Los retos económicos del Gobierno para 2017

Acabar con menos de 3,4 millones de parados

El número de parados inscritos en los servicios públicos de empleo se redujo el pasado año en unas 350.000 personas, consolidándose la cifra por debajo de los cuatro millones de desempleados. El Ejecutivo piensa que el paro seguirá descendiendo más o menos al mismo ritmo en 2017 y confía en acabar el mismo por debajo de los 3,4 millones. Lógicamente también bajará el gasto en prestaciones por desempleo, lo que contribuirá a mejorar el Presupuesto del Estado aunque casi la mitad de los parados carezcan de cobertura. Más difícil es que desaparezca la precariedad en el empleo, ligada al elevado porcentaje de contratos temporales que se firman cada mes.

Acordar la subida salarial para 2017

UGT y CC. OO. han planteado a las patronales CEOE y Cepyme una subida salarial para este año que oscilaría entre el 1,8 y el 3%, con la idea de que todos los trabajadores ganen poder adquisitivo, sobre todo en aquellos sectores con mejor situación económica. La patronal aún no se ha pronunciado, pero estiman que el incremento no debería superar el 1,5%. La CEOE recuerda que el 42% de las empresas españolas siguen registrando pérdidas y su planteamiento es fijar una subida mínima de referencia para que aquellos sectores que van mejor puedan incrementar aún más los salarios. También desean ligar la subida salarial a otras cuestiones de negociación colectiva.

Asegurar la sostenibilidad de las pensiones

Uno de los primeros objetivos del Gobierno es garantizar las pensiones públicas. Para ello, ya está trabajando la comisión del Pacto de Toledo con la misión de buscar fórmulas que aseguren el sistema a medio y largo plazo. Una de las claves será el Fondo de Reserva que, si el Ejecutivo sigue echando mano de él, se quedará sin dinero en julio de este año cuando la Seguridad Social tenga que abonar la nómina del mes y la extra de verano a los pensionistas. En total, unos 17.000 millones de euros. Si se acabara el Fondo de Reserva y el Estado no pudiera realizar disposiciones sería el Tesoro público el que emitiría deuda para pagar las pensiones, y tendría el mismo efecto en el mercado que si la vendiera la Seguridad Social.

El Pacto de Toledo también revisará, a instancias de los partidos de la oposición y de los sindicatos, la fórmula de revalorización de las pensiones que en los últimos ejercicios ha dado como resultado una exigua subida del 0,25%, es decir, aproximadamente un euro más al mes en una pensión media.

Ajustar 16.000 millones para cumplir el déficit

Tras el incumplimiento del déficit de 2015 y haber esquivado en el último momento una sanción de la UE, el Ejecutivo trata de volver a la senda trazada por Bruselas para bajar el desajuste de la Administración en 2017 al 3,1% del PIB, es decir, 16.000 millones menos que el 4,6% en el que debe cerrar 2016. De lo contrario, se reavivarán las amenazas de multas desde la Comisión. Para ello, el Gobierno tiene varios frentes abiertos. En primer lugar, embridar el déficit de las comunidades autónomas en un año en el que debe afrontar la reforma de su financiación. También taponar el agujero de la Seguridad Social, que amenaza con ampliarse en un año en el que se gastará la «hucha» de las pensiones, precisamente otra reforma que tiene abierta el Gobierno. Por último, el Ejecutivo deberá afinar con las previsiones de ingresos para que no se repita el desvío de 2016. Y reducir la deuda para alejarla de la barrera psicológica del 100% del PIB. En toda esta ecuación, el crecimiento de la economía aparece como elemento central: si la economía sigue aumentando a este ritmo, el Gobierno prevé que el PIB alcance su nivel precrisis en elprimer semestre de 2017.

Reforma de la financiación autonómica

La financiación autonómica constituirá la gran batalla política que enfrentará a comunidades, Gobierno y partidos políticos en 2017. La última reforma de financiación se aprobó en 2009 y se debía abordar en 2014 pero el Ejecutivo decidió postergarla «por falta de recursos», pese a que entonces el informe Lagares planteó una reforma conjunta con la fiscal en los impuestos regionales. Las comunidades nunca han perdido recursos en cada reforma que se ha afrontado. La solidaridad autonómica, el tema catalán y la necesidad de que las regiones sean responsables fiscalmente son algunos de los asuntos a abordar. Rajoy y los barones tratarán ya la reforma en la Conferencia de Presidentes el 17 de enero.

El alza del euro y del dólar elevarán los precios

Nuestro país se ha ahorrado más de 30.000 millones de euros en los dos últimos años por la caída del precio del petróleo, lo que ha abaratado la factura energética de manera notable teniendo en cuenta que España necesita importar el 99,9% del crudo y del gas natural que consume. Sin embargo, la subida de la cotización del petróleo desde hace un mes, con precios en el entorno de los 55 dólares el barril (el año pasado en estas fechas costaba 36 dólares), puede frenar el viento de cola que empujaba la economía española desde 2014. Además, el dólar se ha revalorizado tras la subida de los tipos aprobada por la Fed y no hay que olvidar que el mercado petrolero se negocia en dólares. Este hecho está provocando que las importaciones de crudo de nuestro país sean aún más caras, lo que ya está repercutiendo en los precios. En primer lugar, con el encarecimiento de los carburantes, que actualmente están en máximos anuales. Esto ocasiona una subida del transporte y de los precios en general. De hecho, el Banco de España cree que en los primeros meses de 2017 la inflación alcanzará el 2% empujada por el petróleo. También se encarecerán los billetes de avión, lo que repercutirá en el turismo que llega a España.

Mantener el récord de turistas y que gasten más

El año 2017 empezará con la confirmación de que el año 2016 ha sido récord en llegadas internacionales y se superarán ampliamente las 68,1 millones del año 2015 pudiendo rebasarse la cifra psicológica de los 70 millones. Este aumento no ha sido sólo mérito de la industria turística española ya que ha habido una serie de acontecimientos desgraciados como la inestabilidad política en varios destinos del Mediterráneo y los atentados terroristas, que han hecho que muchos turistas recalasen en España el año pasado. Uno de los retos que tiene por delante el sector turístico español en 2017 es conseguir mantener el número de visitantes internacionales pero que aumente su gasto medio ya que este indicador ha bajado en los últimos años.

El BCE y la FED normalizarán sus políticas

Los bancos centrales de todo el mundo acumulan prácticamente una década de política monetaria expansiva para tratar de garantizar la estabilidad financiera y relanzar el crecimiento económico. Sin embargo, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) consideran que no solo ya han hecho su trabajo, sino que mantener esas medidas mucho más tiempo podría llegar a tener efectos indeseados. La FED ya ha subido los tipos de interés en dos ocasiones durante el último año, y previsiblemente acometa nuevos incrementos a lo largo de este ejercicio. El emisor europeo, por su parte, acaba de decidir prorrogar su programa de compras de activos hasta diciembre de 2017, pero ha reducido el volumen mensual de esas adquisiciones de 80.000 a 60.000 millones de euros, todo un mensaje de su intención también de iniciar una normalización monetaria cuanto antes. En todo caso, el devenir de la política monetaria a uno y otro lado del Atlántico estará muy condicionada por los riesgos políticos: las negociaciones del Brexit y la política económica y fiscal del Gobierno de Donald Trump, por ejemplo, serán determinantes en ese sentido.

Los tipos de interés marcarán el ritmo de las fusiones bancarias

El sector financiero español lleva casi dos años hablando de una nueva oleada de fusiones y absorciones. El impacto que la débil demanda crediticia y los bajos tipos de interés están teniendo en la rentabilidad de los bancos puede obligarles a buscar operaciones corporativas. Sin embargo, estas no acaban de producirse. Fuentes del sector auguran que la de Bankia y BMN, en caso de producirse, podría ser el detonante para otras en torno a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Abanca. Además, 2017 será un año clave para el Popular, cuya crisis particular puede llegar a amenazar su independencia y forzarle a ser absorbido por un competidor de mayor tamaño.

El FROB decide si fusiona Bankia y BMN

El Estado debe avanzar este año en la privatización de las dos entidades que aún están nacionalizadas: Bankia y BMN, de las que posee el 65% del capital. El FROB, dependiente del Ministerio de Economía, ha encargado a la consultora AFI que analice cuál es la mejor estrategia para enajenar ambos bancos recuperando el máximo posible de los 24.069 millones que recibieron en ayudas públicas. La intención de las autoridades es que primero Bankia absorba BMN y luego se venda el grupo resultante, con el objetivo de incrementar su valor y por tanto la recuperación del dinero del contribuyente. El fondo de rescate y AFI prevén tomar una decisión durante este primer trimestre. Ahora bien, las condiciones del rescate impiden a Bankia hacer cualquier operación corporativa antes del verano y elevar su balance hasta diciembre, por tanto la fusión de Bankia y BMN no arrancaría hasta final de año. Por eso no se descarta que entretanto el FROB pueda vender paquetes de acciones de Bankia como ya hizo en 2014, cuando colocó el 7,5% del banco. Además, y para evitar presiones sobre el precio de venta y que se malvenda, el Gobierno ha ampliado el plazo máximo que tiene el FROBpara salir de Bankia de diciembre de 2017 a finales de 2019.

El Estado nacionalizará las autopistas en quiebra

El Gobierno deberá asumir el próximo mes de julio las ocho concesionarias de las autopistas en quiebra, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid decidiera posponer el cierre de tres de las vías afectadas (las radiales de Madrid R-3 y R-5 y la circunvalación de Alicante). El Ministerio de Fomento se verá obligado, de este modo, a nacionalizar las carreteras de pago, todas ellas inmensas en procesos concursales, para que sigan abiertas al tráfico. El Gobierno fue incapaz, en la pasada legislatura, de alcanzar un acuerdo con las entidades financieras acreedoras para encontrar una solución que evitara la liquidación de dichas sociedades concesionarias, que arrastran una deuda de 3.400 millones de euros. Las arcas públicas deberán afrontar los costes en concepto de Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA), una cláusula incluida en los contratos de concesión que podría suponer, a largo plazo, miles de millones de euros. Según las empresas constructoras, estas reclamaciones podrían costar hasta 5.000 millones, aunque el departamento que dirige Íñigo de la Serna confía en que será una cuantía menor.

Competencia abordará la economía colaborativa

La regulación de la economía colaborativa y la adaptación de la legislación a la nueva realidad digital es una de las tareas pendientes del legislador. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya publicó el pasado mes de marzo un informe que en el que recomendaba una mayor liberalización de servicios como los de las viviendas turísticas (Airbnb) y el transporte (Uber, Cabify, Blablacar). Sin embargo, la oposición de sectores tradicionales como el del taxi y el hotelero y también del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos obligaron al supervisor a revisar ese documento con recomendaciones al legislador. El presidente del organismo, José María Marín Quemada, partidario de desregular al máximo esos servicios, avanzó el pasado otoño que el nuevo informe sobre economía colaborativa vería la luz muy pronto. Sin embargo, la futura regulación de la economía colaborativa podría estar muy influenciada por la sentencia judicial sobre la denuncia de la patronal de las compañías de autobuses, Confebus, contra Blablacar, plataforma a la que acusa de competencia desleal. El fallo, que se espera conocer también pronto, podría por tanto marcar los tiempos y el tono del informe de la CNMC.