Las empresas europeas afrontan la crisis bursátil sin leyes antiopas potentes
Tras hundirse en Bolsa, grandes cotizadas son ahora una ganga a ojos de inversores oportunistas ante el débil control de la UE de la inversión foránea
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El temor a una recesión económica derivada de la pandemia del coronavirus ha hundido las Bolsas de todo el mundo, incluidas las europeas, que en este año ya han perdido más de un tercio de su valor. Grandes compañías del Viejo Continente consideradas estratégicas, como energéticas, telecos y bancos, han quedado a tiro de opa. Las autoridades comunitarias llevan años preocupadas por la amenaza compradora de empresas foráneas, pero la Unión Europea no cuenta todavía con una potente ley antiopas común que proteja a esas empresas clave en momentos como el actual, en el que el mercado está abonado para los inversores oportunistas.
Telefónica se ha dejado en un mes un 33% de su valor o 11.163 millones de euros de capitalización y vale hoy menos de 22.700 millones. Repsol ha perdido en ese mismo tiempo la mitad de su valor y «cuesta» 9.662 millones en Bolsa . El Santander también se ha dejado casi la mitad en el parqué y vale 35.000 millones. IAG se ha hundido prácticamente un 70%. La situación es igual para grandes cotizadas europeas como Royal Dutch Shell , que ha perdido en un mes un 49% de su valor, Deutsche Telekom (-27%), Enel (-31%), Airbus (-52,7%), BMW (-36,8%), Daimler (-51,6%), Nokia (-34,7%) y SAP (-29,5%).
Que el Gobierno de Pedro Sánchez haya incluido en su decreto de medidas para paliar el impacto económico del Covid-19 un blindaje a empresas nacionales frente a compras de inversores extracomunitarios es muy revelador . La norma impide a empresas de fuera de la UE adquirir participaciones que igualen o superen el 10% del capital de una española ni hacer operaciones por las que obtengan el control de su gestión. El texto legal impide además, de forma específica, a compañías foráneas de control público y fondos soberanos, u n claro veto a fondos soberanos de Asia y Oriente Próximo y a gigantes empresariales chinos. Cualquier transacción deberá someterse a autorización previa del Gobierno.
La medida del Ejecutivo responde al temor del sector empresarial a que en el actual contexto se produjesen opas en sectores como el financiero , el de las telecomunicaciones y el energético , cuyos principales valores han quedado a precio de saldo en las últimas semanas.
Falta de reciprocidad
Pero también evidencia que Europa, uno de los mercados más liberalizados, no cuenta con ningún mecanismo común de control de la inversión extranjera directa, cuando Estados Unidos, adalid del libre mercado, somete las operaciones extranjeras en suelo americano al férreo control de su Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS, por sus siglas en inglés). Y que una empresa extranjera se instale en China es directamente una odisea.
«Queremos que Europa siga teniendo el régimen de inversiones más abierto del mundo , pero debemos defender los intereses estratégicos de Europa y, para ello, debemos controlar las compras por parte de empresas extranjeras que tengan por objeto los activos estratégicos de Europa», hace poco más de un año el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker , cuando la Eurocámara aprobó el marco comunitario de control de las inversiones exteriores con el que Bruselas quiere corregir esa desigualdad y que prevé que la Comisión emita dictámenes cuando una inversión suponga una amenaza para la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro o socave un proyecto de interés para toda la UE.
Sin embargo, ese mecanismo no estará en vigor hasta octubre . Ante esa debilidad regulatoria europea, y dada la situación bursátil de los últimos años y la amenaza compradora creciente sobre todo de empresas chinas, cada Estado miembro ha ido adoptando sus propias normas.
Alemania está muy inquieta por la posible compra de tecnología germana por conglomerados chinos. La energética china State Grid intentó hacerse en julio de 2018 con el 20% del operador de la red eléctrica alemán 50Hertz . La normativa germana solo permitía al Ejecutivo de Berlín vetar cualquier operación incómoda por encima del 25% del capital de una compañía alemana. Para desbaratar esa operación, compró esa participación a través del banco estatal Kfw, y después, ese mismo año, redujo ese umbral que le permite decidir sobre operaciones del 25% al 10%, en línea con lo hecho ahora por España. Aún más, Berlín se plantea ahora crear un comité gubernamental que pueda decidir sobre esas operaciones.
«Acción de lealtad»
En Italia toda inversión extranjera de este tipo debe comunicarse previamente al Gobierno, que tiene capacidad para vetarla o imponer condiciones en aquellos sectores considerados estratégicos. Además, el país se ha dotado con una norma que otorga un derecho de voto superior a los accionistas a largo plazo, aquellos que permanezcan en el capital al menos dos años, lo que se conoce como «acción de lealtad».
Francia , donde el Estado aún tiene un peso notable en grandes compañías, da también doble voto a este tipo de accionistas desde 2015. Y España, en base a una directiva comunitaria, ha comenzado a incorporarla a la legislación nacional. A la espera de la siempre renqueante Bruselas, cada país ha decidido proteger por su cuenta a sus grandes empresas del apetito foráneo.
