La Audiencia Nacional cierra la causa por las torturas en la base de Guantánamo

Otra investigación cae en el baúl de las causas de la justicia universal archivadas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha cerrado la investigación de las torturas a cuatro presos en la base militar estadounidense de Guantánamo y ha propuesto a la Sala de lo Penal que la archive porque España no tiene competencia. La Sala de lo Penal tiene la competencia para dar el carpetazo al estar ante un procedimiento sumario.

El magistrado explica que la causa no cumple los requisitos exigidos por la reforma de la ley de la justicia universal, que aprobó el PP, para que España tenga competencia para investigar. Esta norma exige que los acusados sean españoles, o extranjeros que residan en España, o extranjeros que se encuentren en España y cuya extradición haya sido denegada en nuestro país.

Esta causa nació de una querella presentada en 2009 por diversos grupos —la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de España— contra seis miembros de la administración del expresidente de Estados Unidos George W. Bush, quienes crearon la infraestructura legal de la base de Guantánamo, una cárcel de alta seguridad para presos acusados de terrorismo. Obama prometió cerrarla en su campaña electoral.

Las víctimas de las torturas eran el conocido como «talibán español», Hamed Abderramam Ahmed, nacido en Ceuta; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en España; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

El juez, como ya hiciera en otras causas, alude a la interpretación, tan estricta, que ha hecho el Tribunal Supremo de la legislación para argumentar que la Audiencia Nacional no tiene competencia. Según este criterio, la justicia española no puede investigar los delitos internacionales, salvo que se cumplan los requisitos marcados en la ley, a pesar de los convenios internacionales.

Añade que, a pesar de que una de las víctimas tenía la nacionalidad española en el momento de los hechos, el procedimiento no se dirige contra acusados que cumplan los requisitos de la ley. Los delitos que se investigaban eran torturas, contra la integridad moral, de lesa humanidad y contra personas protegidas en caso de conflicto armada. El juez tampoco cree que todos encajen en los hechos objetos de la querella.