Iglesias aprovecha la crisis para imponer sus tesis intervencionistas
La cuarta fuerza política cuela la prohibición de despedir, el permiso retribuido, enciende la mecha de las nacionalizaciones y lucha por imponer la renta mínima en el Gobierno
«No es posible que Iglesias entre en el Gobierno; es el principal escollo». La frase la pronunció Pedro Sánchez el pasado julio. Quién le iba a decir entonces al presidente del Gobierno que meses después el principal escollo se convertiría en vicepresidente en un Ejecutivo de coalición y que pasaría a ser su peor pesadilla. Iglesias, con tan solo 35 diputados, lucha a codazos por imponer sus tesis intervencionistas en la política económica, ha desplazado a la ortodoxia que representa Nadia Calviño y ha conseguido que los empresarios rompan, prácticamente, con el Gobierno. Pocos han logrado tanto en tan poco tiempo.
El diálogo quedó herido de muerte cuando Antonio Garamendi y la organización que dirige se enteraron por la televisión de que el Gobierno prohibía los despidos objetivos e imponía los permisos retribuidos durante la crisis sanitaria. Una sorpresa mayúscula, teniendo en cuenta que días antes se había producido un encuentro entre los empresarios con la vicepresidenta Calviño y de su boca no salió ni una palabra sobre esta medida laboral sin precedentes en España. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, el cerebro económico de Iglesias, había conseguido convencerla de que solo con una prohibición a las empresas se frenaría la sangría de extinciones que ya se estaba produciendo y que llegaría unos días más tarde con la estadística: casi un millón de empleos solo en 14 días de marzo.
El tiempo dirá si esta medida, coincidente con la solicitada por UGT y CC.OO., ha servido para retener el empleo. Lo que sí sirvió es para allanar el camino para una ruptura con la patronal que se oficializaría unas semanas después. La organización empresarial tildó la medida de autoritaria y de atentar contra la libertad de empresa recogida en la Constitución, además de augurar que muchas empresas, sin flexibilidad, no aguantarían y terminarían en quiebra técnica. El empleo, por tanto, sería el más perjudicado. La recesión será larga, advirtieron.
Pero el primer asalto lo ganaba el vicepresidente de Podemos, que lograba imponer sus tesis, pese a su escasa representación política, y dinamitaba el diálogo social sin que Sánchez haya movido un dedo. Iglesias y su ministra entraban de lleno en la vida de las empresas para intentar controlarlas, por sorpresa, y, además, obligando al tejido empresarial a mantener el empleo seis meses después de que concluyeran los ERTE.
Sospechas sobre el tejido empresarial
Imposición de medidas, amenazas, desconfianza y sospechas sobre el tejido empresarial, dardos al estilo de cualquier régimen comunista que recela del tejido empresarial y asimila al empresario como el lobo que se come a las gallinas. «Si la Inspección detecta un ERTE irregular, las empresas tendrán que responder hasta el último céntimo, incluido lo percibido por el trabajador por el desempleo», avisó Díaz. Pidió «ejemplaridad» a las empresas y que «se comprometan con su pueblo». Frustrará la recuperación, avisó CEOE.
Después llegaron las veledas amenazas de nacionalizaciones . «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)», dijo en Twitter el vicepresidente segundo. Inmediatamente las alertas saltaron tanto en el mundo empresarial como en el político ante la posibilidad de que el Gobierno pudiera sobrepasar, con los poderes plenos que le otorga el estado de alarma, líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Podemos- y los suministros, en especial energéticos, entraron en pánico. Iglesias se vio obligado a rectificar. De sus palabras, explicó, solo había que entender que las empresas deberían arrimar el hombro en esta crisis si les llamaba el Estado.
Y con el ingreso mínimo vital se abrió paso la última polémica, convertida en una carrera emprendida por el líder de la formación morada para colgarse las medallas de un nuevo subsidio de entre 500 y casi mil euros mensuales destinado a un millón de hogares. Desde que a principios de mes el entorno de Pablo Iglesias filtrara que el Gobierno preparaba un renta mínima «puente», que se aplicaría en mayo y que tenía el respaldo de Sánchez, los enfrentamientos y rectificaciones en el Ejecutivo no han cesado y se han crispado las relaciones con la patronal. Iglesias explicó que tenía el apoyo de los empresarios para sacar adelante el nuevo subsidio, lo que desmintió CEOE, que acusó al vicepresidente de manipular y dio plantón a su titular de Trabajo en el diálogo social.
Un final por escribir
Pero el pulso por la renta mínima no quedó ahí. Escrivá, como titular de Seguridad Social, ha sido el encargado de diseñar la ayuda, un ministro varias veces desautorizado, que en público ha mostrado discrepancias con Iglesias. «No tiene sentido que sea puente», «es precipitado» o « me he enterado por la prensa» han sido algunas de sus pullas. Como acabe esta batalla aún está por escribir. De momento, Sánchez se ha puesto del lado de su vicepresidente, o no...
