Andreu pregunta a Fiscalía de la Audiencia Nacional por un asunto de Anticorrupción

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió a primeros de mes preguntar a la Fiscalía de ese órgano jurisdiccional sobre si el caso de Banco Madrid era de su competencia o debía investigarlo la Audiencia de Madrid. Todo sería normal, si no fuera porque es público y notorio que esa investigación, desde el primer momento, ha sido llevada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y, por tanto, lo lógico sería que fuera ésta la que se pronunciara sobre el asunto.

La explicación a tan rocambolesca situación hay que buscarla en un escrito enviado en julio del año pasado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al Juzgado de Instrucción Decano en el que pide que todos los procedimientos, salvo los que se refieren a asuntos de droga o aquellos incoados en virtud de denuncia o querella de Anticorrupción, pasen por sus manos.

Y ello, aunque el caso en concreto -como claramente es el de Banco Madrid- pueda ser luego asignado a la mencionada Fiscalía. «Andreu ha actuado como todos los jueces desde ese momento», afirman fuentes de la Audiencia Nacional, que descartan, por tanto, cualquier otro tipo de motivación en la actuación del magistrado.

Fuentes fiscales consultadas por ABC matizan esta cuestión. «Esa instrucción sería de aplicación si una Fiscalía no ha hecho previamente ninguna diligencia de investigación sobre el asunto, lo que no es el caso. En ese supuesto es lógico que primero se envíe el asunto al fiscal de la Audiencia Nacional y que luego se decida la competencia. Y Andreu, como juez, puede preguntar a quien considere oportuno, porque no está sometido a las reglas del Ministerio Público, aunque lo lógico es que si sabe que estaba Anticorrupción en ello se hubiera dirigido directamente allí. Lo contrario puede entenderse como una desconsideración, pero evidentemente no hay irregularidad alguna».

Pero no es la única sorpresa que ha deparado este asunto. Lo lógico es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiera dado traslado del escrito de Andreu a sus compañeros de Anticorrupción nada más recibirlo, lo que sin embargo tampoco se ha producido a pesar del intercambio de llamadas entre una y otra Fiscalía.

«Esto se entiende todavía menos, porque Zaragoza sabe que la Fiscalía Anticorrupción no puede abrir diligencias de investigación sin el mandato expreso del fiscal General del Estado, por lo que en este asunto no podía haber la menor duda sobre la competencia», dicen las fuentes consultadas. Pero si hubiese tenido dudas «y siguiendo la instrucción 2/2010, debía haberse puesto en contacto con el jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, para llegar a un acuerdo y solo en caso de que no se lograra pedir la intervención de la máxima autoridad del Ministerio Público».

Finalmente, la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado el correspondiente decreto para ordenar lo que era sabido por todos los que conocían mínimamente el asunto: que la competencia corresponde a la Fiscalía que dirige Antonio Salinas. El problema, claro está, es que una cuestión que podía haberse resuelto en unos días lleva ya semanas de retraso. Es decir; de forma absurda, se ha producido una dilación en el funcionamiento de la Justicia perfectamente evitable.

Las relaciones de Fernando Andreu con Anticorrupción se deterioraron en el momento en que ésta, con el respaldo de la Fiscalía General del Estado, pidió la imputación de varios policías por el caso de la mafia china de Gao Ping. Hay que recordar que uno de los agentes implicados, el comisario Carlos Salamanca, ex jefe de la Comisaría de Barajas, es buen amigo suyo, lo que le obligó a pedir la inhibición en este asunto, que ahora instruye el juez Ismael Moreno. La Sala archivó posteriormente la imputación de Salamanca, pero esa es una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía del Tribunal Supremo y se está a la espera de que resuelva el alto Tribunal.