Simbolismo e incumplimientos en tres meses de gestión

Madrid

T.G. Rivas

Manuela Carmena se comprometió en campaña a cumplir con cinco medidas en sus cien primeros días de Gobierno, las iniciativas que más consenso habían conseguido en una consulta ciudadana. Pero solo han materializado una, y no en plenitud: « Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional». Como ya autocorrigió la alcaldesa, la paralización de los desahucios no es una competencia municipal, así que se limita a intentar buscar prórrogas a aquellas personas que todavía no les han comunicado una fecha de lanzamiento, u ofrecer alojamiento alternativo.

Las cuatro promesas restantes están en fase de negociación o son casi inviables. Ahora Madrid dijo que en cien días «pararían la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público». Su corta experiencia les ha demostrado que es complicado. El contrato de la limpieza está blindado hasta 2021, así que están buscando soluciones alternativas para paliar la suciedad de la ciudad; con la recogida de basuras han preferido prorrogar un año más la concesión a Ferrovial, FCC y ACS.

Hasta el momento no se ha escuchado nada sobre cómo procederán para «garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos»; están reuniéndose con las eléctricas. Respecto a «garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a acciones de prevención y promoción de la salud a todas las personas con independencia de su situación administrativa» y «desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración», están en vías de negociación. Todavía sigue en fase de estudio la rebaja salarial que prometieron.

Barcelona

À. Gubern

En Barcelona, como en la mayoría de ciudades gobernadas por la nueva izquierda, el ímpetu de los programas electorales ha dado paso a una gestión más pegada a la realidad, aunque salpimentada con gestos populistas y simbólicos que tienen como objetivo contentar a su electorado.

En la capital catalana, el más visible de ellos fue la retirada del busto del Rey Don Juan Carlos del salón de plenos municipal, primera medida de un plan de revisión de los símbolos monárquicos en la ciudad. Definitivamente, Ada Colau consiguió titulares en prensa y televisión tras un primer tramo de mandato en tono más bien átono.

Junto con este tipo de gestos no explicitados en su programa -los ediles de Barcelona en Comú tampoco irán a la misa de la festividad de la Mercè-, sí se han tomado medidas de mayor alcance, la principal, la decisión de aprobar una moratoria que al menos durante un año impedirá la apertura de nuevos establecimientos turísticos en la ciudad. Grandes inversiones han quedado paralizadas a la espera de la revisión del modelo turístico.

Frente a esta medida que amenaza inversiones y puestos de trabajo, Colau pudo compensar anotándose la renovación del contrato que vincula el Congreso Mundial de Móviles a la ciudad, un alivio después de que en campaña pusiese el acontecimiento en el punto de mira.

En materia de vivienda, Colau ha impuesto las primeras doce multas a entidades bancarias por tener pisos vacíos, primera medida para intentar aumentar el parque de vivienda social. Procedente de la PAH, la alcaldesa anuncia que priorizará esta materia.

Otras medidas incluidas en su Plan de Choque, como la de acabar con la precarización laboral o la renta mínima complementaria, siguen inéditas.

Zaragoza

Roberto Pérez

Los primeros meses del gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), encabezado por Pedro Santisteve, han ido amortiguando el discurso rupturista con el que se presentó a las elecciones esta coalición auspiciada por Podemos. Por ejemplo, ha quedado aparcado el ímpetu contra los bancos: los préstamos que acumula el ayuntamiento se siguen pagando según lo contratado y se ha optado por anunciar una pretendida renegociación de las condiciones. Las políticas de «emergencia ciudadana» que ZEC abanderaba como prioridad han cedido protagonismo en el día a día de un ayuntamiento agobiado por los pagos a los que tiene que hacer frente tras la larga etapa del socialista Juan Alberto Belloch, que contó con el apoyo de Izquierda Unida, ahora integrada en ZEC.

Tras unas primeras y controvertidas medidas de imagen -cambio del nombre del Pabellón Príncipe Felipe o reforma del protocolo contra la presencia de la corporación en actos religiosos-, ahora ZEC pone el foco en cómo hacer frente a las cuentas del ayuntamiento. Y, para eso, lejos de poner en cuestión el pago de la deuda con los bancos, lo que ya plantean es recurrir a nuevas operaciones de deuda financiera para tapar el agujero al que tiene que hacer frente el consistorio.

En el haber de Santisteve aparece la paralización de algunos proyectos que el PSOE había dejado preparados, como la cesión y rehabilitación del estadio de La Romareda. Se han bajado los salarios del alcalde y de los concejales. Santisteve se lo ha rebajado un 25%, aunque los 75.000 euros brutos anuales que pasa a cobrar le convierten en el tercer cargo electo mejor pagado de Aragón, por detrás del presidente regional y el de las Cortes. En cuanto a la lista de asesores, se mantienen las 39 plazas que existían en la anterior legislatura.

Ciudades de Galicia

Darío Domínguez

Tras el 24-M Galicia fue una de las comunidades en donde la izquierda radical hizo una aparición más acusada, especialmente en la provincia de La Coruña, cuyas tres ciudades han pasado a manos de las marcas bajo las que Podemos concurrió a la cita y que han tomado el nombre genérico de Mareas. No dejaron pasar ni 24 horas desde su toma de posesión para desatar la primera de sus polémicas: los regidores de Santiago y La Coruña renunciaban a acudir a una tradición centenaria como la ofrenda al santísimo sacramento del antiguo Reino de Galicia por su carácter religioso. Meses más tarde, el compostelano Martiño Noriega también rehusó asistir a la misa nacional del día del Apóstol. Pero no solo son sonadas las ausencias del nuevo alcalde de la capital en actos confesionales, sino que tampoco quiso estar presente en las dos ceremonias de reconocimiento civil más importantes de la Comunidad y que se celebran en su ciudad, las Medallas de Galicia y las Castelao.

Tampoco hubo que esperar mucho para ver el primer incumplimiento del programa electoral de las nuevas formaciones. Tras haber criticado con dureza que la Xunta no abriese los comedores escolares y los motivos que se dieron para no hacerlo, los nuevos alcaldes, además de no abrirlos, decidieron adoptar el modelo que sigue el Ejecutivo gallego en el verano para la alimentación de los niños con pocos recursos.

Sin grandes proyectos a la vista, incluso sus socios socialistas -que han apoyado por acción u omisión en los tres casos sus llegadas al poder- les han afeado que estuviesen más pendientes de participar en la conformación de una «Marea gallega» de cara a las elecciones generales que de su acción de gobierno diaria. Por su parte, el desarrollo de su actividad ha estado marcado por acciones simbólicas de contenido ideológico como la prohibición de los toros en La Coruña, las amenazas de dejar a la Semana Santa de Ferrol sin ayudas o la retirada de la subvención a dos ONG en Santiago por su condición pro vida.

Cádiz

A. R. Vega

Lo primero que hizo José María González, más conocido como «Kichi», nada más coger el bastón de la alcaldía fue quitar el retrato del Rey Juan Carlos que había presidido el despacho de la popular Teófila Martínez durante dos décadas. En su lugar, el nuevo regidor, aupado al poder gracias al PSOE, colocó un cuadro de Fermín Salvochea, un anarquista que llegó a ser alcalde gaditano en la Primera República y que se ganó el apodo del «Santo de la Anarquía». Desde entonces, el «kichismo» se ha conducido en la gestión diaria a trompicones. Bloqueado por su propia impericia para negociar o el desconocimiento del reglamento municipal (en el último pleno ordinario hizo a los ediles levantar la mano para intervenir), y noqueado por una oposición que no le pasa una. Los eslóganes y las ocurrencias han desplazado a las realidades tangibles. La penúltima ha sido la creación de «jurados» ciudadanos para examinar las gestiones municipales.

Para un mismo asunto, la celebración de las tradicionales barbacoas en la playa con motivo del Trofeo Carranza de fútbol, el equipo de gobierno ofreció en un mes tres propuestas distintas, a cual más contradictoria. Primero, el concejal Adrián Martínez planteó utilizar todo el litoral de la capital para recuperar el sentido orginal y familiar de la fiesta, que con los años había derivado en un macrobotellón. Del todo pasó a la nada. El delegado de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, propone luego suprimir la fiesta para el próximo año. Para acallar las críticas, «Kichi» da marcha atrás y amplía el espacio dedicado a las barbacoas solo 200 metros, prácticamente el espacio acotado por el PP.

Además, el equipo de gobierno propuso en julio cambiar de nombre el estadio Ramón de Carranza «para cumplir con la Ley de Memoria Histórica». Luego se lo pensó mejor y dijo que no es urgente. El último invento del «kichismo» ha sido la creación de «jurados» ciudadanos, ante los que la clase política deberá examinarse.