Consejo Europeo
La CEOE pone deberes a Sánchez para la presidencia de la UE: menos gasto público y evitar subida de impuestos
La patronal reclama que sobrerregulación bancaria no afecte a la liquidez financiera para las pequeñas y medianas empresas
La CEOE avisa a las empresas: la subida de sueldos debe ligarse al empleo y la productividad
España tendrá un papel fundamental en el devenir de la Unión Europea de los próximos meses. En plena salida de la crisis provocada por la pandemia y con la amenaza de la guerra de Ucrania que recrudezca la escalada de los precios con la llegada de próximo invierno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , tomará las riendas del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 .
De cara a este momento de elevada influencia sobre las políticas a abordar para el continente europeo, la patronal de empresas española trasladó este viernes al secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro , un pliego de recomendaciones sobre la senda que se debería adoptar para apuntalar la recuperación económica con un mensaje claro: reducir el gasto público y evitar las subidas de impuestos que puedan socavar la competitividad de las empresas, una vez despejado el panorama incertidumbres globales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de la economía aún persiste en el plano de la invasión rusa a Ucrania y las consecuencias que tendrá principalmente en la reconversión del mercado energético europeo, con su correspondiente impacto presupuestario para los Estados miembros.
En este sentido, la CEOE reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fomente en los meses de gobernanza del Consejo una vuelta a las reglas de equilibrio presupuestario para recuperar el rigor en las cuentas públicas que se implantó de forma obligatorio tras la crisis financiera de 2008. El conocido como Pacto de Estabilidad y Crecimiento marca a los países de la UE la obligación de controlar su déficit presupuestario. Incluye un procedimiento de déficit excesivo que se inicia si un Estado miembro incumple el criterio de déficit público máximo, fijado en el 3% del PIB.
Esta norma, más allá, lleva dos años en suspenso por el impacto de la pandemia -el déficit se disparó al 10,3% en España en 2022- y aún no ha sido revisada por Bruselas como parte de la amortiguación prevista para mitigar el impacto de los diferentes 'shock' económicos sufridos en los últimos años. Y es precisamente sobre este aspecto que los empresarios piden al presidente Sánchez que incida durante presidencia del Consejo.
«Consensuar la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de la gobernanza económica europea con la vista puesta en su simplificación para facilitar su cumplimiento por todos los Estados miembros», señala la CEOE como uno de los puntos a abordar durante la presidencia española de 2023 . Además, destaca la importancia de «favorecer la vuelta a posiciones de equilibrio presupuestario sin perjudicar la competitividad empresarial; lo que implica prestar más atención a la eficiencia del gasto público y evitar el aumento de la presión fiscal sobre las empresas».
Conservar el ecosistema empresarial
En este sentido, la patronal señala la importancia de que las medidas adoptadas no socaven la competitividad empresarial. Aquí, CEOE apuesta por fomentar la inversión en activos sostenibles, y también en este punto reclama que la aplicación de los estándares sobre regulación prudencia y de requisitos de capital derivados no obstaculicen la financiación necesaria para apoyar la supervivencia y el impulso de las pym es en el entorno comunitario.
Sobre la cuestión impositiva y en torno a la Decisión sobre Recursos Propios de la UE para financiar el coste del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU , que prevé nuevas fuentes de financiación para la UE a partir de la transposición del acuerdo de OCDE sobre imposición corporativa (o del recurso a los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2), la patronal señala que «debe ser neutra desde el punto de vista de su afectación tributaria a las empresas sin perjudicar los recursos de los Estados miembros para acometer las inversiones en la transición energética».
También el informe recoge cuestiones sobre la sostenibilidad y la puesta en marcha de políticas públicas que prevean incentivos suficientes para fomentar la inversión, el crecimiento y el empleo, además de tener presentes la descarbonización y circularidad de la economía. Y la digitalización , donde se aboga por consolidar un mercado único y una agenda regulatoria que sea lo suficientemente «flexible y equilibrada» para generar un ecosistema empresarial competitivo.
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