Las empresas se resisten a abrir su accionariado al Estado
Las firmas interesadas en el fondo de rescate prefieren solicitar créditos al Gobierno
El Gobierno ha puesto a disposición de las empresas consideradas estratégicas un fondo de rescate que permitirá asegurar la supervivencia de compañías duramente golpeadas por la pandemia del coronavirus. Y el tejido productivo valora la intención del Ejecutivo. Pero no quiere que este fondo se convierta en un mecanismo para que el Estado se cuele en su accionariado o en su consejo.
Según explican fuentes del mercado, ninguna de las empresas que ha solicitado ayuda al Gobierno ha optado por abrir su capital . Esta es una de las opciones que contempla el mecanismo, que también recoge la posibilidad de que el Estado adquiera deuda convertible en acciones o conceda préstamos participativos u ordinarios. Estas dos últimas opciones han sido las escogidas por Air Europa a la hora de solicitar ayuda al Ejecutivo.
Al menos otras tres empresas han reclamado oficialmente esta asistencia pública. Una de ellas, Duro Felguera. Ninguna de ellas ha pedido al Gobierno que entre en su capital, según las fuentes consultadas. No es descartable que en el futuro sí se produzcan estas solicitudes, e incluso que en el contexto de las negociaciones entre ambas partes el Estado sugiera esta opción, pero por el momento no es la primera opción del tejido productivo.
Fuentes empresariales explican a ABC que existen «ciertas reticencias» a abrir el capital al Estado en un momento como este, porque podría complicar las relaciones con los inversores de la compañía y eliminaría cualquier autonomía de las compañías rescatadas. Otras fuentes valoran positivamente el mecanismo, pero también recuerdan que es un «experimento» que «puede salir bien o no salir tan bien». «Cuando se recibe la ayuda del Estado deben establecerse objetivos de eficiencia que hay que cumplir», explican estas fuentes.
El rescate público de empresas privadas siempre es un asunto peliagudo. La Comisión Europea habilitó esta opción en el epicentro de la crisis sanitaria. Aún así, Bruselas también incluyó una amplia lista de requisitos para considerar estas ayudas públicas legales. Entre ellos, que la presencia del Estado en el accionariado de estas firmas sea temporal. El fondo diseñado por España, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dotado con 10.000 millones de euros –ya se han solicitado unos mil millones–, está elaborado a imagen y semejanza de las directrices europeas y establece que el Estado solo comprará acciones si la empresa lo solicita.
Por ello, no es descartable que alguna empresa se atreva a dar el paso si la situación económica sigue empeorando. El director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Carlos Ruiz, destaca que el acceso al capital «está limitado a un ámbito temporal concreto y con una condicionalidad muy limitada a reforzar la solvencia de estas compañías, que están atravesando una situación de crisis».
Poco margen de maniobra
Por el momento, las solicitudes del fondo están cayendo con cuentagotas. Según explican desde el IEE, el «think tank» de la CEOE, esto se debe a que muchas empresas están aún calibrando el impacto que tendrá la crisis en sus cuentas . «Las opciones financieras y de recapitalización son múltiples y requieren asimismo de una completa información del impacto que genera y producirá sobre las cuentas anuales de las empresas más afectadas», destaca Ruiz.
Las fuentes consultadas aseguran que en los primeros meses de 2021 podría haber un incremento considerable de las solicitudes . Una circunstancia que complicaría la distribución de las ayudas, porque su tramitación puede extenderse hasta seis meses y Bruselas ha establecido que en junio deberán liquidarse estas asistencias. Desde el Gobierno confían en que el plazo se amplíe, teniendo en cuenta la compleja coyuntura económica.
Tampoco están demasiado claros los sistemas de elección. «Se tiende a confundir cuando es estratégica una empresa. Es muy difícil saberlo y el Gobierno tendrá que hacer un gran análisis si no quiere que sus ayudas acaben en los tribunales», explican fuentes del sector privado.
