ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS
El sector de infraestructuras ante la crisis sanitaria del Covid-19
El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) analiza las medidas que pueden ayudar a la recuperación de este sector tras el estado de emergencia que vivimos
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Desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus , las empresas de construcción e infraestructuras han cerrado filas en torno al objetivo común de sumarse a la lucha contra la pandemia como la absoluta prioridad de nuestro sector. Desde el primer momento, marcado por la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, nos hemos puesto a la incondicional disposición del Gobierno para ayudar en toda la medida de nuestras posibilidades a superar esta situación.
Hemos implantado en todos nuestros centros de trabajo, con carácter de máxima urgencia, las medidas de higiene y prevención del contagio entre nuestros trabajadores, siguiendo las órdenes y recomendaciones de las autoridades sanitarias y hemos enviado a trabajar a casa, aprovechando los medios que la tecnología pone a nuestro alcance, a todos aquellos cuya presencia física en los centros de trabajo no es imprescindible para mantener la actividad y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y la movilidad, de importancia capital en estos momentos para asegurar los suministros prioritarios.
También nos hemos sumado a otros sectores en la ayuda a las autoridades, participando activamente, aunque de forma anónima en la mayoría de los casos, en actuaciones como la reciente finalización del hospital de Ifema en Madrid, y hemos redoblado esfuerzos en los servicios que de forma directa o indirecta ayudamos a gestionar, como hospitales, atención domiciliaria y servicios de ambulancias. En este sentido, reiteramos al Gobierno y a las autoridades autonómicas y locales la plena disposición del sector ante cualquier requerimiento que puedan hacernos para intensificar nuestra ayuda en todo aquello que sea útil para enfrentar la crisis sanitaria.
«Es algo que las compañías no pueden afrontar sin el apoyo urgente y decidido del gobierno»
Cualquier decisión del Gobierno, en lo referente a nuestro sector y continuidad de nuestra actividad, obtendrá nuestro apoyo. Pero cualquier decisión debe contar con la necesaria información para que el remedio no haga sino empeorar la situación. Nuestro país produce 100.000 millones de euros cada mes, y un 10% de esta actividad la realiza el sector de la construcción ocupando a más de 1.768.000 trabajadores, 1.268.600 directos y 500.000 indirectos, precisando para ello de la menor cuota de importaciones, el 9%, de nuestra economía.
Se trata, por tanto, del segundo sector en intensidad de mano de obra, solo superado por la agricultura, y el primero en impacto directo en nuestra industria nacional. Atendiendo al origen de la demanda, el 12% de la actividad es pública -obras civiles y equipamientos públicos- y el 88% privada -edificación residencial y no residencial-. Adicionalmente, la actividad en concesiones de infraestructuras de transporte y equipamiento público representan más de un 2% del PIB.
Nuestro objetivo fundamental en estos momentos es preservar el empleo en las empresas y proveedores, pymes y autónomos, evitando que los daños que se están produciendo y que seguirán en las próximas semanas no se vuelvan irreversibles. Pero es algo que las empresas no pueden afrontar por sí mismas y necesitan del apoyo urgente y decidido de la actuación del Gobierno. Sin cortapisas ni cicatería. En estos momentos nos jugamos el futuro de muchos españoles que de forma directa e indirecta dependemos del sector. Es el momento de gobernar y las decisiones de la autoridad competente se siguen con inusitada expectación y esperanza.
«Nuestro objetivo fundamental ahora es preservar el empleo en las empresas y proveedores»
Seopan, la asociación que presido, ha elevado propuestas al Gobierno para dotar de la mayor seguridad jurídica a las empresas en su posición de contratistas y concesionarios, que les permitan acordar soluciones con las entidades financieras y, sobre todo, medidas de liquidez como implementar en las certificaciones mensuales anticipos a cuenta para posteriormente ser regularizados hasta la certificación final de obra, que ni tendrían impacto en el presupuesto público vigente ni supondría detracción de gasto público alguno del reciente fondo de liquidez autorizado por el Gobierno.
En las concesiones de infraestructuras actualmente en operación, con reducciones medias de tráfico y usuarios que fluctúan entre el 75% y 80% en días de diario, y por encima del 90% durante los fines de semana, las medidas propuestas son, si cabe, de menor impacto económico que las indicadas para los contratos de obras. A este respecto, la declaración de fuerza mayor en estas actuaciones constituye un factor de referencia importante para financiadores e inversores, a los efectos de flexibilizar las coberturas financieras de los contratos. Otra de las medidas propuestas consiste en fijar un plazo máximo de implementación de las medidas de restablecimiento del reequilibrio recogidas en el referido Real Decreto Ley. Pues no debemos olvidar que el modelo concesional opera múltiples infraestructuras, tanto de transporte -carreteras, metros y tranvías-, como hidráulicas y de equipamiento público, y en todos los ámbitos de la administración pública.
La industria y las infraestructuras y servicios públicos representan una parte importante de nuestro PIB y de nuestro empleo, por lo que, además de poner todos nuestros esfuerzos y prioridades en la lucha contra la pandemia, debemos también pensar en el «día después» y en poder decir a los españoles que siguen teniendo trabajo y que podrán seguir con sus vidas. Las empresas, como hasta ahora, van a seguir estando a la altura. Espero y deseo que el Gobierno también.
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