El juez rebaja la causa contra Rato a un delito fiscal sin relación con la corrupción

El juez de Madrid Antonio Serrano-Artal ha levantado el secreto sobre la parte documental de la investigación sobre el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Esto afecta a todo el material incautado en los registros efectuados en su domicilio y despacho profesional, cuando fue detenido.

El magistrado, titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas. El interrogatorio tendrá lugar el próximo lunes, 20 de julio, a las diez y media de la mañana.

El juez ha decidido reducir a un delito contra la Hacienda Pública la investigación a Rato por la que fue detenido el pasado 16 de abril, sin que "por ahora" haya indicios de blanqueo o alzamiento, según informa EFE.

Lo ha hecho en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular en este procedimiento porque la "relevancia social" del exministro de Economía no es requisito suficiente para ello.

"De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia" a la que alude la asociación para formar parte de la causa "no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado", lo que resulta "a todas luces insuficiente" para admitir su personación, sostiene. Y el hecho de que se haya permitido en otras causas no debe tener, "per se, efectos desvirtuadores" en ésta.

Según recuerda en su resolución, la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que el expresidente de Bankia hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que sería el que podría tener una relación "genérica" con "los casos más importantes de corrupción" que dice perseguir Adade.

"El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", subraya el magistrado, que explica que se trata de "un delito determinado sin relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción". Así, considera que el perjudicado "concreto" del mismo "es el Estado, representado por la Abogacía del Estado", que ya ha pedido personarse.