Una refoma laboral en manos de los jueces

El día de San Fermín de hace tres años el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Fue la primera gran reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, muy contestada por la oposición y los sindicatos, los cuales tardaron poco más de un mes desde que fue aprobada en primera instancia (11 de febrero) en convocar la primera huelga general contra el Ejecutivo del PP (29 de marzo). La nueva legislación facilita el despido e introduce una gran flexibilidad en las relaciones laborales internas de las empresas, un conjunto de medidas que hicieron que el despido ya no fuese la primera opción de los empresarios ante la crisis.

Han pasado tres años y los defectos de la reforma se han hecho ya muy patentes.

La deficitaria redacción de alguno de sus artículos, como el que hace referencia a la ultraactividad -prórroga de un convenio cuando caduca- provoca muy diferentes interpretaciones entre empresarios, abogados y trabajadores, por lo que se ha creado una importante inseguridad jurídica.

Prueba de ello es que más de la mitad de los expedientes de regulación de empleo ( ERE) han sido rechazados por los tribunales y, en muchos casos, por meras cuestiones de procedimiento, sin llegar a entrar en el fondo del caso.

Cabe recordar que, esta misma semana, la Audiencia Nacional ha obligado a Atento a readmitir a 32 trabajadores despedidos sin realizar un ERE; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el ERE de Madrid Río que afectó a 127 empleados y la Audiencia Nacional ha dado a Coca-Cola un plazo de tres días para readmitir a los trabajadores despedidos con un ERE que fue declarado nulo.

Finalmente, los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madris) se incorporarán el próximo 3 de agosto a sus puestos de trabajo a través de un curso de formación en prevención de riesgos laborales al que seguirán unas vacaciones pagadas por la empresa.

«Disparatada»

«Los problemas de la reforma no proceden de los tribunales, sino que se deben a una técnica legislativa muy deficiente y a un legislador muy ingenuo», subrayaba hace unos días Federico Durán, socio responsable del departamento laboral de Garrigues Abogados.

Otro experto, Salvador del Rey, presidente del instituto internacional Cuatrecasas, apuntaba que las mayores controversias se están dando en los despidos colectivos y en la ultraactividad (prórroga automática de los convenios cuando caducan y que la nueva legislación fija en un año).

El presidente de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, apunta que la norma de la ultraactividad «es disparatada» por lo que «ha provocado el caos». Y subraya que «llegan pocos casos a los tribunales porque los empresarios no quieren meterse en líos». Para Federico Durán, «es un desastre» desde el punto de vista técnico y «una fuente de complicaciones»

Sin embargo, para los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT y los jueces no existe tal inseguridad jurídica, aunque Ricardo Bodas admite que «las herramientas que tenemos no son perfectas» y pide al legislador que «legisle con inteligencia y no deje a los jueces a los pies del cañón».

Inseguridad jurídica

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha declarado que los que han generado una «crisis de seguridad jurídica» en España «no son los jueces, es la reforma laboral». Una reforma que ha calificado de «dañina en términos de redacción jurídica» y que debilita «las relaciones de trabajo y obstaculiza los acuerdos colectivos de trabajo». Méndez afirma que se ha producido «una judicialización brutal» de las relaciones laborales porque la reforma ha impuesto «una confusión grosera».

El secretario general de UGT explica que la reforma no ha servido para abrir espacios para la flexibilidad negociadora, sino que ha provocado un «bloqueo de los cauces de negociación y, por lo tanto, se ha tenido que recurrir a los tribunales». Añade que «las sentencias dictadas por los tribunales tras la reforma laboral han venido a poner de manifiesto una absoluta falta de legalidad y constitucionalidad en su "modus operandi" por parte de algunos empresarios con respecto a las relaciones laborales». Por todo ello, exige que en la nueva legislatura «se revierta la reforma laboral».

En similares términos se ha expresado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien no se cansa de repetir que si gana las próximas elecciones, lo primero que hará será abolir esta normativa.

Negociación colectiva

Y eso que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó a principios de este año el recurso presentado por PSOE e Izquierda Plural contra la reforma laboral, ya que descarta que esta vulnere el papel de los sindicatos y empresarios, la negociación colectiva, el derecho al trabajo y la libertad sindical. Hace un año, el Constitucional ya había avalado otras partes importantes de la nueva legislación, como el contrato de emprendedores, que permite el despido gratis del trabajador durante el primer año de prueba. Pero Federico Durán hace otra lectura: «La sentencia del TC preocupa porque viene a decir que la ley es constitucional porque no ha cambiado nada».

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha torpedeado y, en más de una ocasión, una de las principales modificaciones recogidas en la reforma, la ultraactividad, que era indefinida y quedó limitada a un año. Así, por un lado ha fallado que los convenios con cláusulas expresas de prórroga automática hasta que se firme uno nuevo siguen vigentes aunque la negociación dure más del año de plazo que fijaba la reforma y, por otro, asegura la pervivencia de las condiciones contenidas en los convenios colectivos, aunque estos expiren porque estas también formaban parte de los contratos laborales individuales.

«Galimatías»

Es decir, que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo tienen naturaleza jurídica contractual y, por ello, siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia. Durán afirma que el hecho de que las condiciones del convenio pasen al contrato de trabajo «abre un galimatías». «Estamos en un escenario del absurdo», lamenta.

Otro de los grandes expertos en derecho laboral, Íñigo Sagardoy, defiende la necesidad de asentar esta reforma. «Que las empresas no tengan temor de aplicarla; que los sindicatos entren también en una cultura de negociación, y no de confrontación, y que se respete el espíritu de la norma».

Sagardoy cree que la reforma laboral «está muy pensada para situaciones de "quirófano"; en escenarios de conflicto te da muchas opciones, pero también es verdad que su discrecionalidad crea mucha inseguridad».

Con la sentencia de Coca-Cola de plena actualidad, Iván Gayarre, socio de Sagardoy Abogados, comenta que «antes de llegar a juicio hay que intentar llegar a un acuerdo permanentemente. El despido colectivo es el último recurso. Es muy complicado y arriesgado, y el coste reputacional muy alto; por ello el despido colectivo no puede tratarse como una aventura, sino como un proyecto». En este sentido, el abogado señala que «la reforma laboral ha profesionalizado el despido colectivo». En su opinión, la enseñanza de esta reforma es que «tenemos que aprender a luchar por evitar riesgos de nulidad y hacerlo de forma muy discreta; lo peor que te pueda pasar es que el caso salte a la luz».

Medios de comunicación

David Díaz, socio director del área laboral de Baker&Mckenzie, afirma que la reforma laboral está «bien construida, aunque echamos de menos algunos ajustes», principalmente relacionados con la interpretación de los jueces. «Lo deseable sería que las sentencias dejasen de ser titulares en los medios de comunicación». En este sentido, el presidente de la sala de lo social de la Audiencia Nacional lamenta los «titulares llamativos y desproporcionados» sobre algunas sentencias. Enrique Sánchez de León, director general de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), dice que existe una sensación «como de lotería, ya que las sentencias dependen del juez de turno o del territorio donde se produce el conflicto».

Federico Durán, de Garrigues, aboga por una nueva regulación, ya que «cuantos más parches se ponen a la legislación, peor».

Simplificar los contratos

Otra de las lagunas de la reforma, según la mayoría de expertos, es el de la contratación. Íñigo Sagardoy dice que «es muy complejo y no incentiva a las empresas para generar más contratos de trabajo. Todo lo que sea simplificar el régimen de los contratos ayudará mucho, sobre todo a las pymes». En la misma línea, David Díaz afirma que «contratar debe ser fácil y todavía no lo es». Salvador del Rey, de Cuatrecasas, afirma que «hay que ir a limitar la contratación temporal al 20%», aunque recuerda que la tendencia actual en Alemania es la de aumentar la temporalidad. «En todo el mundo hay fijos y temporales. Lo que no conozco en ningún sitio es el contrato único que algunos pregonan».

En lo que sí que coinciden casi todos sobre la reforma laboral es que era necesaria y que las medidas de flexibilidad interna han ahorrado miles de despidos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apuntado que los descuelgues de convenio salvaron 300.000 empleos desde 2012.