fuentes de la institución, ello fue posible gracias a la incorporación de ahorro sobrante de 2013 y no a un esfuerzo extra de las arcas públicas catalanas. Según la web del Consejo, entre 2010 y 2015, el dinero del que dispone anualmente ha caído en realidad un 20,68%.

El segundo órgano y más similar al resto de consejos consultivos es la comisión jurídica consultiva. Tiene 15 miembros sin sueldo -a excepción del presidente, 108.231,70- que reciben dietas por asistencia y ponencia de dictámenes siempre que no sean los natos. Esa categoría corresponde al titular de la Dirección del Gabinete Jurídico de la Generalitat y al de la dirección del Instituto de Estudios Autonómicos. Este órgano expone ampliamente en su web los recortes que ha practicado en los últimos años, entre ellos un 13,9% en el gasto desde 2010. Aunque en 2015 su presupuesto, de 2,7 millones, ha crecido un 5,37 con respecto a 2014 debido a que el personal a su cargo han recuperado una paga extraordinaria que se perdió en 2010.

Andalucía

Desde 2010, el sueldo del presidente del consejo consultivo ha bajado un 41,39%, hasta los 63.800 euros, debido, entre otros, a la aplicación de las medidas de contención del gasto que se impusieron entonces y a la decisión más reciente de Susana Díaz de que ningún cargo en la Junta de Andalucía cobrara por encima de lo que corresponde al presidente o presidenta autonómico.

Tiene tres tipos de consejeros. Seis electivos con dedicación exclusiva y sueldo de 62.800 euros, entre los que se cuenta el ex presidente autonómico Rafael Escuredo. Cuatro consejeros electivos sin exclusividad, que dado el caso, perciben dietas, por cierto congeladas desde 2008. A ellas también tiene acceso la tercera categoría de consejeros, los “permanentes”, que pueden ser todos los expresidentes andaluces hasta cumplir los 75 años, aunque ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán han hecho uso de ese derecho.

Castilla y León

Tres consejeros elegidos y 318 dictámenes en lo que va de año. Y lo que es muy importante: integra “a coste cero” el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que en otras autonomías se ha tenido que constituir por separado y con recursos aparte. Su presupuesto ha bajado un 16% respecto a 2014, en sintonía con los recortes que se han llevado a cabo toda la legislatura, y que acumulan un 40% en los últimos cinco años. Practican la austeridad -en una de las regiones más grandes de España y Europa, a fecha de septiembre han salido de sus arcas solo 2.657 euros en conceptos de dietas de transporte o manutención- y la productividad máxima: resuelven sus dictámenes en menos de veinte días. En el resto de los consejos consultivos se recuerda que, naturalmente, gracias a la ayuda de un nutrido cuerpo de letrados de apoyo.

El Consejo Consultivo de Castilla y León sí prevé consejeros natos en sus filas, aunque en este momento quien fue el último, el expresidente José Constantino Nalda, solo figura de modo honorífico como emérito. En 2014, la institución no agotó el presupuesto, devolvió el 6%.

Comunidad Valenciana

El Consejo Jurídico Consultivo 2015 cuenta con un presupuesto congelado, que es un 26,7% menor al de 2010. En este periodo, ha pasado de tener a su disposición de 40 personas a 35. Seis son consejeros electivos en régimen de exclusividad, entre ellos el presidente, y todos con un sueldo muy similar en torno a los 57.500 euros.

Este órgano cuenta entre sus filas también con natos, prueba de ello es el expresidente Francisco Camps, que no tiene voto, pero cobra como los demás. Ha sido a la vez diputado autonómico, aunque renunció a su sueldo como tal.

Canarias

Su presupuesto 2015 también está congelado. No cuenta con natos: cuatro de sus consejeros son nombrados directamente por el presidente autonómico, cuatro a propuesta del Parlamento y tres del Gobierno. Siempre cumplen el requisito de ser juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Canarias suspendió su régimen de dietas en 2012 y 2014, pero lo ha recuperado este año. A pesar de tratarse de un archipiélago, lo que en principio exigiría desplazamiento de sus miembros con los consiguientes gastos, los consejeros han cargado, no obstante, a la cuenta del consejo 3.066,78 euros contra factura por asistencia a comisiones no consultivas, que se pagan a 59 euros brutos. También tienen derecho a que se les abone el alojamiento o los billetes de avión o barco, pero hasta la fecha no han reclamado absolutamente nada por esos conceptos.

Galicia

Su organigrama sí integra consejeros natos, concretamente tres a entre 58.659,48 y 65.996,94 euros, entre los que se cuenta el expresidente socialista Emilio Pérez Touriño. Presenta el Consello Consultivo de Galicia un cuadro de retribuciones complejo, según el cual, el presidente y tres de sus consejeros reciben un complemento personal -eso sí, pagado por el Ministerio de Justicia- para equiparar a su retribución a las que les correspondería en sus puestos de origen, que en los cuatro casos es de funcionarios. Sus sueldos, incluidos trienios oscila entre los 80.178,10 del máximo representante de la institución y los 64.857,12 del consejero con la nómina más baja.

A fecha 31 de agosto, el Consello ha dispuesto 1.422,71 euros en gastos de representación justificados y atenciones protocolarias. Su presupuesto ha bajado un 14,3% desde 2008, incluido el crecimiento de un 2,5 con respeto al año anterior que ha experimentado este 2015.

Extremadura

Junto a Castila y León es el otro único consejo consultivo de España que ha incorporado, y sin incremento de recursos, las funciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tal y como lo exige la UE.

Que Pedro Tomás Nevado-Batalla dejara su cargo como consejero del Gobierno de José Antonio Monago para convertirse en presidente de este órgano en sustitución de Clemente Checa, que a su vez se fue a forma parte de ese Ejecutivo del PP, levantó más que críticas en su día. Hoy, a pesar de que su regulación prevé la presencia de miembros permanentes -natos-, ni siquiera los tiene. Su esfuerzo presupuestario a la baja se refleja en un descenso del 37% desde 2008.

Castilla-La Mancha

Es el único consejo consultivo que no ha informado sobre la cuantía de las dietas o indemnizaciones de las que puedan beneficiarse sus consejeros al margen de sus respectivos sueldos, que se reconocen en el artículo 14 de su Reglamento Orgánico. El texto recoge la incorporación de miembros natos, aunque en la actualidad ninguno de los que tienen derecho a ello ocupan asiento en este órgano.

Su presupuesto ha descendido un 11% desde 2009.

País Vasco

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi está compuesta íntegramente por funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración Autonómica, a excepción del cargo de presidente y vicepresidente, que desempeñan el viceconsejero de Régimen Jurídico y el director de Control Normativo del País Vasco. Ninguno de los dos cobra sueldo alguno en este órgano.

El resto trabaja en régimen de exclusividad, por lo que perciben retribuciones entre los 67.083 y los 64.677 euros.

Asturias

En el Consejo Consultivo del Principado no se andan con intermediarios, y quien facilita la información es directamente su presidente, Bernardo Fernández, aunque la institución dispone ya de por sí de una de las webs más completas del club. Un diez en transparencia. Está prácticamente todo.

En ella se refleja que del presupuesto de 1.573.000 euros de 2014, todavía les sobró el 10% y lo reintegraron a las arcas asturianas. En 2015 lo han bajado un 1,3%. Aquí no solo no hay consejeros natos, sino que además tienen vetado el acceso quienes militen en partidos o sindicatos o hayan ocupado cargos en ellos, quienes ejerzan mandatos representativos o estén en colegios profesionales, entre otros.

Murcia

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia no tiene consejeros natos y ni siquiera sueldos. Sus consejeros cobran por asistir a sesiones plenarias, -que se han reducido en número para abaratar gastos- y por estudio de los expedientes, ponencia y participación en los debates. La media el año pasado fue de 26.000 euros cada uno de ellos.

En este órgano atiende al teléfono también su presidente, Antonio Gómez Fayrén, que subraya que las condiciones de no exclusividad en las que trabajan sus compañeros aporta un plus de objetividad a los dictámenes, que cada día son más porque las solicitudes se multiplican.

Baleares

El Consell Consultiu de Baleares está integrado por diez juristas, ninguno de los cuales recibe un sueldo fijo, sí una indemnización por asistencia a las sesiones de 641 euros brutos, cifra que es un 35% menor a la de 2009.

Desde entonces, su presupuesto ha bajado un 15,86 por ciento, aunque este año ha crecido un 10,4%. Las reducciones más importantes que se han registrado durante estos años han afectado a los gastos de atención protocolaria (90%), al número de sesiones (-61%); a material de oficina e informáticos (-64,14%) o al alquiler, que se ha recortado un 22,7%.

Navarra

La primera decisión de sus vocales en 2013 fue bajar el precio de la indemnización por ponencia un 5%. No tienen sueldo, también concentran el máximo contenido en el menor número de sesiones para ahorrar y -subrayan en el Consejo navarro- los dictámenes los hacen ellos, no ayudantes ni letrados de apoyo. El resultado es que en 2014 no ejecutaron gran parte de su presupuesto y devolvieron a las arcas forales el 39%. Todo un récord.

La Rioja

Desde 2010 han visto como su presupuesto se reducía el 28,7%. Este año lo ha hecho un 9,8%. No tienen retribuciones fijas, es decir, sueldo, sino diversos tipos de indemnizaciones, cuya cuantía máxima son los 1.500 euros brutos correspondientes a una ponencia que se considere “excepcional” por su volumen o dificultad. Por estos conceptos, la institución libró en 2014 119.842 euros entre sus consejeros.

Aragón

Su presupuesto congelado es el más bajo de España: 323.404 euros este año. El pasado, esta institución dedicó 160.000 euros a pagar indemnizaciones a sus miembros, que no tienen sueldo.