Lluvia de 5.500 millones a comunidades y ayuntamientos en precampaña
La Diputación Permanente del Congreso convalida el real decreto ley que el Gobierno aprobó para desbloquear ahora unos fondos que habían sido retenidos durante las negociaciones para la investidura
Las polémicas entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales han llegado hoy a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados donde han recibido la luz verde para su reparto entre fuertes críticas entre los grupos de la oposición por «chantaje» y «electoralismo». El órgano encargado de sustituir a la Cámara Baja en periodos de disolución o expiración de la legislatura como el actual ha votado finalmente el desbloqueo de 4.682 millones de euros para las comunidades autónomas y 821 millones para los ayuntamientos. Se ha puesto así punto y final a un controvertido proceso que desde el pasado verano enfrentó a Gobierno y oposición, especialmente del PP y sus gobiernos autonómicos, y llegó a salpicar a la Abogacía del Estado .
Durante su intervención, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha negado el chantaje del que le ha acusado la oposición, que le ha recordado en numerosas ocasiones su llamamiento al «voto patriótico» para desbloquear los fondos. Según ha relatado Montero, la Abogacía del Estado le explicó en agosto que transferir los fondos entonces podía condicionar la actuación de un gobierno entrante, que aún se estaba negociando. «Había fecha límite hasta el 23 de septiembre y ese nuevo gobierno podía hacer un planteamiento sobre esta materia», ha dicho. Sin embargo, convocadas las elecciones generales de noviembre liberar estos fondos ya no condiciona a un nuevo Ejecutivo «que no tendría capacidad operativa» y no pagar «pone en apuros a las autonomías», cuyas tesorerías supervisa Hacienda, lo que ha permitido justificar la «urgente necesidad» de esta medida.
La oposición al completo, sin embargo, ha criticado la gestión de la ministra y especialmente el hecho de haber retrasado hasta este momento preelectoral el pago cuando podía haberlo hecho antes. El popular Mario Garcés ha acusado a la ministra de haber protagonizado actos teatrales en este asunto y de haber perdido credibilidad y ha comparado el informe de la Abogacía del Estado con el gato de Alicia en el País de las Maravillas. «Unos días estaba, otros no, unos días decía una cosa y otros la contraria», ha ironizado Garcés.
Por su parte, Marcos de Quinto , de Ciudadanos, ha atacado duramente la ultilización de la Abogacía del Estado y le ha preguntado a la ministra si es «consciente del daño que ha hecho al cuerpo» con su actuación y ha calificado de «parche» el real decreto. También Antonio Gómez-Reino, de Unidas Podemos ha acusado al Gobierno de jugar con «el dinero de todos» y ha criticado que se utilice«Hacienda como dispositivo de partido».
Porque lo cierto es que el desbloqueo de los fondos supone en la práctica el ingreso de 5.500 millones de euros en las arcas de comunidades y ayuntamientos a las puertas de la campaña electoral. En concreto, los pagos se realizarán junto a las transferencias mensuales del sistema de financiación hasta final de año.
Estos fondos que, sin embargo, fueron utilizados este verano como elemento de presión del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, para intentar facilitar la investidura de Sánchez , argumentando que solo un Gobierno con plenas funciones podía desbloquearlos. De hecho, el bloqueo suscitó la denuncia de las comunidades afectadas, que tacharon de «chantaje» la actitud del Ejecutivo y algunas, como Cataluña, llegaron a anunciar medidas legales.
La ministra Montero afirmaba entonces que su posición contraria al desbloqueo se respaldaba en un informe de la Abogacía General del Estado. Aunque días después tuvo que reconocer que aún no existía tal documento pero que lo recibiría «en breve». Sin embargo, el Gobierno cambió su postura ante la convocatoria de las elecciones lo que le hizo necesitar un nuevo informe de los servicios jurídicos, pero esta vez con la tesis contraria. Este cambio de postura originó una auténtica marejada entre miembros de la Abogacía del Estado , tanto es así que el informe que finalmente avaló el desbloqueo de las transferencias tuvo que ser firmado por la Abogada General del Estado, tras ser elevado por los servicios jurídicos adscritos al ministerio de Hacienda.
Las entregas a cuenta son los recursos que el Gobierno central debe transferir cada año a las comunidades autónomas en base a las previsiones de ingresos que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a los impuestos cuya recaudación se comparte con las autonomías. Así, la actualización supondrá 875,3 millones de euros adicionales para Cataluña, para un total de 19.020,36 millones en 2019. En el cómputo total del año, Andalucía es la comunidad que más recursos recibirá, con un total de 19.218,32 millones, tras recibir 831,98 adicionales con la nueva actualización.
En tercer lugar, y según datos recopilados por Servimedia, se situará Madrid, a quien la actualización le supone un ingreso de 679,25 millones y un total de 14.421,13 millones en todo 2019. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana, con 460,41 millones adicionales con la actualización y un total anual de 9.433,26 millones; seguida de Galicia (334 millones adicionales y 7.430,71 millones en total); Castilla y León (298,12 y 6.494,1 millones); Castilla-La Mancha (226,3 y 4.923 millones); Canarias (206,74 y 4.539,61 millones); y Aragón (162,56 y 3.540,22 millones). Tras estas, se encuentran Murcia (130,2 y 3.138 millones), Extremadura (134,85 y 3.068,51 millones); Asturias (123,76 y 2.740,23 millones); Baleares (101,63 y 1.980,43 millones); La Rioja (39,32 y 971,46 millones); Ceuta (1,1 y 35,99 millones); y Melilla (0,88 y 28,82 millones).
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