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Torres-Dulce y el fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, junto a los fiscales provinciales tras una reunión en Barcelona el pasado julio - ABC

¿Por qué los fiscales catalanes se oponen a la querella contra Artur Mas por el 9-N?

Torres-Dulce, contra las cuerdas, lleva la querella a la Junta de Fiscales de Sala para no quedarse solo en su decisión de actuar contra la Generalitat

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¿Por qué la Fiscalía del Tribunal Superior se opone a la querella?

Porque todos sus miembros sostienen ahora que no hay base sólida para imputar a Mas ni a ningún otro consejero de la Generalitat por la consulta del 9-N. Lo que no se entiende bien es por qué antes de la consulta, el 8 de noviembre, fue la propia Fiscalía del TSJ de Cataluña la que vio indicios de delito en los preparativos de la consulta (cesión de locales, distribución de papeletas, etcétera) y abrió diligencias de investigación. Eso no es todo: el mismo día 9 informó a favor de la admisión a trámite de las denuncias ciudadanas que se presentaron en distintos juzgados de Cataluña.

¿Por qué discrepa el fiscal general?

Eduardo Torres-Dulce considera que al menos Artur Mas y su «número dos», Joana Ortega, han podido cometer un delito de desobediencia, al saltarse, con una participación activa, la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

Los fiscales catalanes creen, sin embargo, que no hay desobediencia porque cuando el TC suspendió el 9-N no advirtió a la Generalitat de las consecuencias que podía acarrear saltarse la resolución judicial.

¿Ha habido presiones a la Fiscalía por parte de la Generalitat?

Fuentes jurídicas se muestran convencidas de que ha sido así. Solo de esta forma puede entenderse, dicen, que a principios de la semana pasada el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, reconociera discrepancias solo en cuanto al número de personas contra las que se iba a dirigir la querella y los delitos que la integraban, pero no sobre la interposición de la misma, sobre la que no había dudas.

¿Y ahora qué?

Al margen de la desautorización de los fiscales catalanes a su superior jerárquico, ahora es la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el propio Eduardo Torres-Dulce, la que tiene que estudiar la viabilidad de la querella. Una vez oída, el fiscal general tomará su propia decisión.

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