Sánchez dispara el consumo público y supera el récord del Plan E de Zapatero
La cercanía de elecciones regionales y municipales, así como la subida salarial a funcionarios explican el incremento a 222.594 millones, que por primera vez sobrepasa al del año 2010
Pese a que el Gobierno ha diseñado unos Presupuestos con el mayor aumento del gasto desde 2010, lo cierto es que el grueso del desembolso público ya voló en 2018 a máximos históricos , superando por primera vez al del bienio 2009 y 2010, cuando se elevó a niveles récord debido al impacto de los 12.000 millones de inversiones y gastos del Plan E del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo atestiguan las cifras de contabilidad nacional publicadas por el INE y recogidas en el Producto Interior Bruto (PIB) del año pasado: el consumo de las Administraciones Públicas alcanzó los 222.594 millones de euros en 2018, su mayor cota anual de la serie histórica que arranca en 1995, superando por primera vez la de 2010, último año de expansión fiscal bajo la batuta de Rodríguez Zapatero, cuando la Unión Europea pidió ajustes para reducir un déficit que llegó a rebasar la barrera del 10% del PIB.
La mayor aceleración se produjo, precisamente, a final de año pasado, cuando arrancó el Gobierno de Pedro Sánchez y entraron en vigor los Presupuestos de 2018. Las administraciones registraron en el último trimestre un gasto en consumo público de 56.676 millones , el mayor en tres meses de la serie histórica del INE que arranca en 1995, en datos ajustados de estacionalidad y calendario. Frente al cuarto trimestre de 2017 subió un 3%, el mayor incremento desde, precisamente, 2009. Ello se debió al aumento del gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, a meses de las elecciones, ya que las administraciones territoriales suponen un 80% del total del consumo público, que sin embargo viene determinado en buena parte por decisiones del Gobierno central. Las cuentas de 2018 permitieron una mayor relajación a regiones y consistorios para sortear la regla de gasto –el corsé que fija un límite ligado al crecimiento al desembolso– y así elevar su desembolso, a meses de los comicios. Una medida apoyada por el Gobierno socialista, que era favorable a suavizarla más.
A ello se le unió el aumento salarial del 1,75% a los empleados públicos –además de un 0,25% de fondos adicionales– a los tres millones de funcionarios, que aprobó el Gobierno de Rajoy y aplicó el de Sánchez, con un coste de 2.709 millones para las arcas públicas. Lo que no afecta al consumo público es la subida de las pensiones ya que tanto este gasto como el de intereses de deuda, prestaciones de desempleo o becas, quedan fuera de esta variable.
El consumo público incluye los bienes y servicios que prestan las administraciones a los ciudadanos (Sanidad, Educación, Defensa, representación exterior...), incluyendo también las remuneraciones de los empleados que suponen más de la mitad del total, según la Autoridad Fiscal. Esta es la contribución del gasto público al PIB medido en contabilidad nacional. Por ello supone el grueso del impacto de la Administración en la economía no simbolizando todo el gasto sino solo una parte del total, eso sí, siendo el menos coyuntural al excluir el desembolso en pensiones –que desde 2008 se ha incrementado cerca de un 50% y añadiría casi 150.000 millones más–, los intereses de deuda –que con el aumento de la deuda también se han elevado durante la crisis, siendo de unos 30.000 millones anuales– y en prestaciones por desempleo , rúbricas que se disparan en situaciones de envejecimiento demográfico o crisis económica.
Pese a que en términos absolutos, la cifra es la mayor de la serie, en términos relativos el aumento del PIB permitió enjugar su peso en relación al conjunto de la economía. Así, en términos de PIB, el consumo público supuso un 18,4%, su menor porcentaje desde 2007 siendo en 2011 del 20,52%.
El consumo público fue escalando antes de que estallara la crisis y, tras el fin de la burbuja inmobiliaria , se disparó por el Plan E que aprobó Zapatero en 2009 y 2010, con 13.000 millones de euros a ayuntamientos que impactaron en el consumo público . Como recoge un documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a ello se le sumó la sobrefinanciación que recibieron las comunidades autónomas del Gobierno de Zapatero por sus optimistas previsiones de recaudación. Al no calibrar la fuerza de la crisis, ello se tradujo en unas entregas a cuenta muy superiores a lo que correspondía, lo que elevó el desembolso de las regiones. También influyó la reforma del modelo de financiación de 2009 que, al dotar a las comunidades de mayores recursos, empujaron el consumo público a niveles que, posteriormente y hasta ahora, no se habían vuelto a registrar. El aumento del gasto y el desplome de los ingresos provocó que el déficit fuera del 11% del PIB en 2009 y del 9,5% en 2010, máximos históricos.
Desde entonces, el recorte salarial a los funcionarios del 5%, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y la posterior eliminación –y después recuperación– de la paga extra de 2012 aprobada por el Ejecutivo de Rajoy , fueron reduciendo el consumo público. El trimestre con un menor nivel de consumo de la crisis fue el del cuarto trimestre de 2012, precisamente.
Poco a poco las subidas salariales volvieron a las nóminas públicas desde 2015, año de elecciones, así como el aumento de gastos en Sanidad,Educación y demás y ahora la economía española ha superado los niveles de gasto récord, si bien lo hace con un PIB superior al máximo precrisis pero con un déficit que, siendo el menor desde 2007, sigue siendo el mayor de la UE . Todo ello si cierra en el 2,7% del PIB que prevé el Gobierno, cifra que se conocerá en marzo con la evolución del conjunto del gasto de las administraciones.
Pese al aumento del gasto en la segunda mitad del año, el PIBcreció un 2,5% el año pasado, el menor nivel desde 2014. Estas cifras relativizan el ajuste del gasto de la crisis, ya que en términos absolutos es el mayor de la serie histórica aunque en términos relativos haya crecido menos que el PIB nominal. Los Presupuestos para 2019 recogen el mayor incremento del gasto de 2010, pese a que España continúa con un déficit perenne y una deuda en el entorno del 96% del PIB.
