Un 80% de los asesores creen que los tipos fiscales fomentan la creación de empresas para eludir IRPF

El Consejo General de Economistas realiza una encuesta en la que un 86% de los consultados considera que el Impuesto de Patrimonio no cumple sus objetivos

Oficina madrileña de la Agencia Tributaria ERNESTO AGUDO

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El sistema tributario tiene un amplio margen de mejora a tenor de las opiniones de los asesores fiscales. El Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) han realizado una encuesta entre sus asociados, realizada justo antes de aprobarse el estado de alarma, en la que un 80,2% considera que la diferencia de presión fiscal entre IRPF y Sociedades fomenta la creación de empresas para eludir impuestos. Los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta bailan entre el 19% y el 45% según los ingresos, mientras que el tipo nominal de Sociedades es del 25%.

En el estudio, desarrollado con 723 respuestas en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), se recoge que el 86% de los asesores fiscales piensan que el Impuesto de Patrimonio no cumple sus objetivos. Un 85,2% dice lo mismo de Sucesiones, lo que revela que el colectivo cree que la riqueza no se grava convenientemente mediante estas figuras. «Hay pocos países del mundo donde existan los dos impuestos al mismo tiempo. Hace falta una revisión de la tributación a la riqueza. Dos impuestos al mismo tiempo es muy raro», ha afirmado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

Ambos impuestos son de gestión autonómica y han generado una fuerte polémica, ya que algunas comunides han acusado a Madrid de «dumping fiscal» por eliminar de facto Patrimonio y bonificar fuertemente Sucesiones. El 83,6% cree que las bajadas de impuestos en una comunidad generan crecimiento económico mientras que un 87,4% señala que incentiva un movimiento de bases a las regiones con tributos más bajos.

Junto a ello, un 77,1% cree que el sistema de módulos provoca fraude y un 78,1% que se paga menos de lo que se debería. Este sistema está destinado a los autónomos que facturan menos de 250.000 euros al año y acoge a 400.000 autónomos, para facilitar los trámites. Hacienda quiere modificarlo y de hecho, con el confinamiento, ya permitió salirse del mismo a aquellos trabajadores por cuenta propia a los que les convenga.

Asimismo, un 68,8% cree que la deduccion por I+d+i no cumple los objetivos. «No es suficiente o no incentiva la inversión en este ambito», abundó Agustín Fernández, presidente del Reaf.

A la pregunta de por qué es complejo el sistema tributario, un 90,5% apunta a la «modificación continua de la normativa» entre las respuestas más citadas, seguida de la interpretación de la normativa por parte de la administración en un 85,7% y la deficiente redacción de las leyes, razón que menciona un 82,2% de los consultados.

En cuanto a las medidas que se barajan a medio plazo para aumentar la recaudación, un 80,3% cree que la subida de tipos generales de IVA generaría más fraude, de forma que no habría un alza de ingresos. En este sentido, se inclinan por ensanchar las bases imponibles y reducir los tipos reducidos y las exenciones. Y la mayoría no cree que la exención del 100% sobre las ganancias del exterior en Sociedades, que PSOE y Podemos apalabraron reducir al 95%, incentive el fraude sino que simplemente evita la doble imposición.

Un 80,7% de los asesores opina que la Agencia Tributaria no se adapta al mundo de la empresa, un 94,6% aseveran que sus actuaciones priman el objetivo recaudatorio pero, eso sí, un 82% abundan que sus medios tecnológicos facilitan la relación con el contribuyente. «Si se hubiera hecho la encuesta tras el confinamiento la opinión sería negativa», ha detallado el secretario general del organismo, Luis del Amo, por la falta de citas disponibles.

El economista José María Durán ha valorado que, «a diferencia de otras administraciones» la Agencia Tributaria ha mostrado en la crisis «eficacia», por ejemplo, en la Campaña de la Renta a distancia, lo que no ha ocurrido con asuntos como el pago de las prestaciones por ERTE o el ingreso mínimo vital.

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