Los impulsores del 9-N fracasaron en su intento de lograr eco internacional

Un fracaso detrás de otro

En la «hoja de ruta» presentada por Artur Mas, la llamada «internacionalización del proceso» es clave. Así, entre las funciones del «gobierno de transición» que surgiría de las elecciones «plebiscitarias» estaría, en palabras del propio Mas, dar a conocer al mundo el alumbramiento de un nuevo estado: comunicar al Estado español y a la comunidad internacional la intención de constituir un Estado en Cataluña, así como la apertura de negociaciones, «si es necesario con la mediación externa».

Pese a estas intenciones y los recursos gastados -1,08 millones únicamente la contratación de una consultora para ejercer de «lobby» soberanista-, la siembra que desde hace años viene haciendo el Gobierno de la Generalitat en el extranjero ha cosechado resultados nulos.

En este sentido, la proyección internacional del 9-N ha sido nula. Ningún gobierno de ningún Estado ni organización internacional ha apoyado las pretensiones internacionales del movimiento soberanista. Bien al contrario las manifestaciones de los principales países de la UE (Reino Unido, Francia y Alemania), la Comisión Europea y Estados Unidos son negativas para los postulados soberanistas.

Por otra parte, no se logró la presencia de observadores internacionales oficiales; los que mostraron las organizaciones eran políticos afines (la mayoría eurodiputados nacionalistas o miembros de movimientos europeos nacionalistas), que asistieron a título individual.

Por otra parte, la prensa internacional recibió con frialdad el 9-N e incluso en algunos casos con calificativos que el soberanismo considera despectivos (simulacro, encuesta no oficial...).

La diplomacia catalana, estrellada contra las rocas, no logra «internacionalizar» el proceso.

El coste

Antes de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiese la primera consulta prevista para el 9-N, el Gobierno de Mas calculó un coste de organización de 12.947.116,9 millones, según quedó establecido en el anexo de memoria económica del decreto de convocatoria publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. Esta cantidad solo preveía el operativo logístico, sin recoger otros costes nada menores, como el de las horas extras de los 6.992 agentes de los Mossos d’Esquadra desplegados y el de las respectivas policías locales.

Finalmente, tras la anulación del TC, la Generalitat improvisó un «proceso participativo» con menores garantías y llevado a cabo principalmente por voluntarios, unos 40.000. Aunque todavía no se ha concretado, en su momento se estimó un presupuesto de entre 3,5 y 5 millones, sin contar tampoco con los costes añadidos, como el de la Policía autonómica y Local, ni el que destinaron entidades como la ACN o Òmnium Cultural.

La publicidad

Aunque durante semanas la información sobre la consulta ocupó de forma monotemática las parrillas de radio y televisión en Cataluña, la Generalitat lanzó dos campañas de comunicación. La primera fue suspendida por el TC, aunque los spots no se retiraron, sino que se aprovecharon precisamente para explicar de manera pormenorizada la prohibición. El «proceso participativo» que sustituyó a la consulta contó también con su propia campaña, que la Generalitat, por otra parte, intentó que medios privados emitiesen de manera obligatoria y gratuita. El Gobierno catalán ha instado al Consejo del Audiovisual de Cataluña a que sancione a los citados medios por su negativa. En conjunto, y sin que la Generalitat haya dado cuenta de las cifras, se estima que se habrán gastado 416.411 euros en la campaña de prensa y radio, y 366.500 en la de televisión. La ANC, por su parte, habría gastado unos 127.730 en publicidad en prensa. Total: 910.641 euros.

Los medios

Uno de los termómetros de los que el independentismo está más pendiente es el de la repercusión del proceso en los medios internacionales. Para la Generalitat, el impacto ha sido notable, citando por ejemplo las decenas de periodistas extranjeros acreditados para el 9-N. Por contra, se subraya desde el Gobierno, el espacio dedicado y el tratamiento dado a la consulta indican una frialdad total. «En general el 9-N fue tratado en páginas interiores y con artículos menores», afirman fuentes diplomáticas. De igual forma, se destaca que en la mayoría de casos se aludió a la consulta con «calificativos despectivos», resaltando su carácter informal. El «Washington Post», por ejemplo, usó el término «mock» (simulacro). Frente a esta visión, el independentismo subraya de manera especial el tratamiento favorable dado al «derecho a decidir» en la prensa anglosajona: el editorial de «The Economist» -«Catalonia’s future: Let them vote» (Déjenles votar)- se señala como un triunfo del soberanismo.

La respuesta internacional

Según fuentes diplomáticas españolas consultadas por este diario, el balance de la labor del «foreign office» catalán es más bien negativo, con algunos episodios en los que incluso se rozó el ridículo. El caso más destacado fue el de las cartas remitidas por Artur Mas a los principales mandatarios internacionales, en los que se hizo explícito «un evidente desconocimiento de las normas y usos diplomáticos», según precisan las mismas fuentes. La misiva remitida a primeros de enero «fue mandada en algunos casos por fax a números caídos en desuso o en los que el propio sistema de fax hacía ilegible parte del texto». También se señala la falta de tacto que supuso, por ejemplo, que se remitiesen cartas en inglés a líderes de países como Francia, muy celosos de su idioma y nada proclives a simpatizar con el nacionalismo. El balance de la «ofensiva postal» del presidente catalán se hizo explícito enseguida: «Ausencia general de respuestas». Un mes y medio después del envío, solo dos de las 28 cartas habían obtenido respuesta.

Fuentes diplomáticas también señalan los escasos frutos recogidos por el «lobby» internacional contratado por la Generalitat para hacer proselitismo en cancillerías e instituciones internacionales. Los 1,08 millones pagados a la consultora británica «Independent Diplomat» no han cundido lo que se esperaba. «Los contactos mantenidos han tenido lugar a bajo nivel y en muchas ocasiones con carácter informal», señalan fuentes diplomáticas, conocedoras de estos encuentros por la comunicación que las citadas personas contactadas hacían posteriormente a la Embajada española en cada uno de los países. Escaso impacto han tenido también las actuaciones de Diplocat -la «red diplomática» catalana-, si bien las mismas fuentes reconocen la existencia de un muy activo asociacionismo independentista integrado por catalanes residentes en el extranjero.

Observadores

Señalan fuentes diplomáticas que, pese a las gestiones hechas por el secretario general de Asuntos Exteriores y de la UE de la Generalitat para obtener la presencia de observadores internacionales oficiales en el proceso del 9-N, la negativa fue rotunda. Ni la ONU, ni la OSCE, ni el Consejo de Europa ni el Parlamento de Europa mandaron observadores; entre otras cosas, porque la pseudoconsulta del 9-N no cumplía ninguno de los requisitos mínimos, empezando por su celebración en contra del ordenamiento constitucional y jurídico vigente.

Ante esta circunstancia, la Generalitat recurrió a «observadores internacionales no oficiales». Estos estaban coordinados por la International Commission of European Citizens, creada y financiada -así se reconoce en su web- por los «movimientos sociales de Escocia, Cataluña, País Vasco y Flandes». La mayoría de los observadores eurodiputados eran afines al movimiento nacionalista, y en consonancia «avalaron», con matices, la consulta del 9-N.