Rafael Catalá
Rafael Catalá - efe

Sánchez propone una medida anticorrupción y el PP insiste en que ya existe

El PSOE se defiende asegurando que su propuesta es «más ambiciosa»

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que la reforma penal que propone contra la corrupción está en vigor desde el día 1 de este mes. Sánchez anunció una serie de promesas contra la corrupción, entre ellas una reforma del Código Penal para que los condenados por esos delitos tengan que dar cuenta con su patrimonio, también con el que hayan podido «esconder a nombre de terceros».

Catalá le ha recordado que esta legislatura se han reformado 250 artículos del Código Penal, entre ellos los que tienen que ver con la lucha contra la corrupción para lograr que el responsable penal de un delito devuelva todas las ganancias ilícitas derivadas del mismo, que se puedan asimismo decomisar los bienes procedentes de actividades delictivas cuando son transferidos a terceros y que los jueces puedan revocar la suspensión de las penas si no se satisfacen las deudas tributarias o con la Seguridad Social.

Además, Catalá recordó que la reforma, que no contó con el respaldo del PSOE, garantizará que los condenados por delitos de corrupción tendrán que «asignar todos sus recursos para la devolución de lo robado».

UPyD también se subió al carro de las críticas, a través de Andrés Herzog, que no dudó en recordarle al líder socialista que la medida propuesta ya existe.

Desde el PSOE, la dirigente socialista María González Veracruz se ha recordado a Catalá que el PSOE ya planteó esta propuesta en las enmiendas a la reforma del Código Penal pero la mayoría absoluta del PP en el Congreso impidió que saliera adelante. «Quien tiene que saber o querer saber lo que se vota a favor o en contra debería ser Catalá», ha señalado la diputada socialista en declaraciones a Europa Press, quien ha pedido al ministro que no de lecciones a nadie.

Asimismo, ha incidido en que la medida propuesta por el PSOE «va más allá» de lo contemplado en el Código Penal en vigor ya que se busca que el condenado por corrupción haga frente a sus responsabilidades «no sólo con los bienes patrimoniales obtenidos por el delito, sino con todos sus bienes patrimoniales presentes y futuros».

También pretende que los familiares o allegados de los encausados y condenados estén obligados a hacer frente a esa responsabilidad cuando «por signos externos se aprecien indicios de que han experimentado un incremento patrimonial desproporcionado con respecto a los ingresos que estos hayan podido obtener legalmente». En este caso, quieren permitir que el juez o el tribunal pueda llevar a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho patrimonio y adoptar las medidas que en su caso procedan.

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