Financiación autonómica, un problema con solución

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda y diversas comunidades autónomas se han enzarzado en una polémica cada vez más agria sobre las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. El Ministerio argumenta que en la situación actual, con un presupuesto prorrogado y un Gobierno en funciones, no es posible actualizar tales entregas. Por lo tanto, éstas han de seguir calculándose en base a las previsiones de ingresos del año pasado, con el consiguiente perjuicio para las comunidades autónomas, cuyos ingresos se situarían unos 5.000 millones de euros por debajo de lo previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que fue rechazado hace unos meses en las Cortes. Las comunidades, por su parte, sostienen que tienen derecho a recibir esos ingresos adicionales durante el año en curso (y no dentro de dos años cuando se practique la correspondiente liquidación) y han llegado incluso a amenazar con recurrir a los tribunales para reclamarlos.

El problema de fondo no debería exagerarse, pues se trata únicamente de un retraso en la llegada de determinados fondos y no de su desaparición, pero podría acabar teniendo consecuencias desagradables para las comunidades autónomas. Ante una caída artificial de sus ingresos durante el ejercicio en curso, éstas podrían verse forzadas a elegir entre dos malas opciones: adoptar de forma precipitada recortes de gasto significativos sin que exista una necesidad real de hacerlo, o incumplir sus objetivos de déficit, activando así las medidas correctivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exponiéndose a una posible penalización de los mercados si la situación no se percibe correctamente. Afortunadamente, hay margen suficiente para evitar que un problema básicamente contable termine teniendo consecuencias reales.

La Ley del Gobierno establece en su artículo 21 que un Gobierno en funciones ha de limitarse «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Puesto que lo que se persigue con la actualización de las entregas es únicamente que las comunidades autónomas reciban sin retrasos los ingresos que les corresponden por ley, no está nada claro que esta medida no tenga encaje dentro del despacho ordinario de los asuntos públicos o de las excepciones por razones de interés general. Pero si así fuera hay otra opción que pasaría por revisar los objetivos de déficit y ofrecer financiación puente a las CC.AA. mientras llega la liquidación. Se trataría, en particular, de elevar el objetivo de déficit de las autonomías para 2019, reduciendo el del Estado en la misma cuantía, y hacer lo contrario en 2021. Al mismo tiempo, habría que financiar el margen adicional de déficit autorizado mediante anticipos o préstamos a interés cero del Fondo de Financiación a comunidades autónomas. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permite expresamente (en su disposición adicional séptima) que un Gobierno en funciones modifique los objetivos de déficit. Existe al menos un precedente: en 2016 el Gobierno del PP, entonces en funciones, revisó al alza los objetivos del año en curso y los inmediatamente posteriores.

Una vez solventado el problema inmediato, convendría seguramente revisar la ley de financiación autonómica para evitar que éste pueda repetirse. Con este fin, habría que desligar la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los PGE, al menos en lo que respecta a los ingresos autonómicos por tributos cedidos, que no forman parte de los ingresos del Estado. Trasladar a las autonomías los problemas que genera la inestabilidad del Gobierno central que padecemos no es buena idea.

Ángel de la Fuentes el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)