Todos los ministerios incurrieron en irregularidades en 2012

En el año 2012, ningún ministerio superó el examen del Tribunal de Cuentas. Todos ellos incurrieron en algún momento en irregularidades administrativas a la hora de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente en el ámbito de la contratación pública. Esta conclusión se desprende del Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal celebrado durante el ejercicio 2012, aprobado el pasado 20 de diciembre por el Pleno del organismo fiscalizador del Estado.

Las irregularidades son principalmente incidencias registradas en alguna de las distintas fases del proceso de contratación pública: desde la preparación, perfección y adjudicación, hasta la ejecución, modificación y, finalmente, su extinción. Principalmente, las incidencias suelen estar relacionadas con la vulneración de alguno de los tres principios que según el organismo debe cumplir todo contrato público: legalidad, eficiencia y economía.

Si bien en todos los ministerios se adjudicaron contratos que no se adaptan estrictamente a lo establecido en la legalidad vigente, generalmente se trata de incidencias menores. Así, a lo largo del informe, de más de doscientas páginas, se repasan uno por uno todos los ministerios, así como hasta cien entidades públicas dependientes de éstos y otras entidades públicas.

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, el informe apunta que, en un significativo número de expedientes, no se acredita suficientemente la necesidad de la operación que es objeto de la contratación, no se justifica la falta de medios personales y materiales ni tampoco consta que se realizara un estudio objetivo comparativo del coste económico.

Asimismo, en algunos de los expedientes de contratación el Tribunal ha detectado deficiencias al determinar el precio del contrato, ya que incluye gastos que o bien no estaban aprobados por el órgano de contratación o bien no estaban definidos en el propio contrato.

Se paga a tiempo

Unas de las conclusiones positivas del informe es que en el sector público estatal habitualmente se paga a tiempo: el Tribunal de Cuentas afirma que «con carácter general» las entidades fiscalizadas han abonado el precio de los contratos dentro del plazo legalmente establecido. Sin embargo, en el caso del sector público empresarial no financiero, «en alguno de los expedientes examinados se han observado sensibles retrasos en el pago de las facturas».

Por otra parte, existen vulneraciones vinculadas a la obligación de todo organismo público de remitir documentación sobre su actividad al Tribunal de Cuentas: «son especialmente significativos los incumplimientos y las demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias de ejecución de los contratos como la finalización de las mismas», asegura el informe.