Los Presupuestos de 2018 tendrán 4.000 millones más para las comunidades

La reforma de la financiación autonómica no estaba en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer. Pero en el ambiente de la reunión entre consejeros autonómicos y el Gobierno era el tema que llenaba todos los silencios: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les entregó el informe de los expertos que proponen, entre otras medidas, un tipo de IVA colegiado autonómico y armonizar Sucesiones. Además, los Presupuestos de 2018 contendrán 4.000 millones más para las comunidades autñonomas que en 2017. En total, a través de entregas a cuenta y liquidación, las cuentas tendrán 105.040 millones de euros, 4.000 millones más que este año.

Si normalmente los consejeros se dividen por color político, en esta ocasión la financiación levantó las trincheras entre comunidades que pueden salir ganando o perdiendo.

El consejero de Aragón, Fernando Gimeno, abogó por «poner más ingresos sobre la mesa» y abogó por que «ninguna comunidad tiene que perder». El valenciano, Vicent Soler, señaló que le gusta «la música» del informe de los expertos ya que rompe «tabús del pasado». Pese a compartir partido, el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha expresado "radicalmente en contra" de la argumentación sobre la ordinalidad del informe de la financiación. En general, todas instaron al Gobierno a liderar la reforma del sistema, que se antoja difícil con el actual escenario político.

Pese a que la reunión duró más de tres horas y el orden del día estaba trufado de asuntos, el CPFF se antojaba plácido. Debía aprobar los objetivos de déficit individuales de las comunidades autónomas de 2018 a 2020. La propuesta de Hacienda, de metas del 0,4% el año que viene, 0,1% en 2019 y 0% en 2020 para todas, era conocida tras el anterior encuentro y se impuso. En la anterior reunión el Ejecutivo había flexibilizado en una décima las metas de déficit de 2018 y 2019.

Así, la votación era un trámite: todas las comunidades del PSOE se opusieron a la propuesta de Hacienda, incluida Extremadura que se abstuvo en el anterior CPFF y ahora pedía un objetivo diferente al resto. Hubo 9 votos en contra, de las socialistas Andalucía, Aragón, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias junto a Cantabria y Cataluña, que votó a través de su consejero de Justicia, Carles Mundó.

La propuesta se salvó por Canarias y las siete del PP: Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Galicia, Ceuta y Melilla. Pese a esta minoría, el Gobierno solo necesita el voto favorable de una comunidad para que se imponga su propuesta.

Junto a ello, se aprobaron los objetivos de deuda pública para este periodo, además de los planes de ajuste o económico-financieros presentados por nueve comunidades –Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón, Canarias y Extremaduras–. Asimismo, se aprobó la propuesta de reforma de la forma de medir la morosidad pública, el periodo medio de pago a proveedores, a instancias de Bruselas.