Los problemas judiciales se multiplican en el PP por las viviendas ilegales

El exalcalde de El Puerto Enrique Moresco ha sido citado a declarar como imputado por un caso de urbanismo ilegal abierto a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por Ecologistas en Acción en el año 2012.

El juzgado también ha citado como imputado al exconcejal popular Diego Muñoz y a la actual edil de Personal y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento portuense, Patricia Ybarra, anteriormente responsable del área de Urbanismo.

Ecologistas en Acción, el azote de los últimos gobiernos municipales de El Puerto, denunció en 2012 al entonces Ejecutivo local dirigido por Enrique Moresco (PP) por considerar que había hecho dejación de funciones en la lucha contra las viviendas ilegales en uno de los puntos más afectados por este fenómeno en la provincia.

Ese escrito fue entregado a la fiscal delegada de medio Ambiente, Patricia Navarro, que en mayo del año pasado formuló denuncia ante la existencia de posible indicios que pudieran tener un reproche penal.

A día de hoy se conoce que esa primera denuncia de los ecologistas dio lugar a la apertura de cinco procedimientos judiciales por construcciones ilegales supuestamente toleradas en suelos no urbanizables en el Pago San Antonio, la carretera de Sanlúcar o en el Corredor Verde.

Los promotores de estas acciones legales que cuestionan el papel del anterior Gobierno del PP en frenar las construcciones que atentaban contra la ordenación del territorio, confirman que el exalcalde Moresco, la exdelegada municipal de Urbanismo (hoy portavoz del Gobierno), Patricia Ybarra, y el sucesor de ésta en esa concejalía, Diego Muñoz (ya fuera del partido), han sido imputados.

La edil que sigue en el equipo del actual alcalde Alfonso Candón ha reconocido mediante un comunicado que ha recibido una citación del juzgado para declarar en enero y asegura que «siempre» ha actuado «conforme a la legalidad y teniendo en cuenta las directrices de los informes técnicos».

Ybarra ha aprovechado esa confirmación oficial para defender su papel al frente de la cartera de Urbanismo entre 2007 y 2011. Afirma que fue entonces «cuando se emplearon todos los recursos posibles para frenar la construcción ilegal».

Para Enrique Moresco, actualmente recolocado en la Diputación como asesor del Patronato de Turismo tras abandonar la Alcaldía a principios de año, la imputación devenida por esta denuncia de Ecologistas sería la segunda que sale a la luz pública en pocos días.

Las citaciones judiciales se le acumulan al exregidor, quien anunció en enero que dejaba el bastón de mando por motivos personales. Por esas fechas ya se habían iniciado varios de los procedimientos judiciales emanados de la denuncia general que había formulado Ecologistas en Acción.

En su escrito original elevado a la Fiscalía en 2012, este colectivo se basa en las numerosas denuncias que habían presentado al Ayuntamiento en referencia a construcciones que se estaban construyendo fuera de la legalidad.

A estos avisos, «sólo se recibió contestación a una mínima, con indicación de la apertura de expedientes de protección de la legalidad y orden de demolición en algún caso pero permitiendo la continuación de las obras hasta su finalización en algún caso y en todos, sin asegurar el restablecimiento de la realidad física alterada».

Este nuevo frente judicial, que puede desembocar en varias imputaciones, se conoce en la misma semana que Moresco deberá declarar en los juzgados por supuestas irregularidades en los acuerdos firmados entre la empresa que gestiona el abastecimiento de agua en la localidad (Apemsa) y Aqualia.