Las constructoras piden invertir más en equipamientos sociales

La patronal de las principales compañías de la construcción (Seopan) solicitó ayer al Gobierno, de cara a los próximos comicios generales, un «plan de inversión sostenida» a 10 años de entre 38.000 y 54.000 millones de euros para dar prioridad a la construcción de equipamientos sociales, como depuradoras, hospitales, redes energéticas y de telecomunicaciones, centros educativos y de logística. Las peticiones se basan en un informe elaborado por la consultora A. T Kearney, que fija un volumen inversor un 72% superior a la cifra que se proporciona anualmente con el fin de «no aumentar la brecha que ya existe con los países de nuestro entorno».

La organización considera que durante los últimos 20 años la Administración ha priorizado la inversión en transporte (alta velocidad, aeropuertos y carreteras)

, lo que ha contribuido a que España se encuentre en línea con los países vecinos. Por tanto, durante los «próximos diez años el foco debe estar en infraestructuras y equipamiento social», explicó el presidente de la consultora, Eugenio Prieto. En concreto, el estudio considera necesarios 20.000 millones en depuración de aguas, entre 12.000 y 16.000 millones para las instalaciones energéticas, 8.000 millones para impulsar el transporte ferroviario de mercancías, 9.000 millones en servicios urbanos y rehabilitación de viviendas, 3.300 millones en instalaciones educativas, 1.000 millones en centros sanitarios y 6.000 millones en mantenimiento. El informe considera que este importe de inversión generaría una actividad económica de en torno a 700.000 millones, crearía hasta 750.000 empleos y permitiría al Estado recuperar el 50% de la inversión por recaudación fiscal.

Sobre la situación de las autopistas en quiebra, Julián Núñez, presidente de Seopan, expresó su deseo de que la próxima legislatura se aborde la constitución de una sociedad pública, a su juicio «la mejor opción» porque «no tendría impacto en el déficit público», y advirtió de que, si finalmente las ocho autopistas afectadas van a liquidación, el Estado deberá abonar 5.500 millones por responsabilidad patrimonial.