Emilio Lamo de Espiona, juez decano de Melilla (en el centro), en un acto de la Guardia Civil
Emilio Lamo de Espiona, juez decano de Melilla (en el centro), en un acto de la Guardia Civil - abc

Melilla investigará por qué el juez decano alteró datos oficiales

Bienestar Social, tras la publicación de ABC, abrirá un expediente por si hay ilícito penal

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«Vamos a abrir una investigación para ver el alcance que tiene esta irregularidad y poder determinar si se ha cometido una infracción administrativa o bien un ilícito penal». Son palabras de la consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garvín, después de que ABC publicara que el juez decano, Emilio Lamo de Espinosa, había alterado datos del padrón. Su mujer y sus tres hijos figuran inscritos en una vivienda distinta al domicilio familiar. Y este último es el que aportó su esposa para la obtención del título de familia numerosa. Sobre el papel con ese título entre otros beneficios pueden acogerse a la desgravación de 1.200 euros en su declaración.

Según pudo comprobar este periódico, la segunda hija del matrimonio accedió a un colegio concertado religioso al obtener todos los puntos por zona, una vez que la esposa del juez y sus tres hijos se inscribieron en una vivienda cercana a ese colegio, en la carretera de Farhana en lugar del Paseo Marítimo donde residen y en cuyo entorno hay dos colegios públicos.

«Ambos conocen la Ley»

La inspección de más de 10.000 títulos de familia numerosa llevada a cabo por la Ciudad Autónoma evidenció la falsificación tras cruzar los datos del padrón con los del título, de ahí que requiriera a la esposa del juez, la titular del documento, que regulara la situación. El marido y una hija de la titular del Juzgado número 1 también se empadronaron en esa casa por los mismos motivos. En total había inscritas 12 personas hasta hace días.

«Hemos detectado más irregularidades y falsificaciones, pero el caso de estas dos familias incumple claramente las condiciones del título de familia numerosa que ha de vivir bajo el mismo techo salvo las excepciones previstas», explica la consejera, quien recalca que a estos expedientes se les ha dado el mismo tratamiento que al resto. «Aunque es evidente que en ambos casos conocen la Ley», insiste. Según Garvín si se ha cometido un ilícito penal, se dará cuenta a la Fiscalía.

Emilio Lamo de Espinosa, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, ha defendido el estricto cumplimiento de la ley para mantener imputados a nueve guardias civiles, incluido el jefe de la Comandancia por las llamadas «devoluciones en caliente». Este tipo de devoluciones llevan produciéndose más de una década pero ha sido el juez decano el primero en imputar a los agentes que custodian la frontera. Al coronel le atribuye un presunto delito de prevaricación y a ocho de sus subordinados trato degradante y lesiones.

Pero mucho antes de esas imputaciones, Lamo de Espinosa ya había tenido un rifirrafe con Interior, o al menos un cruce de pareceres infrecuente. ABC ha tenido acceso a la carta que envió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de que este visitara Melilla en julio de 2012.

La misiva está fechada el 10 de ese mes, un día después de la visita y firmada por él en calidad de juez decano en funciones (su nombramiento fue publicado en el BOE el 21 de septiembre). En ella Lamo de Espinosa relata la agenda institucional completa del ministro: recepción con el presidente Imbroda, encuentro con miembros del Consejo de Gobierno, con el delegado del Gobierno y mandos policiales y, por supuesto, visita a la frontera.

«No puedo dejar pasar esta oportunidad de expresar el profundo pesar que sentimos los jueces y magistrados de Melilla, al habérsenos privado de toda participación en esta jornada (...) No debe olvidarse que el control de la observancia de la legalidad en la frontera es labor juridisccional, propia de los jueces y magistrados de Melilla (...)» Su queja era que el Poder Judicial había sido «completamente olvidado».

El ministro, perplejo, se la envió al presidente del Consejo General del Poder Judicial y desde el CGPJ respondieron al decano: «(...) Como usted sabe, cualquier queja que pudiera tener como la que relata en su carta, con independencia de que sea o no afortunada, debe canalizarla a través de este órgano y no dirigirse directamente al ministro».

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